Primero los pobres… pudientes

 

 

 

Sobre la pluma: Claudia Anaya Mota es una política zacatecana ,senadora de la República.

 

En política, las palabras importan, pero los hechos pesan mucho más.

 

Durante años, el movimiento de la Cuarta Transformación ha construido su narrativa sobre una promesa reiterada hasta el cansancio: «no somos iguales» y «por el bien de todos, primero los pobres». Sin embargo, cuando el discurso se confronta con la realidad, vuelve a aparecer ese viejo mal que tanto dijeron combatir: el uso del poder para favorecer a los cercanos.

Este martes, el periodista Gabriel Contreras reveló una investigación que exhibe precisamente esa contradicción. De acuerdo con información oficial, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por David Monreal, destinó alrededor de 24 millones de pesos a un Programa de Apoyo a la Vivienda que benefició a apenas 60 familias. Lo verdaderamente preocupante no es únicamente el monto, sino el perfil de algunos de los beneficiarios.

Según los datos publicados en el Informe Financiero Trimestral sobre Montos Pagados por Ayudas y Subsidios del Estado de Zacatecas, cerca del 20 por ciento de quienes recibieron estos apoyos mantienen vínculos políticos o familiares con integrantes del grupo gobernante: personas cercanas a secretarios de Estado, suplentes de legisladores federales y otros personajes ligados al círculo del poder. En promedio, cada uno obtuvo apoyos de alrededor de 400 mil pesos.

La información no proviene de filtraciones ni de versiones extraoficiales. Está contenida en documentos públicos que cualquier ciudadano puede consultar. En conjunto, estos beneficiarios recibieron más de cuatro millones de pesos en subsidios para vivienda durante 2025.

Hay un elemento que vuelve todavía más delicado el caso. Trascendió que estos recursos fueron utilizados para adquirir viviendas en un fraccionamiento desarrollado por el propio gobierno, es decir, el mismo gobierno entrega subsidios a personas cercanas al poder para que compren inmuebles que el propio gobierno comercializa. Un negocio redondo financiado con recursos públicos.

El problema trasciende la indignación política. Estamos hablando del posible uso discrecional de programas sociales destinados, en teoría, a reducir las desigualdades en el acceso a la vivienda. Cada peso asignado por influencias representa un peso que deja de llegar a una familia que realmente lo necesita.

 

Lista completa: 👇

Montos-Pagados-por-Ayudas-y-Subsidios-PDF

La realidad de Zacatecas dista mucho de la comodidad con la que algunos parecen acceder a estos beneficios. Datos del INFONAVIT y del INEGI muestran que más de la mitad de los hogares zacatecanos no tienen posibilidades de obtener un crédito para vivienda. Incluso quienes logran reunir los requisitos deben mantener un empleo formal durante una década para aspirar a comprar una casa, algo que en un mercado laboral cada vez más precario, se ha convertido en una meta difícil de alcanzar.

Mientras miles de familias esperan durante al menos diez años la oportunidad de construir un patrimonio, otras parecen encontrar un atajo gracias a su cercanía con el poder.

A ello se suma otro aspecto preocupante: el programa carece de reglas de operación públicas y claras. No existe certeza sobre los criterios para seleccionar a los beneficiarios ni mecanismos transparentes que permitan verificar que los apoyos llegaron a quienes realmente los necesitaban. La opacidad siempre ha sido el mejor refugio del abuso, de la corrupción y del influyentismo.

Quizá lo más grave no sea descubrir que persisten estas prácticas. Lo verdaderamente alarmante sería que dejáramos de sorprendernos. Cuando la sociedad normaliza que los recursos públicos beneficien a los privilegiados mientras el discurso sigue hablando de justicia social, la corrupción deja de ser un escándalo para convertirse en costumbre.

La rendición de cuentas no puede depender únicamente del trabajo de periodistas o de las denuncias de quienes somos la oposición. También exige ciudadanos que pregunten, documenten, exijan explicaciones y no permitan que el poder administre el dinero público como si fuera patrimonio privado.

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