Luego de los recientes incrementos que, de manera autoritaria y unilateral –entre 30 y 65 por ciento- aplicara en la capital, Guadalupe, Vetagrande y Morelos, la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) sin consenso ni consulta previa ante la ciudadanía, las afectaciones al bolsillo de los pobladores cunden en un momento crítico para la economía familiar.
Los pobladores de esas cuatro entidades y circundantes son víctimas de abusos atizados desde el poder mediante excesos que aquí se describen desde un punto de vista cronológico y ante la paulatina reducción de subsidios, aun cuando el derecho al uso del agua es fundamental y se encuentra consagrado en el Artículo cuarto constitucional.
Gerardo Mata, integrante de la Red Ciudadana de Zacatecas da los pormenores de los hechos que, en la cuesta de enero, maltratan de manera sostenida a la economía familiar zacatecana, de por sí precaria.
“El problema lleva muchos años y apenas nos damos cuenta del mismo para el caso de aplicarlo en 30 por ciento a quienes consuman menos de cinco metros cúbico y 65 por ciento para aquellos que sobrepasen esa cantidad mensual aunque sea por una gota de más, por un mililitro”.
Los hechos datan del 14 de enero de 2011, cuando inicia el proceso de reducción de subsidios y aumento de tarifas ya que de manera unilateral el consejo directivo de JIAPAZ logra un acuerdo por medio del cual se reducen de manera paulatina los subsidios que gobierno del estado y municipios aportaban a la Junta de manera oficial.
Mata añade que, al observar los presupuestos de egresos del gobierno estatal y municipales de Guadalupe, Zacatecas, Vetagrande y Morelos destaca que no había asignación presupuestal para JIAPAZ y lo que se tenía no eran sino gestiones diversas; es durante el gobierno de Miguel Alonso Reyes que se comienza a reducir de manera paulatina dicho subsidio.
Hacia 2016 hubo un incremento al servicio de alcantarillado y saneamiento que consideraba 20 por ciento al consumo normal de viviendas, en vista de que JIAPAZ no sólo cobra por dotación de agua domiciliaria, sino además por saneamiento y drenaje, incluidos en el servicio que brinda a la población.
En 2017, JIAPAZ aplica otro “ajuste” a las aguas negras y el 26 de septiembre de 2018 aumenta una vez más las tarifas; desde el punto de vista cronológico, los ciudadanos pagaban 49 pesos en 2011 y de pronto la cifra comenzó a aumentar “nunca supimos cómo ni cuándo, de manera que en 2018 ya pagábamos 79 pesos hasta llegar a 104 pesos en adelante”.
En 2019 se efectúan otros ajustes hasta conformar la cifra de 108 pesos además de un incremento realizado en febrero de 2019 “con el fin de aplicarle a la tarifa anterior 4.8 por ciento de índice de inflación más dos puntos porcentuales de aumento mensual con lo que la gente pagaba ya en exceso ese año, incluido el reciente ajuste a las tarifas que opera en la actualidad en los dos rubros citados: 30 por ciento para quienes consuman hasta cinco metros cúbicos y 65 por ciento para quienes se pasen una gota de agua más de esos cinco metros cúbicos”.
La primera arbitrariedad de JIAPAZ –testimonia Gerardo Mata- es que si alguien consume poco más de los cinco metros cúbicos y luego reduce ese volumen, de cualquier manera JIAPAZ, en adelante cobrará 65 por ciento de incremento y no el 30 esperado, lo que es constitutivo de un abuso a modo, parcial, engañoso y arbitrario y con eso te quedas.
“La gente se queja porque de cobrarla antes 180 pesos ahora debe pagar de 400 a 500 pesos sin saber qué hizo para llegar a esa cifra y lo que ocurre es que desde 2011 se dio la eliminación de subsidios e incrementos paulatinos”.
Las razones son lógicas y políticas, proceden de que estamos en el último año de gobierno y de que las reacciones de algunos alcaldes inconformes con el incremento no son para evitar los aumentos al recurso sino para posicionarse a la próxima carrera electoral, mientras que en el caso del gobernador es una actitud de entregar una plaza despedazada desde el punto de vista económico a los opositores que amenazan con llegar al gobierno estatal.
“En definitiva, ninguna de las propuestas de los alcaldes del centro del estado se encuentra orientada a volver a la tarifa anterior sino solamente plantean adecuarse a los cobros actuales cuando la angustia ciudadana es que no logra satisfacerse la pregunta de porqué ahora pagan más” por un servicio que, encima, es deficiente desde diversos aspectos.
Mucha gente dice en redes sociales que es justo pagar tales o cuales cantidades por el agua pero yo lo dudo; el agua es un derecho humano y no hay justificación jurídica, legal ni moral para pagar el agua. El derecho humano al agua para todos los pobladores del país se encuentra consagrado en el Artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no existe justificación para que un derecho como el del agua se pague.
En Zacatecas, los subsidios se entienden “como dádivas del gobierno para brindar tales o cuales servicios y no lo son porque los ciudadanos pagan impuestos de diversas clases para el caso del ISR, el IVA y otros, todos los cuales deben ser declarados ante el SAT, de manera que no hay lógica alguna en el hecho de decir que debemos pagar de más aquello que ya pagamos, sino que debe ser con cargo al estado”.
¿Pagar el agua?
Por lógica podemos entender que debemos pagar lo que nos cobran por ese servicio; el problema es que a partir de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se emite un decreto de Ley de Aguas Nacionales en la que, previo a la modificación del Artículo 27 constitucional, surgió la posibilidad real de concesionar el agua a particulares.
Mata explica que, ante ese espectro, la Cervecera Modelo –que debiera estar conectada a la JIAPAZ y tener su medidor, además de pagar por los incrementos tarifarios de nueve años a la fecha, como el resto de los particulares, comerciales e industriales-, cuenta en su defecto con la concesión de pozos en el sistema acuífero de Calera por el que en su momento ellos pagaron por el derecho de concesión de tales pozos en el gobierno de Genaro Borrego Estrada y de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales emitida por Salinas.
Corona consume anualmente lo que en promedio consume una ciudad de 84 mil habitantes como Zacatecas, es decir, alrededor de 7 mil 440 millones de litros de agua.
Corona produce en Calera 24 millones de hectolitros de cerveza al año y para que se consuma un litro de cerveza, sin considerar la huella hídrica o agua virtual (24 litros por cada litro de cerveza) gasta 3.1 litros de agua más en todo su proceso interno.
“Es cierto que tratan una parte del agua y que de manera bondadosa regalan a Calera una parte del recurso”.
De manera que la cervecera consume lo que debieran consumir anualmente tres cuartas partes de la capital del estado.
JIAPAZ, sin pies ni cabeza
En 1994 se crea la JIAPAZ junto con otras más que desaparecieron en los municipios, organismo híbrido que no tiene pies ni cabeza y que durante los dos últimos gobiernos, ha funcionado como empresa privada.
Extraer el agua costaba a JIAPAZ antes de 2011 ocho pesos cincuenta centavos por metro cúbico, costo que se aplicaba a las tarifas y que ahora es de 14 pesos por metro cúbico por lo que diez mil metros cúbicos corresponden a 140 pesos que es el mínimo de las tarifas aunque JIAPAZ entiende el hecho como una mercancía, cuyo costo de extracción es el que ellos cargan al consumidor.
Si se revisan con cuidado los presupuestos de egresos del estado y municipios no se encuentra un solo peso destinado al subsidio del agua en el estado, aun cuando la Federación sí lo hace mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a partir del peso a peso. Pero mientras gobierno del estado y municipales no tengan en Zacatecas presupuestado nada, no podrán incorporarse al par y pasu del organismo federal.
Agresión a la economía de las familias
“El Artículo 87 de la Ley de Agua y Alcantarillado de Zacatecas dice que, ante todo incremento, debe tomarse en cuenta, siempre, la opinión de la gente y su situación económica, ésta última omitida por JIAPAZ porque su director fue nombrado por el gobierno”.
Así, JIAPAZ se ha tornado un organismo en verdad caro, que cuenta con una burocracia muy robusta que tiene 651 trabajadores en nómina, sin contar contratos temporales por obra, de manera que se pagan 153 millones de pesos anuales en salarios con un presupuesto de 410 millones de pesos al año.
Es un organismo caro que funciona como empresa privada y trabaja sin regulaciones más allá de quienes realizan funciones de calidad.
“Nosotros proponemos que de cero a tres metros cúbicos el agua no tenga ningún costo y estamos a favor de que se cobren los excesos y en los comercios, industrias y hoteles además de que haya una inversión en energías renovables sin costo, porque se siguen pagando altas cifras a la Comisión Federal de Electricidad, que fue el pretexto para los últimos incrementos”.
“No se trata sólo de que el pago o culpa final recaiga en los consumidores sino de que el gobierno se responsabilice de garantizar ese derecho humano y no sólo mediante visiones partidistas, ninguna de cuyas propuestas es seria porque no solucionan los problemas reales, porque con ello no se bajan las tarifas”.
El gobierno prevé que el PRI no gobierne más Zacatecas y por eso da pasos para justificar el desmantelamiento de estructuras como JIAPAZ, y con ello buena parte de la economía del estado como ocurrió cuando los Federales tronaron la Caja Real de Zacatecas antes de que los villistas tomaran la ciudad.
Lo de los cinco metros cúbicos es una medida arbitraria porque no siempre se gastan en su totalidad pues ni siquiera se consume un tinaco promedio de mil litros cuando éste se vuelve a surtir de nuevo; en ocasiones las familias ni siquiera consumen tres metros cúbicos promedio al mes.
La medida es no gastar más en JIAPAZ porque hay otras prioridades como el DIF, el equipo de basketball, el equipo de futbol, los 50 millones de la Feria y los 35 del Festival Cultural.
“Por eso es que ese derecho humano fundamental se encuentra por debajo de algunas prioridades en ejercicio”.
