Sobre la pluma: Alejandro Bonet Ordóñez es coordinador de El camino de México, plataforma política de Marcelo Ebrard en Zacatecas
Hay frases que suenan a soberanía y otras que suenan a contabilidad. La de Claudia Sheinbaum del martes pasado pertenece a las primeras: si Estados Unidos decomisa bienes a un narcotraficante o a un delincuente de cuello blanco, México los reclamará, porque “el principal daño se ejerció aquí”.
El caso que detonó la declaración es el de Ismael “El Mayo” Zambada. Condenado a cadena perpetua en Brooklyn, el juez le ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares. La cifra es espectacular. También es, como se apresuró a aclarar la propia presidenta, una estimación del Departamento de Justicia estadounidense sobre las ganancias ilícitas generadas durante décadas. No es dinero que ya esté en una cuenta ni propiedades ya localizadas. Es un número grande que sirve para medir el tamaño del negocio y, de paso, el tamaño de la herida.
Sheinbaum no se limitó al Mayo. Amplió el alcance: cualquier narco o cualquier político corrupto que caiga en manos de la justicia estadounidense y al que se le decomisen bienes será motivo de reclamo. El argumento es simple y poderoso: el sufrimiento, la sangre y la destrucción ocurrieron sobre todo en territorio mexicano. Por tanto, los recursos recuperados deben regresar aquí.
Hay un precedente cercano que ella misma citó: los 500 mil dólares ya devueltos a México del caso Genaro García Luna. Una cantidad modesta comparada con las condenas civiles que suman miles de millones, pero real. Sirve para recordar que el camino existe, aunque sea largo, técnico y, casi siempre, incompleto.
Lo que resulta más revelador, sin embargo, es la lógica detrás de la persecución estadounidense del dinero. Washington persigue con rigor los activos de los cárteles, pero al mismo tiempo ofrece, en no pocos casos, protección e incluso un refugio seguro a los familiares de quienes aceptan colaborar. Testigos protegidos, reubicaciones, nuevas identidades. Mientras se calcula en miles de millones el botín a decomisar, se abre la puerta a que parte del entorno cercano del capo encuentre impunidad o resguardo del otro lado de la frontera. Es una ecuación que en México se entiende con amargura: el dinero se reclama, pero las redes de sangre y lealtad a veces se resguardan.
La pregunta que queda flotando no es jurídica. Es política. ¿Qué se hará con ese dinero si algún día llega? ¿Se convertirá en programas sociales, en reconstrucción de comunidades destrozadas por la violencia, o se diluirá en el presupuesto general? Porque reclamar el botín es una cosa. Reparar el daño es otra, más difícil y más lenta. Y mientras tanto, el contraste permanece: Estados Unidos persigue el dinero de los narcos con una mano, y con la otra ofrece, selectivamente, protección a quienes formaron parte de su círculo.
El Mayo cumple cadena perpetua y México levanta la mano para decir que el dinero, si aparece, tiene dueño. El dueño es el país que pagó el precio más alto.
