Plan B: la centralización del poder y  la historia federalista de Zacatecas 

Este martes, la titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República el llamado Plan B de la reforma electoral. Con este nuevo intento —que, según el discurso oficial, busca responder a una supuesta demanda popular y se justifica en la austeridad— se pretende adelgazar al árbitro electoral, a los congresos locales y a la estructura organizativa de los municipios. No se trata de asuntos menores.

Las reformas impulsadas por la llamada Cuarta Transformación comparten un hilo conductor: disminuir, asfixiar presupuestalmente o incluso desaparecer instituciones que garantizan el equilibrio y la división de poderes. La diferencia en esta ocasión es que el embate ya no se limita al ámbito federal. Ahora apunta directamente a las estructuras locales de gobierno, lo que inevitablemente fortalece el centralismo y debilita el federalismo que da sustento a nuestra República.

Por ello es importante que, particularmente nosotros, las y los zacatecanos, recordemos nuestra historia. Somos herederos de una profunda tradición federalista. Figuras como Francisco García Salinas, José María Bocanegra, Manuel González Cosío y Jesús González Ortega defendieron la autonomía de los estados y sentaron las bases del Pacto Federal que aún rige la vida pública del país.

Nuestra historia demuestra que Zacatecas ha sido un pueblo que defiende su capacidad para organizarse política y administrativamente sin permitir que intereses externos definan su destino. No olvidemos que Zacatecas se declaró estado libre y soberano en 1823, incluso antes de la promulgación de la Constitución Federal de 1824.

Hoy Morena pretende imponer su visión sobre la organización de los municipios del país, desconociendo la realidad que viven las entidades federativas y sus comunidades. En Zacatecas, por ejemplo, los municipios enfrentan problemas verdaderamente urgentes: 46 de los 58 alcaldes mantienen adeudos con el IMSS que aún no encuentran una vía de solución. Sin embargo, para el oficialismo, la prioridad parece ser otra: ejercer control político y administrativo desde el centro, incluso definiendo el número de regidores en los ayuntamientos.

Zacatecas, por el contrario, ha demostrado capacidad para adaptar su representación política a las necesidades de su población. Un ejemplo claro es la reforma a la Ley Orgánica Municipal realizada en 2016, mediante la cual se fortaleció la representación ciudadana en las regidurías de acuerdo con el tamaño de la población. Así quedó establecido en el artículo 38, que define con precisión el número de regidores electos por mayoría relativa y por representación proporcional.

El argumento para adelgazar la organización municipal y los congresos locales es un supuesto ahorro que —según el gobierno federal— se destinaría a programas sociales. Pero la realidad muestra otra cosa. A las y los mexicanos nos ha salido mucho más cara la corrupción, la improvisación y la ineficiencia gubernamental.

Ahí están ejemplos preocupantes: el llamado huachicol fiscal; la porosidad de nuestras fronteras, que permite el ingreso de mercancías que dañan al mercado nacional; la creciente participación del crimen organizado en la política —llegando incluso a imponer candidatos—; los sobrecostos y resultados cuestionables de grandes obras de infraestructura; y, en general, una administración deficiente de los recursos públicos.

Las consecuencias ya se reflejan en las finanzas nacionales. Hoy México enfrenta un déficit fiscal cercano al 5 % del Producto Interno Bruto, una cifra que evidencia los costos de una administración pública más enfocada en el control político que en la eficiencia institucional.

Entiendo la política de austeridad que busca impulsar la Presidenta. Sin embargo, se trata de una estrategia mal planteada que, además, desconoce la realidad municipal. En Zacatecas, por ejemplo, hay regidores que perciben ingresos mensuales cercanos a los siete mil pesos. Incluso en Fresnillo —el municipio donde más gana un regidor— sus percepciones apenas alcanzan aproximadamente la mitad del salario que la propia Presidenta ha señalado públicamente como referencia.

Comparto la preocupación por el gasto público excesivo que puede existir en algunas instituciones. No obstante, esa preocupación no puede convertirse en pretexto para debilitar a los gobiernos estatales y municipales ni para justificar que desde el centro se pretendan definir asuntos que corresponden a la vida política y administrativa de las entidades federativas.

Reducir la representación democrática y debilitar a los gobiernos locales no resolverá los problemas del país. Por el contrario, concentrar el poder en el centro pone en riesgo los equilibrios que sostienen nuestra vida democrática.

El federalismo no es un obstáculo para gobernar; es una garantía para evitar que el poder se concentre en una sola mano. Defenderlo no es un asunto ideológico ni partidista: es una responsabilidad histórica.

Porque cuando el poder se centraliza, lo primero que se debilita no es la burocracia, sino la democracia. Y esa es una lección que México —y particularmente Zacatecas— no debería olvidar.