El sábado celebramos el día de la niña y el niño, sin embargo, vale la pena visibilizar las condiciones en las que desarrollan su vida. Según el Análisis de Indicadores de Incidencia Delictiva y Víctimas, elaborado por la comunidad de conocimiento Alumbra incrementaron 87% los delitos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA) de 2015 a 2020.
Durante el 2020, 115 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio, es decir que cada 4 días murió una niña por feminicidio, mientras que en el año anterior sumaron 95 víctimas por este delito, resulta preocupante que particularmente para NNA se registró un crecimiento del 21%; la trata contra menores de edad aumentó casi 30% con respecto a 2019.
En 2019 se registraron un total de 53 mil 429 delitos sexuales, mientras en 2020, fueron 54 mil 314 a nivel nacional. Es decir, en 2020 se cometieron 42 delitos de tipo sexual por cada 100 mil habitantes.
La violencia contra niñas, niños y adolescentes en México es un fenómeno persistente e invisibilizado, además con tasas de aumento alarmantes, además de que vulnera sus derechos. Este fenómeno puede explicarse en parte, porque el Estado mexicano no ha implementado políticas públicas para garantizar los derechos humanos de NNA.
Pese a que México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, quedando obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país, en la realidad y la vida cotidiana esto no ha ocurrido, no existe la voluntad política de los actores involucrados porque no les genera rédito político.
Delitos contra la infancia
Los delitos de los que son víctimas NNA están relacionados con la violencia estructural que vivimos en el país: homicidios, lesiones, feminicidios, corrupción de menores, trata de personas, tráfico de menores de edad, secuestro y rapto (para mujeres con fines de explotación sexual y reclutamiento forzado para hombres)
La corrupción registró un total de mil 689 víctimas menores de edad en 2020 (75% mujeres); la trata 264 víctimas menores de edad (77% mujeres) y un incremento de casi 30% en comparación con 2019; el rapto -que incluye delitos de privación de la libertad con fines sexuales- en los años 2019, tuvo 90 víctimas menores de edad y 110 en 2020, (el 98% fueron mujeres en ambos años).
Mientras que los reportes de lesiones del año pasado fueron 12 mil 177 y de homicidios 2 mil 402 menores de edad. Esto implica que, cada día 33 menores de edad son víctimas de lesiones y, diariamente 7 jóvenes son víctimas de homicidio. Respecto al sexo, el 66% de las víctimas de lesiones y el 78% de homicidio son hombres. El estado con la mayor tasa de víctimas de homicidios menores de edad fue Guanajuato, seguido de Zacatecas y Michoacán.
Impacto de la pandemia en delitos y víctimas
El confinamiento social devenido de la pandemia del Covid-19 provocó un fenómeno particular: se observó un bajo incremento en 2020 en los delitos sexuales de 1%, mientras que en 2019 fue de 23%. Permanecer en casa para evitar contagios redujo drásticamente el número de denuncias de este tipo de delitos, pero no significa que se hayan reducido.
La ONU describe la violencia familiar como “la sombra de la pandemia”. La acumulación de factores acaecidos por el Covid-19 como los cierres de escuelas y comercios, confinamiento social, aislamiento, pérdidas humanas y vulnerabilidad económica aumentaron la violencia dentro de los hogares y con ello, la vulnerabilidad de las infancias.
En el análisis de los datos de violencia familiar, de 2015 a 2020 se observa un crecimiento en la tasa de delitos de violencia familiar por 100 mil habitantes, del 64%. Llama la atención que hubo un crecimiento sólo del 4% en dicha tasa, de 2019 a 2020, siendo que en el año previo el crecimiento había sido del 15%.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida sin violencia, explotación o abuso de cualquier tipo. Desafortunadamente, en México, la violencia estructural que perturba todos los rincones del país, afecta de forma profunda y asimétrica – en función de las actividades delictivas a la que se dedique el cartel dominante de un área geográfica específica- a este grupo de la población.
Una vez que la violencia se normaliza y se acepta como cotidiana, los propios niños, niñas y adolescentes pueden incluso agredirse entre sí. Por ello, no son solo necesarias, sino urgentes las políticas y programas públicos enfocados a NNA, además de implementar campañas sobre cultura de paz y prevención de delitos, así como tipificar como delito el reclutamiento de menores dentro de las organizaciones criminales y un compromiso social con todas las infancias para su sano desarrollo.
