Sobre la pluma: Norma Galarza es economista por la UAZ y columnista de La Cueva del Lobo desde 2014
( Artículo especial )
Analizar a Petróleos Mexicanos (Pemex) en los últimos ocho años es adentrarse en una paradoja financiera y operativa sin precedentes. Desde que se inició la estrategia de «rescate» de la soberanía energética, la narrativa oficial ha chocado de frente con los datos duros que la propia paraestatal y la Secretaría de Hacienda publican trimestre a trimestre. El balance nos deja una certeza incómoda: Pemex se ha convertido en un barril sin fondo sostenido enteramente por los impuestos de los mexicanos.
La deuda: Menos con los bancos, más con los proveedores
Una de las banderas más celebradas por la 4T es la reducción de la deuda financiera de la petrolera. Los datos oficiales lo confirman: tras haber tocado un techo histórico crítico de 113,200 millones de dólares en 2020, la deuda financiera bruta al cierre de 2025 se logró reducir a 85,300 millones de dólares (aproximadamente 1.53 billones de pesos).
Si comparamos este número con los 105,800 millones de dólares que se debían en 2018, hay una disminución real en los compromisos financieros internacionales. Sin embargo, cantar victoria aquí es ignorar las letras chiquitas del balance general. Este «desendeudamiento» no ocurrió gracias a las ganancias de la empresa, sino a un subsidio masivo directo del Gobierno Federal. Además, mientras la deuda bancaria bajaba, la deuda comercial se asfixiaba: el saldo acumulado con proveedores y contratistas cerró el último año en un alarmante nivel de 434,500 millones de pesos, el segundo más alto registrado en los últimos 15 años. Es decir, se desvistió a un santo para vestir a otro.
El oxígeno público: El costo anual del rescate
¿Cuánto nos cuesta Pemex a los ciudadanos? Las transferencias directas y los beneficios fiscales pasaron de ser un apoyo temporal a convertirse en una necesidad presupuestal permanente.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y organizaciones como México Evalúa, tan solo en el periodo de enero a noviembre de 2025, el gobierno le inyectó una cifra récord de 392,000 millones de pesos en apoyos financieros y aportaciones de capital. Esto representó un brutal rebase del 187.8% respecto a lo originalmente aprobado para todo el año en el presupuesto.
A lo largo de los últimos ocho años, entre exenciones fiscales (como la reducción drástica del Derecho de Utilidad Compartida, DUC) y transferencias líquidas directas para pagar vencimientos de bonos o financiar la refinería de Dos Bocas, el Estado mexicano ha canalizado más de 1.5 billones de pesos a la empresa. Dinero que, inevitablemente, se ha tenido que recortar de áreas críticas del gasto público como salud, infraestructura o seguridad.
La producción: Menos petróleo que nunca
La justificación para inyectar esta cantidad astronómica de recursos era elevar la producción nacional de petróleo crudo. La meta oficial prometida por años era alcanzar los 1.8 o 2 millones de barriles diarios. La realidad de los datos operativos de Pemex es radicalmente opuesta.
El año 2018 cerró con una producción promedio de 1.83 millones de barriles diarios (bdp). Tras un breve pico en 2023 de 1.59 millones, el último año consolidado (2025) cerró con apenas 1.36 millones de bdp de petróleo crudo, convirtiéndose oficialmente en el año con el peor desempeño de extracción para Pemex desde finales de la década de 1970. Ni la explotación de los llamados «campos nuevos» ha logrado compensar la declinación natural de yacimientos maduros históricos como Cantarell.
Una soberanía insostenible
La radiografía de estos ocho años es tajante. Pemex produce menos petróleo que antes, sobrevive gracias a transferencias récord del erario que estrangulan el presupuesto de la nación y arrastra un patrimonio neto negativo de -1.98 billones de pesos (sus pasivos duplican el valor de sus activos).
La estrategia de inyectar recursos públicos para mantener a flote un modelo de negocio que pierde dinero en la refinación y extrae cada vez menos crudo en la exploración es el verdadero riesgo de las finanzas públicas del país de cara a la segunda mitad de la década. Preservar a Pemex no debería ser un ejercicio de dogmatismo ideológico, sino un asunto de estricta responsabilidad económica. Mientras los datos sigan empeorando en el subsuelo, no habrá chequera pública que alcance para salvar la narrativa.
