México se encuentra entre los países más desiguales del mundo, ocupa el lugar 58 de 82 naciones evaluadas por el Fondo Económico Mundial (2020). Las brechas entre ricos y pobres son tales, que mientras Carlos Slim es el hombre más rico de América Latina, en el país hay 55.7 millones de personas en condición de pobreza.

La pandemia del COVID-19, ha hecho que la desigualdad se dispare en el mundo, durante el 2020 y 2021 se han acelerado la concentración de la riqueza y la acumulación de capital en unas pocas personas. La desigualdad que aqueja a nuestro país es un problema global; es generalizada y centra el debate en cómo deben organizarse las sociedades, ya que es un fenómeno indisoluble de las relaciones de poder.

Los números reales sobre la movilidad social en México, muestran que es casi nula, tanto ascendente como descendente. El 3% de la población podrá ascender dentro del quintil con mayores ingresos (sin llegar a situarse con el 1% de la élite económica) y 2% descenderá al más pobre. La movilidad social es la capacidad de las personas para moverse a otro nivel socioeconómico. Pero, para la mayoría de las y los ciudadanos es casi un sueño. La poca movilidad social es causa y consecuencia del incremento de la desigualdad.

La desigual distribución de la riqueza en nuestro país tiene profundas raíces históricas, siendo cada vez más compleja, asume distintas expresiones y es multifactorial. La desigualdad no se trata solo del ingreso, sino también del acceso a la salud, educación, tecnología, trabajo y oportunidades, protección social y cobertura institucional. De igual manera, tiene que ver con las condiciones y niveles de vida fuertemente diferenciados entre personas y grupos de población, que determina trayectorias educativas y laborales, que a su vez profundizan estas distancias.

Un tipo de desigualdad se relaciona con la propiedad diferenciada de bienes y recursos para la producción y/u obtención de rentas, tales como tierras, recursos naturales, de capital (inmuebles, equipo y maquinaria) y recursos financieros –esta es acumulativa de generación a generación-. El 10% de población acapara el 79% de la riqueza, mientras que más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza.

En México la participación laboral de las mujeres en el ingreso nacional es apenas del 33%, por debajo del promedio (35%) de América Latina, comparable con la media de África Subsahariana, según datos del Fondo Económico Mundial. Las mexicanas reciben salarios inferiores a sus contrapartes masculinas, pese a desempeñar las mismas tareas y horarios, y tener perfiles profesionales similares.

Asimismo, el trabajo doméstico y de cuidados, históricamente asignado a las mujeres, no es valorado y por tanto, cuando recibe remuneración es escasa. Las mujeres indígenas son quienes reciben las remuneraciones más bajas, y quienes tienen menor acceso a servicios básicos y protección institucional.

Otra condición que explica la desigualdad de nuestro país tiene que ver con la discriminación étnica, racial y de género, por el profundo arraigo cultural colonialista. Lo anterior, determina las oportunidades de los diferentes grupos de población para acumular riqueza.

Desde la década de 1970, los ingresos de las familia mexicanas dependen cada vez en menor proporción del trabajo formal, de actividades empresariales reguladas y registradas, y cada vez más de actividades informales, la migración y de prácticas ilegales y criminales.

La migración a Estados Unidos se ha convertido en una importante válvula de escape para las presiones en el mercado de trabajo mexicano -nos encontramos en una etapa histórica demográfica marcada por una amplia oferta de trabajadorxs jóvenes- y constituye una importante fuente de ingreso para las familias que quedan en el país.

La pobreza rural es tan profunda que muchos campesinos pobres se ven involucrados (ya sea obligados o no) en actividades del narcotráfico, sembrando o transportando droga, participando en el cuidado de cultivos y, los más jóvenes integrándose a sus ejércitos clandestinos. 

Las actividades ilícitas y criminales constituyen, actualmente, más que opciones estrategias de supervivencia para muchos jóvenes y habitantes de zonas rurales y marginales urbanas, que las justifican ante la pobreza y las bajas retribuciones que reciben por actividades legales en una economía de mercado fallida.

La gran complejidad y origen multifactorial de la desigualdad no puede enfrentarse con simples programas gubernamentales de transferencias monetarias. Demandan la participación ciudadana y voluntad política para superar el problema, además de capacidad de diálogo entre las partes, a modo que la intervención estatal refleje las demandas, necesidades, intereses, inquietudes y posibles soluciones de la ciudadanía, para poder convertirse en una verdadera política pública transversal.