Foto oficial de la detención de directores de seguridad pública de Momax y Río Grande, Zacatecas.
Sobre la pluma: Claudia Anaya es senadora de la República por el PRI.
El pasado 21 de octubre, las alarmas volvieron a encenderse en Zacatecas tras la detención de los directores de Seguridad Pública de los municipios de Río Grande y Momax, sujetos a investigación ministerial por ilícitos de distinta gravedad. Al primero se le indaga por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y extorsión en agravio del sector ganadero local; al segundo, por presunta facilitación delictiva. Estos hechos se suman a lo ocurrido el pasado mes de agosto, cuando el entonces titular de la corporación en Juchipila fue aprehendido bajo cargos similares de privación ilegal de la libertad.
Sin pretender vulnerar el principio de presunción de inocencia —cuya dilucidación corresponde estrictamente a los tribunales competentes—, la sucesión de estos eventos obliga a formular cuestionamientos severos e ineludibles: ¿Quién fiscaliza de manera real a quienes detentan la encomienda de resguardar el orden público a nivel municipal? ¿Cuáles son los filtros y protocolos que permiten detectar y frenar a tiempo conductas al margen de la ley? ¿Bajo qué criterios se designan y evalúan permanentemente los mandos policiales para garantizar su idoneidad?
Un mando de seguridad pública municipal no es un funcionario ordinario. Maneja información de inteligencia de alto nivel, conoce los puntos críticos y vulnerables de su demarcación, dirige a personal armado y participa en mesas de decisión donde se juega la integridad de poblaciones enteras. Cuando surgen sospechas fundadas sobre posibles nexos entre mandos policiales y redes de criminalidad, la crisis rebasa la esfera de la responsabilidad individual; se convierte en una falla sistémica que exige una revisión profunda de los mecanismos institucionales de prevención, control y supervisión.
Durante los últimos años, la narrativa oficial impulsada por la mayoría legislativa de MORENA ha apostado casi de manera exclusiva al protagonismo y despliegue operativo de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Se ha optado por transferir crecientes responsabilidades a la federación, relegando la asignatura más apremiante: la construcción de policías municipales profesionales, firmes, debidamente pertrechadas y con altos estándares de confianza.
Las Fuerzas Armadas cumplen una labor indispensable en la contención de la violencia, pero bajo ninguna circunstancia pueden ni deben suplir la vinculación cotidiana, cercana y comunitaria que la autoridad municipal está llamada a procurar. Es cierto que existen herramientas normativas y operativas, tales como los controles de confianza, las certificaciones periódicas, los registros de personal y las evaluaciones de competencias. Sin embargo, la gran interrogante es si estos instrumentos operan como verdaderos diques de contención frente a la infiltración delictiva o si se han reducido a meros trámites burocráticos y administrativos que se palomean periódicamente sin asegurar una fiscalización real en el terreno.
Las estadísticas nacionales exponen la magnitud del rezago estructural. Hacia el cierre de 2025, cerca de dos de cada diez policías municipales en el país aún carecían del Certificado Único Policial (CUP), lo que evidencia que una proporción preocupante de elementos operaba al margen de la acreditación integral de sus capacidades profesionales y requisitos de ingreso y permanencia.
Frente a este escenario, es imperativo interpelar a las administraciones locales y estatales: ¿Cuántos ayuntamientos disponen de presupuestos suficientes para otorgar percepciones salariales dignas? ¿Cuántos policías cuentan con seguros de vida reales, esquemas de protección para sus familias, capacitación continua y una carrera policial atractiva? ¿Con qué herramientas combaten a estructuras delictivas dotadas de una capacidad de fuego y recursos económicos muy superiores a los de las policías locales? La precariedad laboral y la falta de apoyo institucional jamás podrán justificar la corrupción ni la traición al juramento policial, pero constituyen vulnerabilidades críticas que el Estado no puede seguir ignorando.
La responsabilidad recae de forma directa tanto en los gobiernos municipales como en el estatal. La seguridad pública no puede gestionarse bajo una lógica reactiva, limitándose a esperar a que una indagatoria federal o ministerial descubra la podredumbre dentro de una corporación. Se requiere supervisión permanente, rendición de cuentas clara y trazabilidad en los resultados.
Zacatecas demanda policías arraigadas en sus comunidades, dignas de la confianza ciudadana y provistas de las garantías necesarias para desempeñar su labor sin ser abandonadas a su suerte frente a las presiones del crimen. La paz no se alcanza únicamente con operativos de captura; se cimenta, sobre todo, fortaleciendo y blindando a las instituciones encargadas de impedir que la delincuencia se adueñe de nuestras calles y de nuestras corporaciones del orden.