Recién terminé de ver la miniserie que exhibe entrelíneas la poderosa protección que el pederasta Jeffrey Epstein disfrutó durante su vida, que terminó con un suicidio en condiciones por demás turbias.

El programa de Netflix, intitulado en español Asquerosamente rico (Filthy Rich, en inglés), deja la evidencia de que a pesar de que  la liga de las complicidades de delitos infames contra la juventud y niñez se estire a su máxima expresión, los intocables en las cúpulas del poder, seguirán intocables.

 Decepciona que el  escándalo de Epstein se haya dado en el país más poderoso del mundo, porque entonces, qué se puede esperar de México, lugar en el que las plagas de la impunidad y la corrupción han echado raíces tan profundas, que parece imposible erradicarlas.

De ahí que valga recordar y preguntarse ¿qué políticos mexicanos han pisado la cárcel a raíz de la bien documentada investigación de Lydia Cacho publicada en 2004, que llamó Los demonios del edén, donde varios nombres de la élite política mexicana salieron a relucir? Ninguno, es la respuesta.

En ese libro se documenta que alrededor de mil niñas y niños desde los 5 años fueron las víctimas de una muy poderosa trama cuyos tentáculos  afianzados en poder y el dinero, hacían  intocables (todavía) a quienes la integraban.

Y lo preocupante es que lo que denunció Cacho  hoy todavía persiste   porque pese a que se acusó en su momento a Succar Kuri como cabeza de la red, la maraña, no se desenredó nunca completamente.

Los negocios ilícitos relacionados a la trata y a la pornografía infantil que traspasan fronteras, encontraron en México su paraíso, sobretodo porque abordarlos o castigarlos, significa trastocar intereses de personas cuyos cotos de poder parecen irrompibles.

Prueba de ello es que los personajes mencionados por la periodista han gozado de  protección  transexenal. Por ejemplo, el panista Miguel Ángel Yunes, entró al gabinete de Felipe Calderón como Director General del ISSSTE, cuando el mencionado escándalo todavía seguía candente. El puesto lo dejó hasta que terminó el sexenio.

 Luego como si no pasara nada, siguió con su carrera política, fue Diputado Federal  y luego gobernador de Veracruz, encargo que terminó en 2018. ¿Y ahorita? Parece que sigue bajo la protección de las generosas alas del águila de nuestro lábaro patrio. Indignante.

¿Y qué me dice del amparo del que sigue gozando el priista Emilio Gamboa Patrón, otro personaje señalado como integrante de la red de pederastia y prostitución infantil que denunció Lydia Cacho? Pese a ese señalamiento, “el angelito” no ha dejado de mamar de la ubre del erario.  Terrible ¿no?

A 16 años de la investigación que la colocó como una de las periodistas más respetadas del país, supongo que será muy frustrante para Cacho Ribiero darse cuenta que aquí a ese tipo de impresentables personajes no les pasa, ni les pasará nada que tenga que ver con un asomo de justicia para sus víctimas.

Parece que a nadie le importa en el poder, que de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expuestos en el informe del Día Mundial contra la Trata de Personas, en 2017 había alrededor de 70 mil niñas y niños explotados sexualmente en nuestro país. Además, es evidente que en el intrincado laberinto de complicidades se tira siempre a las piezas más débiles del ajedrez. No obstante, el delito se sigue tomando como tema tabú.

Por ejemplo, a Mario Marín, exgobernador de Puebla y uno de los directamente señalados de integrar la red de abuso a menores que también integraba el poderoso empresario en Quintana Roo, Kamel Nacif (quien hace días fue “encontrado” en Líbano, pese a que Lydia había alertado a las autoridades sobre su paradero desde hace meses), se le persigue por el secuestro, tortura y amenazas contra Lydia Cacho, no por su relación con la mencionada red.

En el recuento, hasta hoy,  sólo Jean Succar Kuri, ha sido condenado y sigue preso donde permanecerá por el resto de su vida.

Y mientras los políticos implicados en el sonado caso gozan de libertad y hasta que no demuestre lo contrario la actual administración, sus vínculos con el poder en turno son poderosos; este año con el encierro por la pandemia, la pornografía infantil aumentó un 73 por ciento tan solo durante los meses de marzo y abril, dato obtenido del Centro de Respuesta de Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. Nauseabundo ¿no?