Sobre la pluma: Claudia Anaya Mota es senadora de la República por el PRI
El verdadero rostro de un gobierno y de una mayoría parlamentaria se revela en cómo administra su fuerza: cuando tiene los votos suficientes para hacer lo que le plazca, decide entre construir consensos o imponer caprichos. En Zacatecas, el oficialismo no dudó un segundo y eligió la imposición.
Durante el reciente Periodo Extraordinario en el Congreso del Estado, Morena y sus aliados avalaron por la vía rápida un rediseño de las reglas del juego democrático local. La reforma modifica sustancialmente la integración de las 12 diputaciones de representación proporcional: seis se mantendrán por las listas tradicionales de los partidos y las otras seis se entregarán a las candidaturas de mayoría relativa que, aun habiendo perdido en sus distritos, consiguieron las votaciones más altas (el esquema de «mejores perdedores»).
A primera vista, la retórica oficialista intentará vender la idea como un avance democratizador: premiar con una curul a quien obtuvo un caudal relevante de votos. No obstante, la trampa no está en la superficie, sino en el trasfondo, el método y las consecuencias directas sobre la pluralidad política del estado.
Conviene hacerse la pregunta obligada: ¿a quién beneficia realmente este nuevo mecanismo?
La representación proporcional no nació como una concesión graciosa para las dirigencias ni como un premio de consolación para los partidos. Su razón histórica y constitucional es evitar que la ventaja territorial del ganador de mayoría relativa derive en una hegemonía legislativa asfixiante, garantizando que el Congreso sea un reflejo fiel de todas las voces ciudadanas.
En un escenario donde una sola fuerza domina gran parte de los distritos, sus propios candidatos derrotados se convertirán en receptores de estas curules plurinominales. Es decir: el partido en el poder utilizará sus propios votos perdedores para engrosar artificialmente su bancada y ensanchar su control legislativo. Lejos de fortalecer la representatividad, el modelo amenaza con profundizar la sobrerrepresentación del partido hegemónico a costa de las minorías.
Tan grave como el fondo ha sido la forma. Las reglas de la competencia democrática no deben alterarse a partir de la conveniencia coyuntural de quien gobierna. Una modificación de tal calibre exigía un parlamento abierto: deliberación con especialistas electorales, diálogo con la sociedad civil, debate académico y un acuerdo amplio entre todas las fuerzas políticas. En lugar de ello, el bloque oficialista cerró filas y pasó por encima de la oposición, dejando un peligroso precedente de cerrazón.
Nadie niega la pertinencia de discutir y actualizar el marco electoral. Hay debates pendientes sobre la transparencia de las listas plurinominales, la legitimidad ciudadana de los perfiles y la eliminación de cuotas de privilegio o compadrazgo en las dirigencias. Sin embargo, esa transformación debe surgir de una discusión seria, con apego irrestricto a la Constitución general y garantizando la equidad en la contienda.
El nuevo esquema deja abiertos serios cuestionamientos jurídicos que, seguramente, llegarán a los tribunales electorales para determinar si se vulneran los límites a la sobrerrepresentación y los principios democráticos fundamentales.
Más allá de la batalla en los tribunales, el debate de fondo es sobre qué tipo de democracia queremos. Las mayorías legislativas son transitorias: los gobiernos pasan, los partidos cambian y el poder se redistribuye. Lo único que debe permanecer intacto son las instituciones y las reglas que garantizan que nadie, sin importar su peso circunstancial, se asuma como dueño de la voluntad ciudadana.
