Sobre la pluma: Norma Galarza es economista por la UAZ y columnista de La Cueva del Lobo desde 2014Sobre la pluma: Norma Galarza es economista por la UAZ y directora/columnista de La Cueva del Lobo desde 2014
Cada año, la entrega de los Pre-Criterios Generales de Política Económica por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) marca la hoja de ruta para las finanzas públicas del país. Sin embargo, el más reciente análisis del documento proyectado hacia 2027, realizado por el observatorio México, ¿Cómo vamos?, saca a la luz una contradicción estructural profunda: mientras el discurso oficial promete una era de «prosperidad compartida», la realidad de los números muestra un margen de maniobra fiscal que se asfixia rápidamente. Prever un crecimiento sostenido e incluyente sobre la base de premisas macroeconómicas abiertamente optimistas, y en un contexto de contracción sistemática del gasto en inversión, no es solo un exceso de confianza; es una trampa fiscal.
La SHCP prevé que la economía mexicana crecerá en un rango de entre 1.8% y 2.8% en 2026, y de 1.9% a 2.9% en 2027. Estas estimaciones desafían el consenso del mercado y contrastan con las proyecciones de organismos internacionales como el Banco Mundial (1.8%), el Fondo Monetario Internacional (1.5%) y el propio Banco de México (1.6%). Construir la planeación nacional sobre expectativas infladas es un ejercicio de alto riesgo. En un país donde 65 de cada 100 pesos de los ingresos públicos provienen de la recaudación tributaria (principalmente ISR e IVA), la ecuación es ineludible: si el PIB no crece al ritmo esperado, el consumo se estanca, el empleo formal se ralentiza y los ingresos fiscales sufren una sangría directa. De acuerdo con los propios datos de sensibilidad de Hacienda, cada punto porcentual de crecimiento real perdido representa una caída de más de 65 mil millones de pesos en ingresos tributarios no petroleros.
A esta frágil premisa se suma una serie de supuestos sobre las variables internacionales que resultan, por decir lo menos, arriesgados. Hacienda asume que los choques derivados del conflicto en Medio Oriente tendrán un impacto acotado a solo dos meses. Sin embargo, con el Estrecho de Ormuz bloqueado y la consiguiente volatilidad en los mercados energéticos, los costos de mantener los estímulos al IEPS para frenar el encarecimiento de las gasolinas mermarán aún más la recaudación. En crisis pasadas, este tipo de contenciones costó más de 128 mil millones de pesos al erario. Paralelamente, la expectativa de elevar la plataforma de producción petrolera a 1,806 miles de barriles diarios en 2027 parece un anhelo desconectado de la realidad operativa de Pemex, golpeada por la declinación natural de sus campos maduros y una incesante falta de inversión en exploración y perforación.
Por el lado de la inflación, el diagnóstico oficial tampoco infunde tranquilidad. Mientras el gobierno estima un 3.7% para 2026, las expectativas del mercado se acercan al 4.2%. Lo alarmante no es únicamente el dato general, sino su composición: el índice de precios en alimentos supera el 6.7% anual, un rubro empujado por el alza global en los fertilizantes que castiga de manera disproportionada a las familias de menores ingresos. Sin control en la canasta básica ni una política de financiamiento sostenible para servicios clave, promesas estructurales como el Servicio Universal de Salud o el financiamiento de un Sistema Nacional de Cuidados quedan suspendidas en el aire. Con un incremento proyectado de apenas 3.4% en el presupuesto de salud, la aspiración del bienestar choca de frente con la realidad presupuestal.
El problema central de este diagnóstico no radica únicamente en la fragilidad de las cifras federales, sino en su impacto multiplicador sobre los gobiernos locales. La crisis de inversión pública en México —que representa apenas un raquítico 3.4% del PIB— es el síntoma de una patología mayor: la extrema centralización y la trampa del federalismo fiscal. Hoy, 8 de cada 10 pesos que ejercen los estados provienen directamente de transferencias federales a través de la Recaudación Federal Participable. Esta hiperdependencia transforma a las entidades federativas en espectadoras pasivas de la coyuntura macroeconómica nacional. Si la recaudación federal tropieza, las participaciones locales sufren recortes inmediatos, paralizando obras de infraestructura, mantenimiento urbano y servicios esenciales.
Esta parálisis local se acentúa por la pérdida de calidad en el endeudamiento público. A nivel federal, la «regla de oro» —aquella que dictamina que la deuda debe financiar activos productivos e infraestructura— se ha roto. Si en 2017 la inversión física representaba más del doble del endeudamiento neto, hoy apenas absorbe menos de la mitad de los recursos obtenidos por financiamiento. Es decir, el país se está endeudando para pagar gasto corriente y compromisos financieros, no para construir el capital que detonará el crecimiento del mañana. A nivel subnacional la historia no es muy distinta: la enorme carga del servicio de la deuda en diversas regiones restringe drásticamente la capacidad de los gobernadores para invertir en proyectos estratégicos de agua, conectividad o transporte.
El gran pendiente del modelo fiscal mexicano reside en la indolencia recaudadora de estados y municipios. En los países de la OCDE, los ingresos tributarios subnacionales representan en promedio el 8.7% del PIB; en América Latina, economías como Brasil o Argentina alcanzan el 9.9% y 5.1%, respectivamente. En México, los gobiernos locales recaudan un insignificante 0.9% del PIB. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha diseñado, paradójicamente, un esquema de incentivos perversos: al recibir participaciones de libre disposición en función de fórmulas abstractas y dinámicas federales, la mayoría de los gobiernos subnacionales optaron por la comodidad de la pereza fiscal, renunciando a cobrar impuestos propios o entregando la administración del impuesto sobre nóminas y la tenencia vehicular a la competencia desleal entre entidades.
A nivel municipal, el colapso del impuesto predial es el ejemplo más flagrante de este abandono. Mientras en países desarrollados el predial representa más del 2% o 3% del PIB, en México apenas roza el 0.2%. Catastros obsoletos, falta de herramientas tecnológicas, incapacidad técnica y un alto costo político han llevado a que municipios enteros subsistan en un estado de indigencia institucional. Las brechas son abismales: la Ciudad de México recauda per cápita hasta 26 veces más predial que estados como Oaxaca, Chiapas o Tlaxcala. Esta incapacidad para generar recursos propios ahonda el círculo vicioso: a mayor informalidad laboral y menor base gravable local, menor autonomía fiscal; y a menor autonomía, mayor vulnerabilidad ante los recortes de la Federación.
Superar este letargo exige una reforma de fondo en la arquitectura fiscal de las regiones. Fortalecer el espacio fiscal subnacional no requiere inventar fórmulas mágicas, sino aplicar tres acciones pragmáticas:
Coordinación catastral estatal-municipal: Los estados deben asumir un rol activo en la modernización de los catastros municipales mediante sistemas compartidos y capacitación técnica, permitiendo actualizar los avalúos inmobiliarios sin necesariamente incrementar las tasas impositivas.
Rediseño progresivo y armonizado de la tenencia: Es indispensable frenar la competencia desleal entre estados vecinos y reestructurar este tributo bajo criterios de valor comercial y sustentabilidad ambiental, destinando lo recaudado de forma transparente al transporte público y la movilidad.
Digitalización y tecnología tributaria: Implementar herramientas geoespaciales, imágenes satelitales y padrones digitales para combatir la evasión local y aumentar la fiscalización de manera eficiente.
Al final del día, los Pre-Criterios 2027 confirman que el margen del Estado para gastar sin reformar se ha terminado. No habrá prosperidad compartida ni integración a las grandes economías del mundo si la inversión pública sigue siendo la variable de ajuste frente al déficit. La economía mexicana no crecerá a base de decretos ni de proyecciones optimistas redactadas desde los escritorios de la capital. Necesita finanzas públicas sostenibles, una apertura inteligente a la inversión mixta en infraestructura y, sobre todo, romper el cordón umbilical del centralismo para que estados y municipios asuman de una vez por todas la responsabilidad de su propio desarrollo.
