Pese al discurso humanista del presidente de la República,  vivimos una crisis en materia de Derechos Humanos, agravada desde la Guerra contra el crimen organizado, y evidenciada hace días con la situación migratoria de miles de centroamericanos a quienes se les niega el acceso al país, con lujo de violencia.

Entre las filas de la 4T hay quienes defienden a capa y espada esta decisión del Gobierno Federal con argumentos poco sólidos y que van contra el discurso que siempre utilizó AMLO. Sin embargo, también los hay con capacidad crítica como Porfirio Muñoz Ledo, que califican de inaceptable la brutalidad con que la Guardia Nacional reprime a los migrantes que buscan entrar a nuestro país por la frontera sur, para llegar a los Estados Unidos en busca del sueño americano.

México está suscrito a la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, desde la década de 1990; y, por lo tanto está obligado a no criminalizar la migración y respetar el tránsito de pobladores pobres y precarizados, no a subordinarse a los intereses de los Estados Unidos.

Esta crisis migratoria es un verdadero desafío que pone a prueba las instituciones del Estado mexicano. Sin duda, es urgente actuar, pero conforme a los establecido en los tratados internacionales y en la Constitución, no para favorecer los intereses de nuestro país vecino.

Teniendo en cuenta que van de por medio personas vulnerables como niños, niñas y adolescentes, a los que se les debe garantizar un tránsito seguro apelando al interés superior de la niñez.

El Estado está obligado a establecer mecanismos institucionales eficaces, para contener los flujos migratorios en el mediano y largo plazo, con apego a derecho. No obstante, el pasado 20 de enero, los medios de comunicación dieron cuenta de la incapacidad del Estado para enfrentar la crisis migratoria, cuando en un intento fallido por impedir el paso a los migrantes, la Guardia Nacional  terminó en un enfrentamiento contra ellos con piedras y gas lacrimógeno.

Debemos recordar las situaciones a las que por la inseguridad están expuestas las personas que viajan con destino a EEUU, en nuestro país. Ante ese escenario que se vive en México, se convierten en una población vulnerable que requiere medidas especiales y empatía de nuestra parte para evitar que enfrenten discriminación, violencia sexual, trata de personas, trabajo forzado, entre otras. Por tanto el generar una agenda migratoria es una acción que tiene pendiente y que le urge a la 4T, para legitimar el discurso tan promovido de «abrazos y no balazos»