Sobre la pluma: Claudia Anaya Mota es una política zacatecana que actualmente es senadora de la República.
El último tramo de 2025 no pasó inadvertido en el Congreso de la Unión. Este periodo (como los otros donde MORENA ha tenido mayoría absoluta) se ha caracterizado por hacer una legislación desastrosa, en la que quitan mecanismos de defensa a la ciudadanía, se debilitan las instituciones y le dan más poder al poder.
Se aprobaron cambios fiscales de alto alcance a través de las modificaciones al IEPS. El aumento de cuotas a productos como bebidas azucaradas, tabaco y alimentos no saludables fue presentado como una medida de salud pública, y ciertamente podría contribuir a reducir el impacto de enfermedades ligadas al consumo excesivo de azúcar o alcohol. Sin embargo, su efecto inmediato será económico: presión adicional sobre pequeños comercios, industrias que operan con márgenes estrechos y consumidores que ya cargan con un aumento en el costo de vida. El reto no es solo recaudar más, sino asegurar que esos recursos, se administren con transparencia y realmente mejoren la prevención y la atención médica.
En materia de justicia, la reconfiguración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con jueces emanados de las urnas y que semanalmente nos dan muestras de su inexperiencia con sus pifias que son motivos de burlas constantes en redes sociales y los ajustes al Código Nacional de Procedimientos Penales, buscan simplificar procesos y mejorar la persecución de delitos, pero el problema es que, combinados con la reforma al amparo, pueden traducirse en un terreno más desigual para quienes buscan defenderse frente al Estado. La justicia penal mexicana necesita modernización, sí, pero exige también una vigilancia permanente para evitar que el deseo de eficiencia se convierta en un debilitamiento de garantías básicas, porque desafortunadamente, los nuevos juzgadores han mostrado su abierta simpatía con quienes ejercen el poder polìtico mayoritario.
Otro tema no menos importante pero más reciente, es la aprobación de Ley de Aguas Nacionales, una norma muy esperada que llegó con un alto costo político. La ley reconoce el agua como un derecho humano y un bien estratégico, pero centraliza su gestión en la autoridad federal, establece prioridades sociales claras —como el consumo humano y el saneamiento— y crea sanciones más severas para quien contamine o acapare. Hasta aquí, todo parece ser razonable, pero también impone restricciones a la transferencia de concesiones y abre la puerta a un mayor control gubernamental sobre su asignación y no da un trato diferenciado en el uso de los volúmenes a los productores y la industria, no se puede tratar igual a los que de origen, no lo son. Para el campo, la industria manufacturera, la minería y la agroindustria, esta decisión significa reconfigurar sus modelos productivos y enfrentar una mayor incertidumbre sobre disponibilidad y continuidad de sus derechos hídricos.
En conjunto, estas reformas plantean riesgos importantes: la centralización del agua puede derivar en decisiones discrecionales; el aumento del IEPS podría ahogar a pequeños negocios si no se acompaña de políticas de apoyo; las modificaciones al amparo y al sistema penal pueden desequilibrar la relación entre poderes y reducir la capacidad de control judicial.
El verdadero desafío está en el cómo. Las leyes, por sí solas, no resuelven problemas: los pueden agravar si se implementan con opacidad o sin considerar los efectos regionales y sectoriales. Lo que aprobó el Congreso en estos meses obliga a revisar, con seriedad, el papel del Legislativo como contrapeso y el rol del Ejecutivo en la ejecución de políticas públicas. Obliga también a que ciudadanía, organizaciones y sectores productivos mantengan una vigilancia activa, informada y exigente.
Cuando un grupo político tiene el poder absoluto, ya no respeta nada y a nadie. La muestra está en nuestra tierra, Zacatecas, donde el Obispo llama al diálogo, a la revisiòn del actuar de las autoridades para atender las inquietudes y demandas de las madres buscadoras, la respuesta insittucional es amedrentado con una demanda, con un poder judicial a modo y al servicio del poder político dominante.
Esta y otras experiencias de este año, nos deben llamar a la reflexión sobre a quién le estamos dando el poder y se lo estamos dando un grupo que ha mostrado no estar preparado para ejercerlo ni para hacerse responsable de resolver.
Por mi parte, refrendo mi compromiso de seguir estudiando, preparando cada debate y votando a conciencia, con mi mente siempre en Zacatecas y en México.
