El país enfrenta una profunda crisis de seguridad pública que se ha saldado con una crisis de derechos humanos, en la que están presentes desplazamientos forzados, desaparición forzada de personas, feminicidios, trata de personas, homicidios dolosos y tortura. En Zacatecas desde que llegó “La nueva gobernanza”, la situación se ha agravado.

Las modalidades de tortura incluyen golpes, patadas, insultos, humillaciones, descargas eléctricas en los genitales, presenciar tortura de otras personas, asfixia húmeda y seca, desnudez forzada y tortura sexual.

La corrupción y la impunidad en la entidad les han permitido a las organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas a las gubernamentales. Hay casos donde actúan en colusión con las autoridades. La corrupción les permite actuar con altos niveles de impunidad.

Asimismo, no existe claridad en la voluntad estatal para investigar y sancionar a las autoridades responsables de cometer actos de corrupción. La impunidad ante actos de violencia propicia más violencia, ya que los perpetradores no enfrentan consecuencias de sus actos y se crea un espiral de violencia, corrupción e impunidad.

Pese a la cada vez mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional y la paz artificial que conlleva, la población también vive con la incertidumbre del libre albedrío de los criminales que deciden cuando matar y cuando no -como ejemplo el resiente homicidio de un niño dentro de una iglesia en Fresnillo-. Las y los zacatecanos salimos a la calle con miedo de no regresar, sin importar el género o la edad.

El crimen organizado se ha diversificado, ahora manejan tráfico ilícito de drogas, armas, y migrantes; redes de secuestro; extorsión; y, reclutamiento forzado de personas, lo que les ha generado cifras millonarias. La situación ha escalado una gravedad tal que organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamerica de Derechos Humanos (CIDH) han señalado su preocupación y han exhortado al gobierno mexicano a tomar medidas en consecuencia. La profundidad de esta problemática es tal que hace unos días alcanzamos la vergonzosa cifra de 100 mil personas desaparecidas, eso en cifras oficiales, se estima que la cifra negra es tres veces mayor. 

La violencia generada en las disputas territoriales entre grupos de la delincuencia organizada ha generado desplazamientos forzados de comunidades enteras de Jerez y Valparaíso. Las personas fueron víctimas de amenazas, tortura sexual, ataques a viviendas y propiedades, así como temor al reclutamiento forzado de los hombres y jóvenes. Ante este problema el Estado se ha mostrado indolente, por ello la falta de información oficial evidencia la invisibilización y falta de atención.

Otra situación que agrava las condiciones de violencia en el estado son los altos índices de pobreza, desigualdad y marginación. Las zonas del país que conviven en estas condiciones con altos índices de violencia suelen ser las que tienen mayor presencia de grupos de la delincuencia organizada. Además, la pobreza suele ser un obstáculo para el acceso a la justicia porque la carencia de recursos lleva a muchas personas a no denunciar. 

En las regiones con alta presencia de grupos delincuenciales como Zacatecas la situación de violencia y ataques contra la vida e integridad de las mujeres se agrava. Pese a que el estado cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género en los 58 municipios activa desde la administración Tellista, los índices de violencia contra mujeres han aumentado. 

Esta sí es una herencia maldita para que la que no hay voluntad política de erradicar, la propia secretaria de las Mujeres, Ivonne Villagrana ha sido señalada en varias ocasiones de violencia laboral y malos tratos contra el personal de la Semujer, una secretaría que debe velar por los derechos humanos.

De igual manera, otra situación que abona a la actual crisis de Derechos Humanos es la falta de datos oficiales sistematizados sobre el número de niños, niñas y adolescente víctimas de muertes violentas, así como huerfánxs de feminicidio y homicidio doloso, ambas situaciones preocupantes. 

No existe una regulación y supervisión adecuada de las instituciones que proveen cuidados alternativos de niñas y niños, lo que los expone a situaciones de violencia, negligencia, malos tratos y, abuso y explotación sexual.

En los últimos días se ha vuelto común que niñas, niños y adolescente se conviertan en víctimas de la violencia del crimen organizado en los enfrentamientos entre grupos delictivos. Por ejemplo, el policía municipal y su hijo adolescente asesinados en Fresnillo, durante el día libre del elemento policial. 

La saña con la que están ocurriendo estos ataques implica, que su pretensión es apropiarse del control de la vida económica local, lo que está por encima de la vida de las personas, sin importar si son personas adultas o menores de edad, dejando ver el peor lado de la naturaleza humana: la inmundicia de la ambición y el hambre de dinero.

En nuestro día a día se ha vuelto natural el sonido de sirenas, balazos, gritos de madres, padres y hermanos que claman por la muerte y/o desaparición de sus seres queridos, sin que ninguna autoridad atine a dar una explicación de lo que está ocurriendo, ni porque no se logra la oportuna, pronta detención y castigo de quienes perpetran semejantes atrocidades.