Por Christian del Havre
«Para el servicio público se necesita 90% de honestidad y 10% de capacidad».
Andrés Manuel López Obrador
Esa frase fue la bandera en el actuar de la administración pública y los cargos de mayor nivel en el sexenio anterior, pero el problema es que esto ha trascendido al actual, pero no solo al poder ejecutivo, sino también al legislativo y judicial.
Cuando usted solicita empleo —en caso de que haya vacantes— se le exige una solicitud debidamente llenada, dos cartas de recomendación y, preferentemente, experiencia en el área que desea desempeñar, al menos de un par de años, incluso si apenas es recién egresado de alguna carrera profesional. Esto se debe a que, aunque algunas empresas, por pequeñas que sean, ofrecen una capacitación básica a su plantilla laboral, buscan evitar mayores gastos y prefieren contratar personas que ya cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar su puesto de forma eficiente y eficaz.
¿Qué ocurre en el ámbito público, sobre todo en espacios donde se toman decisiones que afectan a cientos o miles de personas, como la asignación de presupuestos, obras públicas o leyes que impactan al país entero? ¿Qué decir de resoluciones que ponen en juego la libertad, propiedad y seguridad de ciudadanos, empresas o instituciones?
Desgraciadamente, desde hace décadas —en la conformación del país por la familia revolucionaria— muchos espacios legislativos y ejecutivos han sido ocupados por amigos y compadres cercanos al poder. De ahí nacen narrativas como la película La ley de Herodes o frases como “el que no tranza no avanza”, que reflejan una cultura de padrinazgo político. Esta práctica ha evolucionado hacia un sistema donde se recompensa la lealtad por encima de la capacidad, dejando de lado la meritocracia e inaugurando lo que algunos llaman la “cacocracia” de Morena.
Los hechos están a la vista. Desde 2019, se ha cuestionado al titular del Ejecutivo por los nombramientos de diversos secretarios, como la entonces titular de Gobernación y virtual candidata a la gubernatura de San Luis Potosí. También se ha señalado a los titulares de PEMEX, CFE, subsecretarios de Educación, Salud e Infraestructura, así como a candidatos y alcaldes en Acapulco, Colima, y gobernadoras en Campeche, Baja California y Guerrero. Sin embargo, siempre se les ha defendido por su lealtad a la causa y al sistema. Se ha premiado a una decena de ex priistas —desde el mismo fundador de Morena hasta exgobernadores y ex titulares de INFONAVIT— e incluso a panistas recalcitrantes, exdirigentes nacionales y exgobernadores, repartiendo embajadas y puestos a quienes juran amor eterno al régimen.
¿Qué tienen en común todos estos personajes? El tufo a corrupción, la entrega de estados y plazas, y hasta presuntas alianzas con el crimen organizado. La línea es tan delgada que se ha comenzado a descubrir cómo, desde el Estado, se ha promovido la creación, colusión y degradación institucional, como ocurre en Tabasco.
El problema también radica en la destrucción de las instituciones bajo una ideología socialista-populista que busca cimentar un Estado todopoderoso, encabezado por un líder carismático sin contrapesos, rodeado de lealtades que garanticen la consolidación del régimen el mayor tiempo posible.
En el poder legislativo, con la ola carismática de Andrés Manuel, llegaron varios personajes que se han reelegido y han transitado de la Cámara de Diputados al Senado sin rendición de cuentas ni exigencia ciudadana. Diputadas que hablan de naves espaciales que llevarán café de Veracruz, con la primaria inconclusa, o legisladores que antes provocaban como oposición y ahora piden disculpas cuando se les increpa por su desempeño.
Ahora el poder judicial ha sido secuestrado por la lealtad ciega a Morena, lo cual nos está costando más de lo que se prometió ahorrar. Se ha desplazado a ministros de carrera judicial que ascendieron desde abajo con estudios, sacrificios y experiencia, para dar paso a personajes que obtuvieron sus títulos de forma irregular y que desconocen incluso los fundamentos básicos del derecho, dejando en la indefensión a los ciudadanos por dictámenes que se aprueban simplemente porque “se ven bonitos”.
Es momento de reflexionar: ¿como ciudadanos queremos seguir bajo este régimen de improvisación, lealtad ciega e ignorancia? ¿O será ya tiempo de cambiar las cosas, de buscar un mejor México? Que el Mundial no te distraiga de lo verdaderamente importante: tu futuro y el de tu país.