Sobre la pluma. Claudia Anaya es una política de origen zacatecano, ssenadora de la República por el PRI.
Lo ocurrido este fin de semana en Zacatecas no puede leerse como un simple operativo de seguridad ni como un episodio aislado de desorden público. Es, en realidad, es síntoma de una fractura más profunda entre el gobierno estatal y una parte importante de la sociedad que siente que ya no encuentra canales reales para ser escuchada.
El conflicto por el precio del frijol venía creciendo desde hace tiempo. Zacatecas es la entidad con mayor producción del país, miles de agricultores sobreviven entre sequías, costos de producción cada vez más altos y mercados controlados por el coyotaje. Para muchos productores, sembrar dejó de representar una posibilidad de prosperidad y comenzó a parecerse más a una condena económica hereditaria. El problema no es nuevo; lo nuevo es el agotamiento.
Desde la llegada de la cuarta transformación, el discurso oficial prometió rescatar al campo mexicano, devolverle dignidad al pequeño productor y terminar con los abusos históricos de los intermediarios. Sin embargo, la desaparición de PROCAMPO, de la Agricultura por Contrato, la Financiera Rural, el Seguro catastrórico agrícola, los Programas de Fomento Ganadero y Agrícola, los Créditos a la palabra, entre otros, dieron paso apoyos insuficientes, programas lentos, burocracia y un abandono institucional que no desapareció con el cambio de gobierno. La inconformidad acumulada terminó explotando en las calles.
Lo verdaderamente delicado comenzó cuando el conflicto dejó de ser únicamente campesino y encontró eco en estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahí cambió el tono del episodio. Porque cuando universitarios y productores rurales coinciden en una misma protesta, el mensaje social suele ser mucho más profundo: no se trata sólo de dinero y de programas, sino de legitimidad.
La respuesta gubernamental agravó todavía más la situación. En contextos de alta tensión social, el uso excesivo de la fuerza casi nunca reduce el conflicto; por el contrario, suele multiplicar el agravio simbólico, porque se traspasa la línea y comienza la violación a derechos humanos fundamentales. En un país con memoria viva de episodios como Represión Ayotzinapa, el Operativo policial en Nochixtlán, los estudiantes de Ayotzinapa, las imágenes de policías confrontando manifestantes tienen un peso político enorme. México aprendió, quizá demasiado tarde, que la línea entre contención y represión puede romper la confianza pública durante años.
El gobierno estatal sostiene que actuó conforme a derecho, pero la política y la gobernanza no se sostiene solamente con legalidad; también requiere sensibilidad, legitimidad y capacidad de diálogo. Cuando un gobierno aparece frente a campesinos y estudiantes principalmente mediante escudos, patrullas y detenciones, el mensaje que termina enviando es devastador: la protesta se administra como problema de seguridad y no como síntoma de una crisis social.
En la marcha convocada el lunes y a la que acudieron cerca de 10 mil personas, es preciso reconocer la capacidad de organización y la solidaridad de diferentes sectores que salieron a las calles en una manifestación que reunió a miles de agraviados, zacatecanas y zacatecanos que lejos de los partidos, porque no hemos logrado hacerles sentir que representamos su voz ante el gobierno estatal y federal y ello es sin duda, una llamada de atención, salieron a reclamar la falta de resultados; fueron coros que incomodaron al oficialismo, porque muchos de los sectores que hoy protestan, fueron parte importante de la base social que respaldó el proyecto político gobernante. La frustración, por eso, tiene un componente adicional de desencanto; es una parte de quienes esperaban un cambio distinto y hoy sienten que fueron engañados.
Zacatecas representa hoy algo más que un conflicto regional. Refleja el desgaste de un país donde las promesas de transformación comienzan a enfrentarse con las limitaciones de la realidad económica, la debilidad institucional y la incapacidad de construir acuerdos sociales duraderos. Cuando el campo se siente abandonado, los jóvenes se sienten reprimidos y las autoridades responden tarde o mal, el riesgo ya no es sólo político: es la erosión lenta de la confianza pública.
Este lunes, la prensa nacional destacó sobre Zacatecas: ¿Cuántos conflictos más necesita el país para entender que gobernar no consiste solamente en administrar programas y controlar crisis, sino en escuchar antes de que el enojo social estalle?
