

En política, las palabras importan, pero los hechos pesan mucho más.
Durante años, el movimiento de la Cuarta Transformación ha construido su narrativa sobre una promesa reiterada hasta el cansancio: «no somos iguales» y «por el bien de todos, primero los pobres». Sin embargo, cuando el discurso se confronta con la realidad, vuelve a aparecer ese viejo mal que tanto dijeron combatir: el uso del poder para favorecer a los cercanos.
Este martes, el periodista Gabriel Contreras reveló una investigación que exhibe precisamente esa contradicción. De acuerdo con información oficial, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por David Monreal, destinó alrededor de 24 millones de pesos a un Programa de Apoyo a la Vivienda que benefició a apenas 60 familias. Lo verdaderamente preocupante no es únicamente el monto, sino el perfil de algunos de los beneficiarios.
Según los datos publicados en el Informe Financiero Trimestral sobre Montos Pagados por Ayudas y Subsidios del Estado de Zacatecas, cerca del 20 por ciento de quienes recibieron estos apoyos mantienen vínculos políticos o familiares con integrantes del grupo gobernante: personas cercanas a secretarios de Estado, suplentes de legisladores federales y otros personajes ligados al círculo del poder. En promedio, cada uno obtuvo apoyos de alrededor de 400 mil pesos.
La información no proviene de filtraciones ni de versiones extraoficiales. Está contenida en documentos públicos que cualquier ciudadano puede consultar. En conjunto, estos beneficiarios recibieron más de cuatro millones de pesos en subsidios para vivienda durante 2025.
Hay un elemento que vuelve todavía más delicado el caso. Trascendió que estos recursos fueron utilizados para adquirir viviendas en un fraccionamiento desarrollado por el propio gobierno, es decir, el mismo gobierno entrega subsidios a personas cercanas al poder para que compren inmuebles que el propio gobierno comercializa. Un negocio redondo financiado con recursos públicos.
El problema trasciende la indignación política. Estamos hablando del posible uso discrecional de programas sociales destinados, en teoría, a reducir las desigualdades en el acceso a la vivienda. Cada peso asignado por influencias representa un peso que deja de llegar a una familia que realmente lo necesita.
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