Sobre la pluma: Claudia Anaya es senadora de la República.
El pasado 28 de septiembre, de manera casi silenciosa, el Diario Oficial de la Federación hizo público lo que debería encender todas las alarmas: los Lineamientos de Operación del programa «Consultorios del Servicio Universal de Salud» para 2026. El propio documento esconde un reconocimiento que roza lo insólito: la figura presupuestaria no existía, pero mágicamente hoy contamos con la partida U314 y un cheque por 1,212 millones de pesos listo para repartirse.
Vamos a dejar algo muy claro desde el principio: nadie con un mínimo de sentido común puede oponerse a fortalecer la atención médica primaria en México. Urgen médicos, faltan medicinas, se necesitan hospitales equipados y consultas sin esperas inhumanas. Sin embargo, en la administración pública —y de forma imperativa cuando está en juego la vida humana— las buenas intenciones jamás han sido sustituto del rigor, la legalidad y la fiscalización.
La apuesta oficial busca abrir consultorios en espacios del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, pero añade un concepto nebuloso: las «Unidades de Consultorio del Servicio Universal de Salud», ubicadas en «otros inmuebles». ¿Dónde se van a instalar? ¿Bajo qué criterio se seleccionaron? ¿Quién avala que cumplan con la normativa sanitaria básica? La respuesta oficial es desentenderse: las instituciones y los gobiernos locales señalarán los sitios, mientras que un «comité comunitario» decidirá qué reaparaciones o remodelaciones se ejecutan.
Aquí es donde la negligencia se convierte en opacidad. A cada uno de estos espacios se le asignarán hasta 150 mil pesos —monto que puede elevarse a 250 mil pesos si se requiere reestructuración eléctrica o hidráulica—. Recordemos un principio elemental: el dinero público no puede invertirse en propiedades privadas sin un convenio de arrendamiento explícito, figura que estos lineamientos simplemente ignoran. Pero hay algo peor: la responsabilidad de una unidad médica debe recaer en personal sanitario acreditado, no en la buena voluntad de la ciudadanía.
Por si fuera poco, las reglas de operación abren la puerta de par en par a la discrecionalidad financiera. Si en la localidad «no es posible» emitir una factura electrónica (CFDI), el gasto se podrá justificar con recibos simples, listas de raya o documentos informales. Más aún: se autorizan retiros en efectivo de hasta 100 mil pesos en un solo día, con la libertad de repetir la operación diez días después.
La contradicción resulta grotesca: mientras el discurso federal promueve la bancarización y la transparencia digital, en la práctica se entregan maletas de efectivo a cambio de un papel firmado a mano. ¿De qué sirvieron décadas de construcción de sistemas de fiscalización, trazabilidad y contabilidad gubernamental si al final volvemos a la contabilidad de libreta?
Una cosa es la legítima participación comunitaria y otra, muy distinta, lavarse las manos y delegarle a un comité de vecinos la gestión de miles de pesos en infraestructura médica. En esos consultorios habrá médicos, enfermeros, fármacos y pacientes. Si una instalación eléctrica improvisada provoca un cortocircuito o si falla el control sanitario de un área, ¿quién va a responder? Gobernar no es repartir recursos e improvisar comités; gobernar es asumir la responsabilidad legal y moral de lo que se ejecuta.
Resulta incomprensible que se inventen estos atajos opacos para dispersar dinero mientras los hospitales públicos agonizan por falta de insumos elementales, los médicos trabajan con las manos atadas y miles de unidades operan en condiciones deplorables.
Qué bueno que existan 1,212 millones de pesos para la salud, pero cada consultorio, debe estar a cargo de un químico farmacobiólogo o de un personal adscrito al sector, además, cada centavo —desde la Tesorería de la Federación hasta el último tornillo comprado— debe ser rastreable y auditable. Cuando se administra el dinero que atiende la vida de la gente, no basta con pedir un voto de fe: se exige comprobar, vigilar y rendir cuentas.