Durante los últimos días la revocación de mandato, impulsada por el titular del ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, se mantuvo en la agenda mediática del paíís ya que se trata de un instrumento con el cual México podrá transitar de la democracia representativa a la democracia participativa.

Su organización ha supuesto una batalla política entre el Instituto Nacional Electora (INE) y el Presidente. El Instituto argumenta que no tiene la suficiencia presupuestal ni los recursos para poder realizarlo de manera óptima; mientras que el ejecutivo ha desestimado su argumento e incluso lo ha calificado como conservador como en otras ocasiones.

El órgano electoral intentó posponer la realización de este ejercicio democrático que prevé realizar el próximo mes de abril. Presentó una controversia constitucional contra la determinación de la Cámara de Diputados de no aprobar el presupuesto que ese instituto había solicitado rumbo al 2022, incluyendo los 3 mil 800 millones de pesos para realizar el posible refrendo revocatorio.

Sin embargo, su estrategia legal falló, el ministro Juan Alcantara no les concedió la suspensión para frenar el proceso; la resolución del Tribunal del Poder Judicial de la Federación indica que debe continuar con la organización de la consulta. 

Lo anterior, obligará al instituto a realizar una revisión presupuestal para ver los posibles ahorros, para ajustar su presupuesto y realizar este ejercicio. El magistrado presidente del instituto electoral, Lorenzo Córdova lamentó que solo se le asignara 1 mil 503 millones de pesos, lo que no garantiza que se realice el ejercicio de manera óptima.

Asimismo, señaló que el instituto no afectará ni comprometerá otras funciones, estatutos ni los derechos laborales de los empleados. Debido a que este año deberá organizar los comicios de Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Durango.

La democracia participativa es un modelo consolidado que revolucionó la concepción clásica de la democracia, a través de los instrumentos de participación ciudadana que extienden la intervención de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones distintos a los electivos, sin eliminar la representación política, cuyo objetivo es la redistribución real de poder. Una de las innovaciones de este modelo es la revocación de mandato.

Lo anterior, es una innovación ya que en la democracia representativa no existe mandato imperativo, por tanto el representante no está obligado a cumplir el mandato de su electorado –cuando llegan al poder atienden a los intereses propios o de su partido y no los del pueblo-. 

La revocación  será posible en caso de que el electorado lo decida y el presidente dejará su cargo, dejando como interino al presidente del Congreso para que sea ese poder  quien elija por mayoría absoluta a quien sea el sucesor. Deberán participar por lo menos 2/3 de los legisladores de ambas cámaras.

Para que se reconozca la validez del proceso deberá comprobarse la participación de al menos el 40% del padrón de personas inscritas en la lista nominal nacional de electores. La revocación precederá por mayoría absoluta, es decir, 50 por ciento más uno.

Se trata de un excelente instrumento democrático, pero por la forma en que fue elaborado se desdemocratiza al quitarle al electorado la posibilidad de elegir a la nueva figura presidencial. Hay estudiosos que lo califican como una banalización de los instrumentos democráticos.

El INE es el árbitro de nuestro país y la pelea personal entre los consejeros y el presidente solo lleva al debilitamiento de esta importante institución, cuya creación costo a partidos, asociaciones y movimientos sociales de la izquierda mexicana. Además, es de las autoridades democráticas más sobresaturadas y recargadas de tareas y responsabilidades en el mundo.

Si bien el instituto ha sido señalado por los excesos del pasado y estos no deben continuar se requiere de fortalecer las instituciones democráticas, su debilitamiento no abona a democracia del país. Incluso parece que los consejeros de este instituto son presa de persecución política, debido a que el morenista y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna interpuso una denuncia penal en su contra. Casualmente luego, del acuerdo que interpusieron para aplazar la revocación de mandato por insuficiencia presupuestal.