Sobre la pluma: Renata Ávila es economista, periodista y actualmente diputada local de Zacatecas por el PT
México se encamina a una nueva reforma electoral, pero el debate sigue concentrado en diseños institucionales y disputas coyunturales, dejando en segundo plano los problemas que más afectan la calidad de nuestra vida pública: campañas que contaminan, procesos que privilegian el dinero por encima de las ideas y candidaturas que no siempre cuentan con la preparación necesaria para ejercer el poder.
Pierre Bourdieu advertía en Sobre el Estado (2012) que las instituciones pueden reproducir inercias que las desgastan cuando no se transforman en lo esencial. Eso es justamente lo que ocurre cuando normalizamos campañas que dejan toneladas de residuos y muy pocas propuestas.
Los datos recientes son alarmantes. De acuerdo con Greenpeace México, solo en la Ciudad de México, la propaganda electoral de 2024 generó al menos 25 mil toneladas de basura plástica, mientras que la Universidad Iberoamericana calculó cerca de 10 mil toneladas únicamente por pendones. Un reportaje de El País advirtió incluso un posible “tsunami” de hasta 30 mil toneladas de desechos electorales. La propaganda impresa, que tarda entre 100 y 500 años en degradarse, se ha convertido en uno de los principales contaminantes de los espacios públicos en cada proceso electoral. Es difícil sostener que esto fortalece la democracia; más bien la desprestigia.
Esta crisis ambiental oculta un problema mayor: la lógica que estructura nuestras campañas. Manuel Castells lo explica en Comunicación y poder (2009): la política contemporánea se ha desplazado hacia una lucha por la visibilidad. Bajo este esquema, las elecciones mexicanas se reducen a quién tiene más recursos para saturar el espacio público, no a quién tiene el mejor diagnóstico o el proyecto más viable. Nadia Urbinati, en Democracy Disfigured (2014), señala que cuando la política se convierte en espectáculo, la deliberación se erosiona y la ciudadanía pierde capacidad de evaluar críticamente a quienes buscan gobernar. Nuestros procesos electorales tienden a confirmar ese diagnóstico.
La desigualdad territorial amplifica aún más el problema. En estados como Zacatecas, donde muchos municipios carecen de infraestructura para manejar residuos, la propaganda termina en arroyos, tiraderos clandestinos y caminos rurales. Los municipios más pequeños cargan con basura que no generaron, y los centros históricos se saturan de materiales que nadie retira. Leonardo Morlino lo planteó en Quality of Democracy (2011): no puede haber democracia de calidad sin condiciones materiales equitativas. En México, la manera en que hacemos campañas profundiza desigualdades que ya son graves.
A este escenario se suma un hecho poco discutido: desde la reforma de 2014, la fiscalización electoral está completamente centralizada en el INE. La LGIPE, la LGPP y el Reglamento de Fiscalización establecen que la autoridad nacional revisa y sanciona todos los ingresos y gastos, tanto federales como locales. Los OPLE dejaron de fiscalizar técnicamente. Si el modelo nacional se basa en trazabilidad digital, ¿por qué seguimos sosteniendo campañas ancladas en materiales opacos, costosos y ambientalmente desastrosos?
Reducir la propaganda impresa no es solo una decisión ambiental; también es una decisión de equidad en la competencia. La Ciencia Política demuestra que los costos de campaña profundizan las brechas entre candidaturas con recursos y aquellas con menos posibilidades de financiamiento. Este desequilibrio perjudica especialmente a mujeres y personas de la diversidad, que enfrentan históricamente menos acceso a financiamiento y más violencia simbólica. Modernizar las campañas es también una forma de avanzar hacia una competencia más justa.
Pero el debate sobre la reforma electoral debe ir más allá del tema ambiental. Chomsky, Manin y Habermas, desde distintos ángulos, coinciden en algo fundamental: la democracia se degrada cuando quienes compiten por el poder no cuentan con la preparación necesaria o con proyectos reales que puedan ser evaluados por la ciudadanía.
La calidad democrática depende tanto de las reglas como de la calidad de quienes ejercen el poder. Por eso es necesario establecer que quienes aspiren al Poder Ejecutivo presenten un Proyecto de Plan de Desarrollo desde su registro; que quienes busquen un escaño legislativo registren una Agenda Legislativa Inicial; y que quienes pretendan formar parte del Poder Judicial pasen por procesos meritocráticos, públicos y técnicos, como ocurre en las mejores prácticas internacionales.
Las discusiones internacionales refuerzan la pertinencia de este rumbo.
Chile regula estrictamente los espacios para propaganda; Irlanda plantea prohibir los pósters electorales; Bangladés ya lo hizo. Perú exige un Plan de Gobierno para inscribir candidaturas; Europa profesionaliza la carrera judicial mediante consejos especializados; América Latina avanza en concursos públicos y evaluaciones colegiadas. México no tendría que inventar nada: solo tendría que decidir modernizar su sistema.
No podemos olvidar la dimensión digital. La transición hacia campañas limpias debe ir acompañada de reglas para el microtargeting, la propaganda automatizada, los deepfakes y la desinformación. La Unión Europea y Canadá ya discuten este marco. Limitar la propaganda física sin regular la digital sería insuficiente: la democracia también se contamina de información tóxica.
La ciudadanía mexicana vive una fatiga política creciente. La saturación de mensajes —físicos y digitales— genera apatía y rechazo. La propaganda impresa, además, es incompatible con los compromisos ambientales del país. No podemos hablar de transición energética, economía circular o justicia ambiental mientras permitimos campañas basadas en toneladas de plástico no reciclable.
La pregunta central es profunda: ¿qué modelo de democracia queremos? ¿Una democracia ruidosa, costosa y contaminante? ¿O una democracia deliberativa, profesional, responsable y sostenible? Pippa Norris lo resume en su marco de integridad electoral: equidad, transparencia, información y justicia. Si México asume ese horizonte, modernizar la manera en que hacemos campañas no será una opción, sino un paso indispensable.
Menos basura, menos simulación y menos gasto inútil. Más proyectos, más preparación, más integridad y más ciudadanía. Ese es el país que podemos —y debemos— construir.
