En Tabasco, convocan a manifestación pacífica para exigir justicia para AreliSobre la pluma: Norma Galarza es economista por la UAZ y columnista de La Cueva del Lobo desde 2014.
«La infancia algunas veces es un paraíso perdido, y otras, es un infierno de mierda»
Mario Benedetti
¿Qué puede llevar a un adolescente de 13 años a golpear con saña asesina a una niña de 10 años? Un entorno social enfermo. Una familia rota, un padre adicto a las drogas, una madre ausente. Ese es el contexto que no busca justificar la atrocidad de sus actos, sino generar conciencia sobre la bomba de tiempo en que se han convertido nuestras comunidades y zonas urbanas desde hace muchos años.
El viernes pasado, el Hospital Comunitario de Tabasco recibió a una paciente menor en estado grave. Sin la pericia y la atención inmediata de la doctora Araceli López Macías, tal vez la pequeña no hubiera sobrevivido. El estado en que llegó no era alentador; hoy todavía lucha por su vida en el Hospital General de Zacatecas, a donde fue trasladada en helicóptero gracias a la pronta intervención de las autoridades estatales.
La agresión ocurrió en El Aguacate de Abajo, una comunidad a 20 minutos de la cabecera municipal. La niña salía de la escuela cuando el adolescente de 13 años la detuvo y comenzó a forcejear con ella. Hubo testigos: otros adolescentes vieron el ataque y corrieron en busca de ayuda. Avisaron a la familia de la menor, pero cuando regresaron con la madre, ya no estaban en el lugar. Solo quedaron objetos de la niña: un zapato, el suéter escolar, la lonchera y el moño que llevaba en el cabello.
Vecinos iniciaron la búsqueda arroyo arriba, sin éxito. De acuerdo con el testimonio de una testigo, la localizaron cerca de una hora después de su desaparición, en sentido contrario al inicio de la búsqueda. Fue entonces que se llamó a Protección Civil Municipal, cuyos elementos la trasladaron al Hospital Comunitario, y de ahí al Hospital General de Zacatecas. Ahí sigue Areli, luchando por su vida. El parte médico es devastador: daño pulmonar, fractura de pómulo, abuso sexual, golpes en todo el cuerpo, piedras y patadas. Violencia extrema. Odio.
No se tienen detalles sobre si el menor agresor estaba bajo los efectos de alguna droga, pero se sabe que consume estupefacientes y que su padre, tutor a cargo, es adicto. Mientras tanto, en la comunidad se convocan marchas para exigir justicia. La autoridad no puede apresarlo porque el presunto agresor es menor de edad. Hay enojo e indignación contra un adolescente que es uno más de la estadística: miles de niñas, niños y adolescentes atrapados por las drogas, que sobreviven en contextos de violencia, desintegración familiar y control del narco.
Nuestro país dejó de ser territorio de paso de estupefacientes para convertirse en consumidor desde hace muchos años. Según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, de 2015 a 2025 la prevalencia del consumo de drogas en personas de 12 a 65 años aumentó de 10.3% a 14.4%. El consumo en hombres pasó de 16.2% a 21.1%. La cannabis es la droga ilegal de mayor consumo, que creció de 8.6% en 2016 a 12% en 2025.
El caso de Areli no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis social que se ha incubado durante décadas. La violencia juvenil, el consumo de drogas y la desintegración familiar son síntomas de un país que ha normalizado el dolor y la impunidad. Mientras no se atiendan las raíces de esta tragedia —la pobreza, la falta de oportunidades, la ausencia de políticas de prevención y la indiferencia institucional— seguiremos viendo cómo la infancia se convierte en víctima y victimario de un sistema que la ha abandonado.
