Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).– De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los recortes presupuestales realizados en 2015 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sí se realizaron e impactaron sólo en rubros de desarrollo económico, pues el gasto corriente quedó intacto. Además, los altos grados de opacidad no permitieron conocer a ese organismo cómo y en qué se aplicó la política de austeridad, que ha presumido el Gobierno federal desde entonces.
El órgano fiscalizador buscó revisar que el gasto público federal se ajustara al presupuesto de Egresos de la Federación y a las Medidas de Responsabilidad Fiscal para Mantener la Estabilidad y evaluar la rendición de cuentas del gasto público ejercido. Finalmente determinó nueve observaciones, de las que se generaron 13 recomendaciones a la SHCP y siete sugerencias a la Cámara de Diputados, relacionadas con elevar la calidad del gasto, publicar información, determinar criterios específicos a los ajustes de gasto público e informar el monto de las operaciones del Ramo 23.
“No se pudo determinar en la Cuenta Pública si la medida fue aplicada en cada una de las dependencias, entidades y Empresas Productivas del Estado anunciadas, debido a que no se publicaron las adecuaciones presupuestarias correspondientes, ni fue posible identificarlas con base en la información disponible”, plantea el informe.
En 2014, el gasto neto total ejercido por el Sector Público Presupuestario (SPP) ascendió a 4 mil 566 millones 808.9 mil pesos, superior en 4.8 por ciento real al de 2013 y respecto del presupuesto aprobado también superior en 2.2 por ciento. En ese año, el Ramo General 23 de Provisiones Salariales y Económicas, ejecutó ampliaciones líquidas por 246 millones 564.9 mil pesos. Las ampliaciones líquidas fueron traspasos de otros ramos y entidades.
El 30 de enero de 2015, la SHCP anunció las Medidas de Responsabilidad Fiscal para Mantener la Estabilidad, a fin de reducir el gasto público de la Administración Pública Federal (APF) en 124 mil 265.0 millones de pesos, como medida preventiva para enfrentar la volatilidad en el mediano plazo ante el deterioro del entorno económico internacional.
De acuerdo con Hacienda, la mayor parte del ajuste en los ramos administrativos y el ISSSTE se aplicaría en el gasto corriente, 34 mil 117 millones de pesos, pero no se publicó un calendario de ejecución del ajuste preventivo al gasto público por parte de la SHCP.
La Cuenta Pública de ese año informó que se materializó el ajuste preventivo al gasto público, y que se reflejó en un menor gasto respecto a lo programado en: Salud; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Pemex ; la CFE y el Poder Judicial.
En el análisis practicado, no se pudo determinar puntualmente la aplicación del ajuste preventivo en cada una de las dependencias y entidades, debido a que no se publicaron las adecuaciones presupuestarias, ni fue posible identificarlas a partir de la información disponible.
Luego de esto, la ASF solicitó a las dependencias esa información y encontró que en el gasto corriente destacaron las reducciones operadas mediante las partidas específicas: “43101 subsidios a la producción” y “43801 subsidios a las entidades federativas y municipios”. En el gasto de inversión, sobresalieron las partidas: “62301 construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones” y “62501 construcción de vías de comunicación”.
En clasificación funcional, las reducciones se concentraron en las funciones de desarrollo económico con 77.8 por ciento del total, principalmente en la función de Combustibles y Energía.
EL INTOCABLE GASTO CORRIENTE
En 2015, el gasto corriente fue superior en 4.5 por ciento respecto del año previo. Las mayores variaciones fueron en pensiones y jubilaciones (9.2 por ciento) y en gasto de operación (6.7 por ciento, por mayores recursos para los programas fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo; de producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; y el de la Reforma Educativa, principalmente. Los servicios personales concentraron el mayor monto del presupuesto corriente ejercido (el 37.2 por ciento), principalmente en desarrollo social y gobierno.
En contra parte, el gasto de inversión fue 2.8 por ciento más, en relación con 2014; los subsidios de inversión disminuyeron 1.6 por ciento debido a los menores recursos otorgados a los programas y proyectos de desarrollo regional, de infraestructura hídrica, de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas. La inversión física decreció 3.6 por ciento por los ajustes preventivos al gasto efectuados a proyectos de inversión de Pemex, la CFE y de Comunicaciones y Transportes, entre otros; y representó el 71.7 por ciento del gasto de inversión, y su ejercicio se efectuó en la finalidad desarrollo económico principalmente.
La inversión física fue inferior en 3.6 por ciento en relación con 2014, lo que se debió principalmente a la aplicación del ajuste preventivo en gasto de inversión
Comunicaciones y Transportes. Esa política impactó en proyectos de transporte, principalmente en trenes de pasajeros y transporte urbano masivo, e infraestructura carretera.
“Lo anterior constituye un área de riesgo, debido a que ante la restricción presupuestaria que enfrentan las finanzas públicas, la inversión pública se convierte en el principal renglón de ajuste, lo que se puede transformar en un rezago en la constitución de activos de utilidad pública, además de que los componentes principales del gasto corriente son ineludibles”, sentencia la ASF.