«El poder no está en las manos de quienes dan órdenes, sino en las de quienes cuidan, educan y transforman el mundo».
Malala Yousafzai (activista y Premio Nobel de la Paz)
➡️Miguel «N»
➡️El escándalo y el vano intento de silenciarlo
➡️Despido y amenaza
➡️Las interrogantes
De salida
➡️8M y paranoia institucional
Miguel «N»
El 23 de mayo de 2025, en la Universidad Tecnológica de Zacatecas (UTZAC), ocurrió un presunto intento de violación. De eso dio cuenta Samuel de Jesús Flores González, el pasado viernes al acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) a reportar el incidente. Según relató en una entrevista previa para este medio, por fortuna para la víctima, una persona llegó y evitó que se concretara el abuso. El presunto agresor es Miguel “N”, adscrito como Analista Administrativo desde 2021 -a la fecha- en el Ayuntamiento de Guadalupe —como consta en la PNT—. La presunta víctima es trabajadora de seguridad de una empresa privada. De acuerdo con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Zacatecas (SUTUTEZ), existe material probatorio del hecho. Hay audio y video que tendrá que analizar el organismo a cargo de Cristian Paul Camacho Osnaya. El 8 de febrero pasado, el líder sindical envió un oficio a la Secretaría de Educación para solicitar la destitución de la rectora de la UTZAC Violeta Cerrillo Ortiz. ¿La razón? Se le señala de pretender despedir injustificadamente a quienes alertaron sobre el abuso ocurrido en la institución. ¿Todo por su afán de proteger al probable agresor sexual? Así parece.
El escándalo y el vano intento de silenciarlo
La Oficialía de Partes del Poder Legislativo también firmó de recibido el oficio remitido por el SUTUTEZ hace unas semanas. En el documento se acusa a Violeta Cerrillo de emprender una cacería de brujas contra trabajadores de la UTZAC. Se menciona, de inicio, que busca el reemplazo de la directora de Administración y Finanzas, Esther Oralia Félix Estrada. Contra quien – también señala el oficio- se comete Violencia Laboral por Retaliación. Aplica, como dice en el texto, “cuando un superior jerárquico toma medidas disciplinarias injustificadas contra una trabajadora o trabajador, por denunciar, apoyar o defender a una víctima de acoso o abuso sexual”. Y es que la exdiputada local justificó su intención de despido en el oficio 036/REC/2026, que hizo llegar a la Secretaría de la Función Pública, por, cito: “La existencia de un Procedimiento Administrativo en trámite ante la Secretaría de la Función Pública, identificado con el número UI/070/DEN/2025, en el cual se señalan hechos que pudieran ser constitutivos de responsabilidad administrativa, lo que impide a esta universidad mantener la confianza institucional necesaria para la continuidad de la relación laboral en un puesto de carácter directivo y estratégico”.
Despido y amenaza
El procedimiento administrativo que inició Cerrillo Ortiz ante la dependencia de Ernesto González Romo, también va contra Juan Carlos Anaya Garay, Ignacio Becerra Chávez, Antonio Ávalos Reveles y María Esther Becerril Saráchaga. La paradoja es que se originó por la reacción de ese personal en el presunto intento de violación. La rectora les acusa que lo denunciado en un Acta Circunstanciada sobre la agresión a la trabajadora de la empresa de seguridad privada – firmada por ellos como testigos y la empresa de seguridad responsable de la trabajadora agredida-, es falso. Empero, ya pasó casi un año de la presunta agresión que la titular de la Universidad intentó ocultar a toda costa. Sin embargo, tiene mucho que explicar, máxime cuando se habla de que hay evidencia -el audio y el video señalado anteriormente- de la agresión. Al respecto, el 24 de mayo de 2025 —un día después del hecho— la víctima dio cuenta de la desagradable experiencia al contador Juan Carlos Anaya Garay, quien luego se reunió con los administrativos del plantel educativo para redactar el Acta Circunstanciada ya mencionada. En palabras de Flores González, al enterarse la rectora de ese movimiento, la primera represalia fue el despido de la maestra María Esther Becerril Saráchaga -jurídica de la institución- por firmar el acta. Luego, amenazó a las y los involucrados con un enfático: “Se van a arrepentir de lo que hicieron”.
Las interrogantes
A partir de lo relatado, el enfrentamiento entre la rectora y ese grupo de sindicalizados ha ido en ascenso. Ella, en el colmo del cinismo, los acusó de Violencia Política de Género en una conferencia de prensa reciente, por solicitar su destitución. No obstante, las preguntas que saltan son: ¿Por qué Cerrillo Ortiz protege tan empecinadamente a un presunto abusador sexual? Por otro lado, no se escapa de la lupa, la irregularidad que solapa Pepe Saldívar al sostener en la nómina del Ayuntamiento de Guadalupe a un trabajador que sirve a la rectora de la UTZAC. Por último ¿Qué le debe la rectora a Miguel «N»? O ¿qué le sabe él, como para que ella emprenda toda una cruzada en su defensa, sin importar las afectaciones que ya padece la universidad? Son las dudas.
De salida
8M y la paranoia institucional
