No podría menos que aplaudir un intento desde el gobierno estatal de replantear el gasto público en comunicación social, claro, si creyera que es real la intención.

Lo anunciado ayer por Gerardo Flores, el coordinador de Comunicación Social de la Nueva Gobernanza tiene cara de otra inútil exhibición de acciones del pasado sin resultados tácitos, como todo lo que  emprenden.

Desde el domingo, las páginas oficiales del Gobierno han exhibido el dispendio millonario en un grupo reducido de empresas informativas, cuyo recurso, claramente, no será regresado a las arcas.  Se han ocupado también de la filtración de los medios de comunicación que tuvieron los convenios más altos durante las dos últimas gestiones, una estrategia de simple golpeteo.

No obstante, el planteamiento real debería ser  ¿Cuál es la fórmula para que no se reedite la repartición abusiva del recurso público, si claramente se nota que el gobierno actual reproduce costumbres que han originado la relación torcida entre medios y poder?

 Y es que, el  trato entre empresas que ofrecen servicios de publicidad y el gobierno, debe ceñirse a la promoción de acciones institucionales.

  El culto a la personalidad es el que ha gestado la corrupción y David Monreal no es ajeno a ello.  No merece aplausos y sí cuestionamientos a su desempeño debido a que él solo es un empleado.

  Su trabajo en la institución debe estar expuesto al escrutinio público, a ser blanco de crítica porque su pago emana de nuestros impuestos.

El actual gobierno no pretende sentar un antecedente en materia de comunicación social, toda vez que desde que llegó al poder se ha encargado de chantajear medios por venganza y a cambio de silencios. La comunicación institucional actual no es ajena a resaltar la imagen del mandatario que es tan gris, que no con helio la podrían inflar.

El uso del dinero de los mexicanos para promover perfiles, muchos con intereses políticos a futuro, es añeja y el mismo ex director del portal Central Virtual de Noticias o CVN, se benefició de ella, aunque hoy le parezca un acto indecente. Que no lo es al estar supeditada a convenios con lineamientos claros a través de los cuales las empresas de la información pagan impuestos.

 Obviamente hablamos de acuerdos cuyo costo no constituya un insulto frente a las carencias de la población. Zacatecas necesita una política de comunicación social, regulada con objetivos claros que sirvan a la sociedad. Una ley de medios que ponga las reglas justas y equitativas.

La actual gestión no tiene ni la más mínima intención de sentar un precedente que favorezca a la democracia en Zacatecas en ese aspecto.  Es más, voy más lejos, ni en la 4T que presume una calidad moral que no tiene, pretende terminar la relación torcida entre información y poder. Una relación que no es nueva, ni la inventaron Peña Nieto o Calderón. Sucedía hace décadas al igual que ocurre hoy. En ese tenor, el gobierno de AMLO no le pide nada en ese tema al de Porfirio Díaz que acuñó la frase “ese gallo quiere máiz” y que  refiere la compra  de silencio con prebendas que van desde puestos burocráticos hasta convenios publicitarios, según la obra Biografía del poder,  de Enrique Krauze.

La nueva gobernanza también reparte “máiz”  y al mismo tiempo se presume mustia. Reparte puestos como pagos de favores y acomoda a periodistas en los programas de la radio pública. Nada nuevo bajo el sol.

En resumen, de que hay que bajar los montos que se destinan a comunicación social, no cabe duda.

En épocas de vacas flacas la ley obliga al estado a realizar ajustes. Aunque  Geeerardo quiera colgarle el milagrito a su jefe de una necesaria reducción en el gasto de comunicación social, es mandato del artículo 36 de la Ley de Disciplina Financiera respecto a los ajustes al presupuesto de egresos en casos como el de hoy, que no hay, no hay dinero para despilfarrar.

Es decir, es una medida prudente y necesaria, acorde al escenario financiero actual.

El problema radica en que no tiene mucha credibilidad una gestión que se estrenó dando muestras de creer que el servicio público es un coto personalísimo de poder. En fin, así las cosas.