Según Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de 2016 a 2018, los cárteles de la droga generaron en México alrededor de un billón de pesos por sus operaciones delictivas.
Lo que ocurre en Tamaulipas, que involucra a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a Américo Villareal, delata nexos del narco tanto del gobernador saliente como del entrante. Es una muestra palpable de que las élites económicas –políticos, narcotraficantes, artistas- conviven en santa paz en las cúpulas.
Mientras tanto, tratan de taparle el ojo al macho al simular en las calles, guerras contra las actividades ilícitas como el tráfico de narcóticos. Autoridades nacionales –y hasta internacionales- se benefician con dinero manchado por la sangre del pueblo al que engañan con discursos en los que dilapidan saliva. Verborrea barata que adormece a las masas, dadas a creer en promesas mesiánicas que no encarnan verdaderos compromisos de cortar las ligas con el poder fáctico.
Los acuerdos suceden veladamente desde hace sexenios en el país, algunos han trascendido a la escena mediática. En el de José López Portillo, quedó en la historia el meteórico ascenso económico de Arturo Durazo Moreno, mejor conocido como “El negro” Durazo. El cruel exjefe de la Policía Mexicana cobró relevancia no sólo por sus métodos medievales de tortura, también por sus relaciones con narcotraficantes.
La relación entre Genaro García Luna, el ex Secretario de Seguridad de Felipe Calderón y la organización de Joaquín Guzmán Loera, es un ejemplo reciente. Quien hoy espera juicio en Estados Unidos por acusaciones de conspiración internacional para distribuir, poseer e importar cocaína, también fue acusado en su momento de ejecutar la orden de exterminar a cárteles antagónicos con el objetivo de consolidar el monopolio de esa agrupación delictiva.
Esa era una de las prioridades de la guerra contra el narcotráfico que desde 2007, inauguró Felipe Calderón en Michoacán. Aunque la estrategia de seguridad se cacareó como el ataque frontal al crimen organizado, derivó en la ramificación de los grupos.
El fracaso de dicha estratagema, no se discute, sin embargo los sexenios que le siguieron, han sido marcados por la inercia y los ríos de sangre, escabrosamente más normales cada vez. Lo que suponía de inicio, al estado combatiendo dos cárteles hegemónicos, se convirtió al pasar de los años, en una emulación de la Hidra de Lerna.
El ataque en el que fueron asesinados 6 policías municipales de Calera entre los que se encontraban el Director y el Subdirector de Seguridad Pública, tiene muchas aristas. Se explica en la mutación que han sufrido los acuerdos entre las cúpulas políticas al multiplicarse las asociaciones delictivas que pugnan por el control territorial.
Las relaciones narco-estado, presentes desde hace décadas se complicaron en los últimos 12 años. De acuerdo al informe sobre el crimen organizado que publicó el Congreso Estadunidense a finales de 2021, 9 cárteles, subdivididos en decenas de células delictivas pelean en el territorio mexicano.
En Zacatecas según información oficial, al menos 6 de ellos se encuentran enquistados en las diferentes regiones estatales. Por su geografía nodal que conecta a las regiones más importantes de país, la entidad se ha convertido en importante para el trasiego de estupefacientes.
El sometimiento de policías de los 58 municipios no es casual y plantea que frente a desventajas estructurales, no se puede competir con grupos cuyo armamento y organización son superiores.
A fuerza de plata y plomo se doblega a autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Empero, no se puede servir a dos- o tres, o cuatro- amos. Si bien Adolfo Marín, ha señalado que los asesinatos de policías –que ya suman 44-, se deben a golpes contundentes a la delincuencia, el video viral en el que se le acusa de nexos con criminales junto con otros funcionarios del gobierno estatal y federal -como Verónica Díaz-, plantea otras teorías. Además de indicar que es estado fue rebasado e impera la impunidad que permite a los delincuentes hacer y deshacer, se piensa que los ataques contra elementos de justicia, son «mensajes» de un grupo antagónico al que acordó con el poder.
Por otra parte, las autoridades simulan inferir que basta el dispendio de recursos públicos para arrancarle posibles esclavos al narco cuando lo que urge es una táctica integral que involucre a la sociedad, sí, pero en la que los tres poderes del Estado cumplan su función. México pasó de ser territorio de transporte de drogas a Estados Unidos a mercado boyante de consumo. Eso plantea adecuar leyes acordes con esa realidad que contribuyan a menguar el imperio de la muerte.
La pregunta es ¿Conviene a la clase política que se legalice el negocio de las drogas y que su precio se defina por las leyes de la oferta y la demanda? Por supuesto que no. Las ganancias millonarias las obtienen gracias a la calidad ilegal de esa actividad. Si les tiembla la mano para descongelar la regularización de la Cannabis, no se puede esperar mucho. Si bien la reconstrucción del tejido social es una parte fundamental, no se le puede cargar a la sociedad toda la responsabilidad del problema.
El estado no muestra interés en recuperar el monopolio legítimo de la violencia porque al final, las bajas las ponen las clases pobres, no las élites. No es casualidad que los grupos criminales no sólo hayan proliferado en los últimos años, sino que también diversificaron sus actividades hacia mercados legales. Si el poder no se quita la máscara y continua recibiendo moches debajo de la mesa entretanto despliega soldados, la violencia seguirá.
De Salida
PRIMor.- Enrique Laviada deslizó ayer en un comentario en Facebook un acuerdo desde el Senado para consolidar también en el plano local el PRIMor. El diputado que llegó por Morena, brincó a Movimiento Ciudadano y hoy pertenece a la bancada del PRD, escribió: “Ya viene el PRIMOR versión Zacatecas. El padrino y la madrina le dan la bendición desde el Senado (no es ironía)”. La referencia es clara. Ricardo Monreal y Claudia Anaya plancharon acuerdos para que en el Poder Legislativo entre priistas y morenistas prive la concordia, aunque sea temporal. Los priistas no sólo tendrán que tratar bien a los emisarios de la Nueva Gobernanza que desfilarán en las comparecencias de la glosa del Primer Informe de David Monreal. También –y más importante- avalarán a Maricela Dimas como la próxima titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ). El organismo autónomo por el que pelea también el abogado Jorge Rada, quien podría sentar un precedente que equilibre la balanza, se requiere genuflexible, ya que la entidad tiene un gobernante de cristal.
¿Siempre no?.- No obstante, no todo parece miel sobre hojuelas. Ayer y en sincronía, como bailarinas acuáticas, José Juan Estada, del PRI y Xerardo Ramírez del PT, publicaron en sus muros de Facebook comentarios relativos a sacar de la congeladora el tema de darle ombudsperson a la CDHEZ. Parece que se rompió la armonía que se vio el miércoles en el Congreso al asignar a Gabriela Basurto presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a Georgia Fernanda Miranda, como titular del Órgano de Administración y Finanzas (OAF). El priista criticó la premura a la reunión en la Comisión de Derechos Humanos, citada fast track, aludiendo «alguna instrucción”. Frente a ello, el alfil de Geovanna Bañuelos, se quejó amargamente por la inasistencia de 3 de los integrantes de dicha comisión que “sigue afectando la productividad legislativa”. Los faltantes fueron los secretarios Karla Dejanira Valdez, José Juan Estrada y Priscila Benítez, por lo que la comisión no sesionó. Solo acudieron Xerardo Ramírez y la Presidenta Georgia Fernanda Miranda. Parece que la “instrucción” no alcanzó para suavizar asperezas. Ya veremos.
