Sobre la pluma: Claudia Anaya es senadora de la República por el PRI
Llegar a la mesa donde se toman las decisiones nunca ha sido un acto de generosidad del poder; ha sido una conquista a contracorriente. A las mujeres cada espacio en la vida pública nos ha costado generaciones de resistencia, alianzas y un costo personal altísimo. Por eso, causa una profunda frustración constatar cómo, incluso con la paridad constitucional en la mano, persisten dinámicas empeñadas en medirnos con una vara doble, sexista y profundamente injusta.
Lo más alarmante no es solo que estas prácticas sigan vivas, sino que a menudo encuentren resonancia en voces de mujeres que conocen, por experiencia propia, el peso de la discriminación estructural.
A los hombres en la política se les evalúa por sus resultados, sus alianzas o sus estrategias. A las mujeres, en cambio, se nos somete a un escrutinio inquisitorial sobre lo privado: el vestuario, la edad, el carácter, la maternidad o la vida afectiva. Si ejercemos la firmeza necesaria para gobernar, se nos tilda de autoritarias; si optamos por el diálogo, de débiles. La ambición en un hombre es liderazgo; en una mujer, una falla moral. Y cuando una mujer se equivoca, el juicio no cae sobre su gestión individual, sino sobre el derecho de todo nuestro género a ocupar el poder.
Esa exigencia desproporcionada fue precisamente el motor que impulsó las reformas en materia de igualdad sustantiva, las cuotas y los marcos legales contra la violencia política en razón de género. No fueron regalos: fueron herramientas democráticas diseñadas para nivelar una cancha históricamente inclinada.
Sin embargo, la representación numérica es insuficiente si no va acompañada de un cambio en la cultura política. Ocupar el 50 por ciento de los cargos no transforma la realidad si al interior de las instituciones se replican los mismos mecanismos de exclusión y denostación —y resulta especialmente doloroso cuando el ataque articulado desde el estereotipo proviene de otra mujer.
Conviene detenerse en la sororidad, una palabra que corre el riesgo de vaciarse de sentido por el exceso de uso. Sororidad no es encubrimiento, complicidad ciega ni sumisión ideológica. Entre mujeres en el espacio público caben el disenso, la crítica dura, el debate ideológico y la exigencia ciudadana. La democracia exige confrontar proyectos e ideas sin concesiones.
El límite es claro: una cosa es combatir argumentos e invalidez de propuestas, y otra muy distinta utilizar la condición de mujer, la vida personal o los prejuicios de género como proyectiles de descalificación política.
Podemos ser adversarias acérrimas sin convertirnos en reproductoras de las violencias que tanto esfuerzo ha costado tipificar. Quien valida o normaliza el ataque sexista contra una rival de otro partido, olvida algo fundamental: está alimentando la misma máquina que mañana la triturará a ella o a las que vienen detrás. Cuando se vulnera a una mujer por serlo, se desmantela el piso parejo para todas.
La igualdad sustantiva no se agota en el Diario Oficial de la Federación. Requiere una transformación cultural en la que el precio por ejercer la política no sea someterse a la humillación ni al escrutinio machista. No necesitamos pensar igual ni militar en el mismo bando para defender las reglas mínimas de la dignidad.
Abrir camino para una mujer debe significar, invariablemente, garantizar que ninguna otra tenga que transitarlo bajo el peso de las mismas violencias que juramos erradicar.