En Zacatecas podemos patentar vida en un laboratorio, pero seguimos negando derechos en un hospital. La paradoja se vuelve insostenible: mientras la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” celebra su primera patente en biología con potencial contra el cáncer, mujeres del estado denuncian que, pese a la despenalización, no tienen acceso real al aborto seguro.
El logro científico es innegable. Investigadoras e investigadores de la Unidad Académica de Biología lograron sintetizar benzoxazinas, compuestos que en pruebas de laboratorio muestran efectos semejantes a fármacos oncológicos, con la ventaja de reducir la resistencia celular. Es un avance histórico que demuestra que Zacatecas no es únicamente consumidor de conocimiento: también puede producir ciencia de frontera. Y no es menor en un estado donde el cáncer de mama es la tercera causa de muerte entre mujeres de 30 a 54 años, con una tasa de 17.9 defunciones por cada 100 mil y cerca de 100 nuevos casos detectados cada año.
Pero al mismo tiempo, en hospitales públicos se escuchan frases que revelan la crudeza de nuestra realidad: “no hay insumos, cómprelos usted”. Mujeres acompañadas por colectivas feministas denuncian que, pese a que el aborto ya es legal hasta las 12 semanas, se topan con negativas, omisiones y maltrato institucional. Un derecho reconocido en la ley, pero negado en la práctica.
Como legisladora, no puedo dejar de preguntarme: ¿de qué sirve patentar vida si negamos insumos básicos en los hospitales? ¿De qué sirve legislar con perspectiva de género si el acceso real a la salud reproductiva sigue bloqueado por negligencia institucional?
Ambos hechos, el orgullo universitario y la denuncia feminista, revelan la misma raíz: la negligencia política. Zacatecas apenas registra una o dos patentes al año, mientras estados líderes alcanzan hasta cincuenta. Nuestras universidades investigan con presupuestos mínimos, nuestras leyes se aprueban sin garantizar los recursos para que se cumplan, y los servicios de salud se colapsan en excusas. La creación del IMSS-Bienestar, que absorbió cerca del 85% de las responsabilidades estatales en salud, obliga a reformar la Ley de Salud de Zacatecas, pero también a exigir al Gobierno de la República y al Congreso de la Unión que el presupuesto federal refleje estas necesidades. Sin dinero no hay derechos, sin recursos no hay servicios.
De nada sirve presumir avances científicos si las pacientes no pueden acceder a ellos. De nada sirve celebrar reformas si las mujeres deben peregrinar por hospitales para ejercer un derecho que ya conquistaron. La ciencia sin justicia social es ornamento; el derecho sin acceso real es simulación.
Por eso, desde el Congreso local debemos ser más que testigos. Debemos exigir comparecencias claras al IMSS-Bienestar y a la Secretaría de Salud federal. Debemos dar seguimiento legislativo al cumplimiento del aborto seguro y a la vinculación de la investigación científica con la práctica clínica. Y debemos asumir nuestra parte: ser puente entre la universidad, la sociedad y la Federación, porque la salud no se garantiza con discursos, sino con presupuesto, con insumos y con voluntad política.
El verdadero progreso no se mide en decretos ni en papeles, sino en vidas concretas. Se mide en la paciente oncológica que accede a un tratamiento innovador desarrollado en Zacatecas. Se mide en la mujer que recibe un aborto seguro sin obstáculos ni humillaciones.
Entre el orgullo científico y la simulación de derechos, Zacatecas tiene que elegir: ser referente de futuro o espejo de contradicciones. Porque patentar vida sin garantizar derechos no es avance: es simulación.
