Sobre la pluma: Claudia Anaya es actualmente senadora de la República
La reciente captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, volvió a revelar uno de los engranajes menos visibles —pero más reveladores— de la maquinaria criminal: las llamadas narconóminas. Se trata de listas detalladas de pagos sistemáticos a autoridades corruptas, operadores logísticos y colaboradores que, durante años, sostuvieron la expansión territorial y operativa de esta organización delictiva.
Entre los registros difundidos destacan los pagos semanales destinados a los llamados halcones: jóvenes encargados de vigilar calles, accesos a ciudades o puntos estratégicos. Su función es sencilla, pero crucial para el funcionamiento del crimen organizado: observar, reportar movimientos sospechosos por radio, teléfono o aplicaciones de mensajería y, sobre todo, alertar sobre operativos de fuerzas como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano o policías locales. En otras palabras, son los ojos del cártel.
Las cifras que aparecen en esas narconóminas resultan tan reveladoras como inquietantes. Los halcones recibían entre dos mil y tres mil pesos semanales. Un ejemplo de los registros titulados “Semana 1” indicaba: “36 halcones de $2,000 c/u … $72,000”. En otros renglones del mismo documento se detallaban pagos adicionales: “4 muchachos base Halcones … $12,000”, “4 relevos base Halcones … $12,000”, “3 corredores Halcones … $9,000”.
En contraste, los pistoleros —identificados en los documentos como muchachos de choke— recibían una remuneración ligeramente mayor: cuatro mil pesos semanales. Una nota titulada “Semana 2” lo resumía así: “26 muchachos de choque … $104,000”. Es decir, cuatro mil pesos por persona para quienes asumen el mayor nivel de violencia dentro de la organización.
Las cifras, por sí solas, desmontan uno de los mitos más extendidos sobre el narcotráfico: la idea de que el crimen organizado ofrece ingresos extraordinarios para los jóvenes. En realidad, las narconóminas muestran lo contrario. Los sueldos son bajos incluso si se comparan con empleos formales de baja calificación. En 2025, el salario mínimo en gran parte del país rondaba los dos mil pesos semanales y, en la frontera norte, superaba los tres mil pesos.
La paradoja se vuelve aún más evidente si se observa el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga un apoyo mensual cercano a los 9,582 pesos, además de capacitación laboral y acceso a seguridad social. Traducido a términos semanales, el ingreso que ofrece el Estado puede ser similar —o incluso mayor— al que reciben quienes arriesgan la vida como vigilantes del narco.
Entonces, si el dinero no es particularmente alto, ¿por qué tantos jóvenes terminan enrolados en las filas del crimen organizado?
Diversos estudios de organismos como UNICEF y la Red por los Derechos de la Infancia en México advierten que la edad promedio de quienes desempeñan estas funciones suele oscilar entre los 15 y los 22 años. En algunos contextos de alta marginación, incluso hay adolescentes de entre 13 y 17 años que comienzan como halcones.
En ese escenario, el factor económico parece ser solo una parte del problema. La promesa de pertenencia, la adrenalina, la normalización de la violencia en ciertos territorios o la idea —frecuentemente alimentada por la cultura popular— de una vida rápida y glamorosa pueden resultar más seductoras que un salario estable pero rutinario.
De ahí que las respuestas públicas no puedan limitarse únicamente a transferencias económicas. Si bien los apoyos sociales son necesarios, por sí solos difícilmente desactivarán el atractivo que el crimen organizado ejerce sobre algunos sectores juveniles, porque esta problemática es mucho más profunda. Es evidente que participar en el crimen organizado, es garantía de muerte y destrucción, tanto para los jóvenes como para sus familias y en consecuencia, para la sociedad.
Existen experiencias internacionales que muestran caminos posibles. En Londres, por ejemplo, se implementó la estrategia Violence Reduction Unit, un modelo que aborda la violencia juvenil como si se tratara de un problema de salud pública. Bajo este enfoque, trabajadores sociales intervienen con jóvenes detenidos o en riesgo, ofrecen acompañamiento psicológico, apoyo educativo y seguimiento cercano para evitar la reincidencia.
Los resultados han sido alentadores: alrededor del 90 % de los jóvenes de entre 10 y 17 años que recibieron este tipo de intervención no reincidieron en un año. La clave no fue únicamente la sanción, sino el acompañamiento constante y la construcción de alternativas reales de vida.
La lección es clara. Inhibir la participación de los jóvenes en el crimen organizado requiere algo más complejo que repartir dinero o endurecer penas. Implica identificar tempranamente a quienes están en riesgo, fortalecer las redes comunitarias, ofrecer oportunidades educativas y laborales, y construir una presencia institucional capaz de disputar el territorio —no solo con fuerza, sino también con esperanza- al ofrecer caminos reales y sostenidos para un cambio real de vida.
