Zacatecas es uno de los estados con menores incidencias de casos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), en contraste, la Ciudad de México, Yucatán y Veracruz son entidades con elevadas tasas de contagio. Cada año se registran más de nueve mil personas infectadas, de las cuales la mitad de esta población no lo sabe.
A casi 40 años desde que se detectó el primer caso del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), se han detectado a más de 220 mil personas afectadas por esta pandemia (cifra publicada en 2013). 80 por ciento de los infectados son hombres, y el otro 20 por ciento, mujeres. El 95 por ciento que adquieren está enfermedad ha sido por transmisión sexual, de los cuales; el 63 por ciento corresponde a las personas de 30 años y más, un 33 por ciento a los jóvenes entre 15 y 29 años, y un poco más del 2 por ciento entre la población de 15 años.
La Secretaría de Salud reporta que el costo del tratamiento se aproxima a los $ 45 mil pesos anuales, sin embargo, desde el 2003 se ha logrado el acceso universal y gratuito, que incluye a las personas que carecen de seguridad social. Aún así, se reportan decesos de casi 5 mil personas anualmente (CENSIDA, 2014).
Está enfermedad degenerativa ha sido causa de discriminación entre la Población Económicamente Activa (PEA), reflejado en la reducción de ingresos, violación a los derechos laborales, despidos y la exclusión de las empresas.
Ante este problema que afecta a un sector altamente productivo, los legisladores del Senado de la República, han puesto en marcha una Iniciativa de ley que adiciona las fracciones XVII y XVII BIS al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo en materia de discriminación hacia personas que viven con VIH y sus seres cercanos, en el que prohíbe a las empresas solicitar pruebas de laboratorio de forma obligatoria para el proceso de contratación, porque considera la violación de los derechos humanos y vulnera la dignidad de cualquier persona.
El Estado debe garantizar el bienestar social, la educación sexual, métodos anticonceptivos al alcance de los más vulnerables, y prohibir a las empresas que condicionan a los trabajadores a someterse a estos exámenes, el compromiso y la obligación de estos agentes económicos es erradicar la discriminación, sumarse a las campañas de prevención, y la promoción de que las consultas y exámenes médicos para le detección del VIH deberá ser exclusivo para la protección de la salud, de forma confidencial y voluntaria.
