Senado aprueba prohibición de doble nacionalidad acandidatos a gobernadores y Presidente de la República,Sobre la pluma: Claudia Anaya Mota es senadora de la República por el PRI
Mi postura sobre la soberanía nacional ha sido siempre categórica y transparente: México
posee la capacidad, el talento y la responsabilidad institucional necesarios para encarar sus
propios desafíos y resolver sus asuntos internos. Jamás he respaldado ni respaldaré la
intromisión de gobiernos extranjeros en las decisiones que nos competen exclusivamente a
nosotros. Sin embargo, proteger la soberanía de una nación no equivale a cercenar los
derechos de sus propios ciudadanos ni a poner bajo sospecha la lealtad de quienes, por
diversas circunstancias de la vida, han tenido que cruzar las fronteras.
México es una nación cuya historia y dinamismo no pueden comprenderse sin la huella de
su comunidad migrante. Millones de compatriotas residen fuera de nuestro territorio —la
gran mayoría en Estados Unidos—, pero sus raíces culturales, sus afectos familiares y su
compromiso económico con la patria permanecen intactos. En Zacatecas, lo sabemos bien:
prácticamente la mitad de nuestra gente vive del otro lado de la frontera. Por ello, cualquier
modificación a nuestra Carta Magna que altere o restrinja los derechos políticos de los
mexicanos en el exterior, exige un debate riguroso, ético y libre de precipitaciones
ideológicas.
Recientemente, el partido en el poder, MORENA, junto con sus aliados, ha impulsado una
reforma constitucional en materia de nacionalidad única. La propuesta estipula que quien
aspire a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México no debe poseer otra nacionalidad y, en caso de ostentarla, estará
obligado a renunciar formalmente a ella antes de registrar su candidatura. Bajo el
argumento oficialista de que se busca salvaguardar la soberanía y garantizar una lealtad
exclusiva hacia la patria, se pretende imponer una barrera restrictiva a millones de
ciudadanos.
De acuerdo con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, más de 12 millones de
connacionales viven dispersos por el mundo, de los cuales cerca de cuatro millones cuentan
con doble nacionalidad. En Zacatecas entendemos esta dimensión con claridad: miles de
zacatecanos buscaron mejores oportunidades fuera de nuestras fronteras y, tras años de
esfuerzo, obtuvieron la ciudadanía del país que los acogió. Limitar sus aspiraciones
políticas no es un detalle menor; representa un menoscabo directo a la plenitud de sus
derechos.
Se podrá argumentar que no todas las personas con doble nacionalidad aspiran a gobernar
un estado o a asumir la Presidencia de la República. No obstante, en la técnica del
constitucionalismo moderno, elevar un derecho a nivel fundamental no depende del
porcentaje de ciudadanos que efectivamente decidan ejercerlo. El reconocimiento
constitucional es una declaración de dignidad y de inclusión política para todo el colectivo
social al que va dirigido.
Durante décadas, el Estado mexicano construyó una doctrina progresista que entendía que
adoptar la nacionalidad de otra nación no implicaba renunciar a la identidad mexicana ni
traicionar los vínculos con la patria. Para la comunidad migrante, naturalizarse en Estados
Unidos significó ganar certidumbre jurídica, acceso a derechos laborales y protección para
sus familias. Nada de eso aminoró su amor por México ni los hizo "menos mexicanos".
Hoy, MORENA y sus aliados envían un mensaje adverso: esa misma condición de
vulnerabilidad y superación que los llevó a la doble nacionalidad se convierte de pronto en
una inhabilitación política para gobernar su propio estado o su propio país. Esta postura no
solo contradice los compromisos internacionales suscritos por México en materia de
derechos humanos, sino que ignora el principio de progresividad constitucional que prohíbe
dar pasos atrás en las libertades ya conquistadas.
El argumento de fondo utilizado por el oficialismo sostiene la existencia de un hipotético
"conflicto de intereses, sugiriendo que un gobernante con doble nacionalidad podría
anteponer los intereses de otra nación sobre los de México. Esta premisa es profundamente
injusta: pone en entredicho la lealtad y el patriotismo de nuestros migrantes. Resulta
paradójico que el mismo Gobierno que con frecuencia califica a las y los migrantes de
"héroes" —celebrando los más de 60 mil millones de dólares que envían en remesas para
sostener la economía de millones de hogares mexicanos— les dé la espalda cuando se trata
de reconocer sus derechos políticos. Se aplaude su esfuerzo económico, pero se desconfía
de su sentido de pertenencia cuando aspiran a participar activamente en los asuntos
electorales de su nación.
Insinuar que la doble nacionalidad compromete la lealtad de un ciudadano no solo margina
legalmente a la comunidad migrante, sino que fomenta una estigmatización social
peligrosa. En el caso de Zacatecas, una entidad que por naturaleza e historia se define a sí
misma como "binacional", pretender armonizar una reforma de esta índole en el marco
legal local resultaría abiertamente contradictorio con nuestra propia identidad e historia.
No podemos permitir que el patriotismo se reduzca a un trámite burocrático de renuncia a
un pasaporte. Defender a nuestros migrantes exige garantizarles plenitud de derechos, no
desconfianza. México debe seguir siendo una patria abierta e incluyente para todos sus
hijos, sin importar de qué lado de la frontera hayan tenido que construir su vida.