Sobre la pluma: Claudia Anaya Mota es senadora de la República por Zacatecas
Pocas intenciones resultan tan riesgosas en el ejercicio del poder público como aquellas que, bajo el velo del beneplácito social, carecen de contornos y límites claros. En la agenda mediática y jurídica de nuestro país se reactiva el debate sobre los lineamientos para regular los derechos de las audiencias. Un tema que genera legítimas alarmas en la academia, los medios de comunicación y el sector de la radiodifusión. La inquietud no radica en oponerse a que la ciudadanía cuente con garantías frente a la información que consume, sino en el grave riesgo de que, con este pretexto, el Estado adquiera facultades tutelares sobre las líneas editoriales.
La controversia dista de ser un asunto puramente técnico o confinado a los juzgados y concesionarios. En el fondo, lo que se debate es la frontera misma de la democracia: el frágil contrapeso entre el derecho de la sociedad a estar informada y la libertad inalienable de expresarse sin el escrutinio o la intromisión del poder político.
Es indiscutible que una democracia saludable requiere audiencias protegidas. Nadie cuestiona la pertinencia de distinguir formalmente entre contenido informativo y pauta publicitaria, ni la necesidad de contar con mecanismos ágiles de réplica o responsabilidad social por parte de las emisoras. Sin embargo, el límite se transgrede en el instante en que el órgano regulador cruza la frontera de la norma técnica para adentrarse en los terrenos de la supervisión editorial.
«La censura contemporánea rara vez se presenta mediante la clausura explícita de un medio; suele vestir el ropaje de la regulación técnica, el trámite burocrático y el criterio administrativo.»
Surgen entonces preguntas obligadas e inquietantes: ¿Bajo qué criterio gubernamental se definirá la objetividad de un reporte? ¿Quién evaluará si una opinión es lo suficientemente «neutral» o si una versión periodística de los hechos es la «correcta»? Entregarle estas respuestas al poder público es abrir la puerta al sesgo institucional. La historia demuestra que cuando el Estado asume el rol de juez informativo, inevitablemente emplea esa facultad para amplificar los discursos afines y disciplinar las posturas disidentes.
La censura contemporánea rara vez se presenta mediante la clausura explícita de un medio; suele vestir el ropaje de la regulación técnica, el trámite burocrático y el criterio administrativo, factores que inducen a una paulatina y silenciosa autocensura.
México ha recorrido un largo e intrincado camino para desmantelar el hiperpresidencialismo. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 fue un paso clave para erigir organismos técnicos dotados de autonomía, diseñados para erradicar el control político sobre la difusión de ideas. Resulta regresivo que hoy se pretenda reconcentrar en la esfera pública atribuciones que ya habían sido blindadas para proteger la imparcialidad del ecosistema mediático.
Desde el Congreso Constituyente de 1857, el célebre pensador y periodista zacatecano sostuvo firme que la libertad de prensa no fue concebida para agradar a las autoridades, sino para vigilarlas. La lección de Zarco sigue intacta: la prensa libre es el escudo del ciudadano frente a los excesos del poder.
Este panorama cobra particular gravedad en una época en la que el disenso suele catalogarse apresuradamente como hostilidad política. Cuando el análisis crítico y la discrepancia periodística se señalan desde el micrófono oficial, cualquier instrumento legal que faculte a la autoridad a auditar contenidos debe ser objeto de una reserva minuciosa.
No se trata de abogar por privilegios empresariales ni de postergar la agenda de las audiencias. Se trata de salvaguardar un bien superior: la pluralidad de voces en el espacio público. Una sociedad madura no necesita que el gobierno filtre el debate; requiere ciudadanos con criterio propio, capaces de contrastar versiones y forjar su propia lectura de la realidad.
El verdadero espíritu con el que se diseñaron las libertades de expresión y de prensa —como bien lo enseñó Francisco Zarco— no fue para conferir impunidad a los medios, sino para salvaguardar a los ciudadanos de las tentaciones autoritarias. Las democracias no colapsan por la existencia de críticas severas hacia la gestión pública; se degradan cuando el poder arrogante decide qué voces tienen derecho a ser escuchadas y cuáles deben ser silenciadas bajo la excusa del bien común.
