Sobre la pluma: Claudia Anaya Mota es senadora de la República de origen zacatecano
En los últimos años, México ha vivido una de las etapas más dolorosas de su historia reciente. Miles de personas han desaparecido sin dejar rastro: hombres y mujeres que no regresaron a casa, que se esfumaron durante un trayecto, un paseo o incluso dentro de sus propios hogares, arrancados de su vida cotidiana al amparo de la impunidad.
Frente a esta tragedia, la respuesta del gobierno federal y de sus instituciones ha sido claramente insuficiente. Desde el Poder Legislativo hemos impulsado reformas y normas que permitieron, por ejemplo, la creación del Centro de Identificación Humana para apoyar en la identificación de cuerpos. Sin embargo, la voluntad política para asignar mayores recursos y enfrentar de manera integral esta crisis humanitaria simplemente no ha existido.
Lejos de fortalecer las capacidades del Estado, la estrategia federal ha optado por modificar la metodología con la que se registran las personas desaparecidas. Bajo el argumento de que únicamente pueden incluirse casos con “datos completos” y “verificables”, se han establecido lineamientos que reducen artificialmente las cifras. La estadística baja en el papel, pero la realidad sigue ahí, dolorosamente intacta.
Zacatecas es un ejemplo claro de esta situación. Al 1 de abril de este año, el registro oficial contabiliza 3,961 personas desaparecidas o no localizadas. Los colectivos de búsqueda, sin embargo, advierten que durante el primer trimestre del año se ha acelerado el número de reportes. Tan solo entre febrero y marzo se sumaron 281 casos adicionales, concentrados principalmente en Fresnillo, Guadalupe y la capital del estado.
Ante esta realidad, la postura oficial parece ser la negación. Negar la crisis no solo distorsiona las cifras; también representa una falta de respeto a la memoria de las víctimas y al dolor de sus familias. Es, además, un intento deliberado por ocultar una crisis que el Estado no ha logrado contener y que, por el contrario, sigue agravándose.
La gravedad de la situación ha encendido alertas más allá de nuestras fronteras. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en una decisión histórica, ha señalado que México enfrenta una crisis humanitaria que rebasa las capacidades institucionales de sus autoridades. La insuficiencia del sistema de justicia y de los mecanismos de identificación humana ha quedado en evidencia.
La semana pasada, el organismo decidió activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta disposición permite intervenir cuando existen indicios de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Se trata de un mecanismo excepcional, reservado para situaciones de extrema gravedad, particularmente cuando la desaparición forzada se repite de manera sistemática y puede constituir un crimen de lesa humanidad, categoría reconocida tanto por la propia Convención como por el Estatuto de Roma.
Lamentablemente, la reacción del gobierno federal ha sido defensiva. En lugar de aprovechar la posibilidad de cooperación internacional para enfrentar un problema que claramente supera las capacidades actuales del Estado, la administración ha optado por acusar a la ONU de “injerencismo”.
La soberanía no es un muro de impunidad. La soberanía implica, la responsabilidad de proteger a los ciudadanos. Ser parte de un organismo internacional como Naciones Unidas significa colaboración (como cuando el Estado Mexicano pidió ayuda a la UNOPS para gestionar el abasto de vacunas COVID), pero también aceptar sus mecanismos de supervisión, especialmente cuando se trata de la defensa de los derechos humanos.
Si MORENA sostiene que “quien nada debe, nada teme” y que el llamado “humanismo mexicano” es una práctica y no solo un discurso, no tendría razón para oponerse a que la Asamblea General aborde el tema. Abrirse a la asistencia técnica internacional en materia de identificación forense y a la construcción de un mecanismo de verdad no significa ceder soberanía; significa reconocer la dimensión de la tragedia.
El Estado mexicano hoy está rebasado. MORENA fundamentó su movimiento en la honestidad y reconocerlo no es una derrota política, sino el primer paso para dejar de maquillar cifras y comenzar, de verdad, a recuperar personas. Y, con ellas, la paz que miles de familias siguen esperando mientras viven con el dolor insoportable de no saber dónde están sus seres queridos.
