Con 69 votos a favor, la Cámara de Senadores eliminó  de la ley los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas, toda vez que son consideradas violatorios de derechos humanos. Las prácticas médicas,  psiquiátricas y hasta religiosas que tenían la intención  de volver heterosexuales a personas homosexuales, ya no son permitidas en México. Únicamente la fracción parlamentaria del PAN votó en contra y se abstuvo. Los panistas pidieron mantener ese ejercicio para personas mayores de 18 años que deseen recibirlas.  La iniciativa contempla penas de dos a seis años para quien obligue, aplique o financie cualquier tipo de “tratamiento” o “terapia” con el objetivo de restringir, impedir o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Esta pena ascendería hasta los 12 años en caso de que se que realice en contra de un menor, adulto mayor o persona con discapacidad. Para las personas que en ejercicio del servicio profesional lleven a cabo estas prácticas se contempla, además, la suspensión para poder ejercer de uno a tres años.