Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, amenazó hace semanas con designar a los cárteles de narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas; a raíz del multihomicido de integrantes -mujeres y niños- de la familia LeBarón, en los límites de Sonora y Chihuahua el 4 de noviembre de este año.
De acuerdo a los principios de soberanía nacional ningún país tiene facultad para entrometerse en nuestros asuntos internos, aunque los gobiernos de Estados Unidos se hayan acostumbrado a ello, a lo largo del siglo XX. Lo que es políticamente redituable en el umbral de un año electoral para el partido Republicano y la probable reelección de Trump.
La declaración del mandatario estadunidense tuvo deshonrosos ejemplos de respaldo en México, como el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien en varios medios de comunicación señaló estar a favor de la propuesta de designar como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos.
El caso de la familia LeBarón y el del operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán, expusieron la debilidad del Estado para actuar frente a los grupos de la delincuencia organizada, lo que ha sido explotado por los opositores de la 4T sin que tengan una propuesta viable para, al menos reducir, el problema de violencia y reinstaurar la seguridad.
No obstante, los cárteles de la droga y terroristas utilizan mismos métodos y prácticas violentas –incluso en el daño que causan a civiles inocentes-; sus fines son distintos y esto obliga a un tratamiento diferente de parte del Estado.
Mientras que el objetivo de los cárteles de la droga es el control de mercados ilícitos y sus respectivas ganancias económicas, los terroristas buscan el dominio político y control del Estado. A los narcos los mueve la lógica del mercado y a los terroristas la del Estado.
Los resultados para la sociedad civil de unos y otros son lo mismo, el uso de la violencia extrema para crear terror. Sin embargo, para prevenir, contener y erradicarlos, el Estado debe proceder de manera distinta, pues sus raíces y sus fines son distintos.
Suele compararse la violencia producto de la guerra con el narcotráfico en nuestro país con lo que vivió Colombia en la década de 1980. Si bien, allá hubo el uso de bombas; no puede ni debe compararse el alcance de los dos grandes cárteles de México, el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operan como las grandes trasnacionales en gran parte del orbe, con empresas que operan en el mercado lícito y con activos en el mercado financiero.
El tratamiento que suele dar los Estados Unidos es la penalización por tráfico de drogas, con penas bastantes largas. Lo que al fin de cuentas perjudica más a los peones, como los vendedores callejeros y los “halcones”; y no a los que verdaderamente se ven beneficiados por este negocio, los criminales de cuello blanco.
Aunque es conocido por todas y todos que las drogas son caras por la guerra contra las drogas –situación que seguro aprovechan los cárteles para elevar su margen de utilidad- la materia prima es muy barata.
La senda del dinero
No es ningún secreto que Estados Unidos siempre está presente en conflictos armados de lugares con recursos estratégicos o de alto valor, para obtener beneficios para los grandes capitales norteamericanos, por ejemplo, en Irak el petróleo y en Bolivia el Litio. Por ello, no parece casual que según el diario El País en la nota publicada el 28 de noviembre ¿Cuál es el interés de los gringos en México: el Narco o el Litio? indique el mayor depósito de Litio del planeta en proceso de ser explotado se encuentra en Sonora, México.
Lo que resulta de mayor interés es que según información de este diario dicho yacimiento está localizado cerca de donde fue masacrada la familia LeBarón. No es casual que Trump ni tardo ni perezoso ofreciera la intervención del ejército norteamericano para iniciar una guerra contra el narco. Afortunadamente, AMLO declinó la propuesta por el bien de la soberanía nacional.
Forbes México en una nota del 7 de septiembre de 2018 señaló que iniciaría la construcción de Sonora Lithium, colocando al estado de Sonora como uno de los principales productores mundiales de litio, componente indispensable para las baterías de dispositivos móviles.
Dicho proyecto iniciará operaciones en el 2020, en el municipio de Becadéhuachi, con márgenes de operación estimados arriba del 40 por ciento. Lo anterior, se explica porque la demanda de litio se encuentra a la alza, siendo los principales consumidores China, Corea y Japón.
El docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la UAZ, Roberto Soto señaló, que el precio del lito ha aumentado desde aproximadamente mil 500 dólares por tonelada en 2003 a un rango que fluctúa entre los 15 mil a 20 mil dólares por tonelada en los años de 2017 y 2018, lo que implica un crecimiento de 900 y 1,200 por ciento.
