Sobre la pluma: Alejandro Bonet Ordóñez es coordinador de El camino de México, plataforma política de Marcelo Ebrard en Zacatecas
Los ajustes a la reforma judicial buscan fortalecer, no frenar, la democratización de la justicia.
La decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de proponer que la elección del Poder Judicial se realice hasta el 4 de junio de 2028 no representa un retroceso democrático. Por el contrario, es un ajuste necesario para corregir fallas evidentes del modelo inicial y garantizar que la transformación judicial pueda consolidarse con mayor orden, legitimidad y eficacia.
La reforma impulsada en 2024 planteó un cambio de fondo: que el pueblo eligiera directamente a jueces, magistrados y ministros. La propuesta rompía con décadas de un sistema cerrado, distante de la ciudadanía y frecuentemente señalado por privilegios, nepotismo y decisiones alejadas del interés público. Sin embargo, la primera experiencia electoral de 2025 dejó lecciones importantes.
Las boletas excesivamente complejas, el número desproporcionado de candidatos y la dificultad para evaluar perfiles técnicos evidenciaron problemas que no podían ignorarse. Insistir en repetir el mismo esquema durante las elecciones intermedias de 2027 habría significado multiplicar la confusión y el desgaste institucional.
Posponer la elección al 2028 ofrece ventajas claras. Primero, evita saturar al Instituto Nacional Electoral y reduce costos importantes. Organizar dos procesos masivos el mismo año habría generado un caos logístico innecesario. Segundo, brinda tiempo para perfeccionar los mecanismos de selección y evaluación.
La nueva propuesta contempla la creación de una Comisión Coordinadora que unificará criterios entre los tres poderes, aplicará exámenes de conocimiento y reducirá considerablemente el número de aspirantes. De decenas de candidatos por cargo se pasará a solo dos perfiles finales mediante insaculación, respetando además la paridad de género. Las boletas serán más simples y los distritos judiciales estarán mejor definidos.
También se incorporan elementos positivos como la capacitación obligatoria continua para jueces y magistrados, así como la reinstalación de salas especializadas en la Suprema Corte para evitar la sobrecarga de trabajo observada tras la reforma anterior. Estos cambios reflejan disposición para corregir deficiencias y fortalecer el modelo, no para abandonarlo.
Los críticos, principalmente desde la oposición, sostienen que el aplazamiento busca consolidar el control político sobre el Poder Judicial. Señalan que Morena pretende ganar tiempo para posicionar perfiles afines. Ese señalamiento merece atención y vigilancia democrática, pero también debe analizarse con contexto.
El sistema anterior tampoco representaba un ejemplo impecable de independencia judicial. Durante años, buena parte de la ciudadanía percibió a jueces y ministros como figuras alejadas de la realidad social y cercanas a intereses económicos o políticos. Los altos salarios, el nepotismo y diversas resoluciones controvertidas terminaron erosionando la confianza pública.
La elección popular de integrantes del Poder Judicial, aunque imperfecta, representa un avance democrático relevante. Rompe con la idea de que únicamente una élite jurídica puede decidir quién imparte justicia. Los ajustes impulsados por el gobierno buscan precisamente fortalecer ese principio democrático, elevando la calidad de los perfiles y haciendo más comprensible el proceso para la ciudadanía.
Otro aspecto importante es que esta reforma obligará a los poderes judiciales estatales a alinearse con estándares similares. En entidades como Zacatecas, donde persisten problemas de rezago, corrupción y acceso limitado a la justicia, estos cambios podrían tener efectos positivos y directos para la población.
Es evidente que ninguna reforma es perfecta y que siempre existirán riesgos. La politización del Poder Judicial sigue siendo un desafío real que deberá enfrentarse con mecanismos sólidos de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, mantener intacto el antiguo sistema tampoco era una opción viable. El statu quo ya había demostrado sus límites.
Esta iniciativa refleja madurez política. Reconoce fallas del primer ejercicio, escucha observaciones técnicas y propone soluciones concretas para hacer viable la transformación judicial a largo plazo.
México atraviesa un momento decisivo en la construcción de un sistema de justicia más democrático. Como toda reforma de gran calado, enfrentará resistencias, errores y ajustes inevitables. Pero corregir no significa claudicar; significa asumir con responsabilidad que las instituciones también deben perfeccionarse.
El verdadero reto no será únicamente modificar las reglas, sino garantizar que quienes lleguen al Poder Judicial actúen con independencia, honestidad y compromiso con la ciudadanía. La vigilancia social será fundamental.
Los zacatecanos —y los mexicanos en general— merecemos una justicia más cercana, transparente y menos subordinada a intereses de grupo. Si esta reforma logra avanzar hacia ese objetivo, habrán valido la pena tanto el debate como las correcciones realizadas en el camino.
Porque en democracia, rectificar a tiempo no es señal de debilidad. Es señal de madurez política.
