Sobre la pluma: Antonio Valentín Argüelles Rivera es un abogado especialista en Sistema Acusatorio Adversarial y ex candidato a magistrado de circuito en Zacatecas propuesto por el Poder Judicial
El Banco de México (Banxico) volvió a encender las alarmas. La semana pasada recortó su pronóstico de crecimiento económico para 2025: de 0.6% a apenas 0.3%. El ajuste refleja una debilidad mayor a la anticipada, tras la contracción del tercer trimestre. Y aunque la inflación general muestra una tendencia a la baja, la subyacente persiste, en medio de un entorno global incierto y con la actividad productiva en retroceso.
La historia no mejora en 2026. Banxico redujo su previsión de crecimiento de 1.8% a 1.1%. Para la gente, eso significa menos oportunidades laborales y una obra social prácticamente inexistente.
A este panorama se suman advertencias como la de Iván Arias, economista en jefe de Banamex: la deuda pública podría alcanzar el 60% del PIB en 2027. No es un escenario hipotético, sino una amenaza real que pondría en riesgo la calificación soberana. “En seis meses nos quitan el grado de inversión”, advierte. El resultado sería un colapso económico que evocaría las crisis de 1982 o 1995.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ya colocó el tema en su agenda. Según sus cálculos, antes de 2030 llegaremos a ese nivel de endeudamiento, lo que aceleraría la pérdida del grado de inversión y nos empujaría a terreno especulativo.
El origen del problema se remonta a junio de 2020, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador permitió que la deuda llegara a 60.2% del PIB, diez puntos más que al inicio de su gobierno. Además, fijó un límite de hasta 70%. Esa decisión abrió la puerta a un endeudamiento que hoy condiciona la política económica.
El riesgo es evidente: nos encaminamos hacia un nivel de deuda inadmisible para las calificadoras, que difícilmente encontrarán razones para mantenernos el grado de inversión. El PIB no crece y Pemex no produce más crudo.
En términos futboleros, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, juega tiempos extra en la economía. Pero pronto vendrán los penales. Y basta con que una calificadora cambie la perspectiva a “negativa” para que se desate la catástrofe. No será culpa de Calderón, ni de los conservadores, ni del PRIAN. Será responsabilidad exclusiva del régimen de la Cuarta Transformación y sus aliados.
COLOFÓN
Amigo lector, las señales que emiten los especialistas en economía —tanto dentro como fuera de México— apuntan en una sola dirección: urge corregir el rumbo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha recibido advertencias reiteradas sobre la importancia de mantener la disciplina fiscal y un gasto público responsable. Sin embargo, el régimen parece decidido a ignorar esas alertas. Su prioridad, más que la estabilidad económica, es prolongar su permanencia en el poder mediante la entrega masiva de recursos públicos disfrazados de apoyos sociales, cuyo propósito real es electoral.
El problema no es menor. Presionar las finanzas públicas hasta el límite, aun a riesgo de provocar una crisis, no solo es irresponsable: es profundamente antiético. Porque cuando la economía estalla, no son los gobernantes quienes pagan el costo, sino los ciudadanos que terminan empobrecidos. Y a este régimen, todo indica, no le preocupa que el país se fracture si eso garantiza conservar el control político.
Por otro lado, el panorama adquiere sentido cuando observamos la voracidad recaudatoria que se ha instalado como norma. Los impuestos aumentan, la vigilancia sobre las transacciones digitales se intensifica y el control sobre el sistema bancario se vuelve cada vez más férreo. El mensaje es claro: exprimir a quienes se atreven a emprender, a invertir, a construir un patrimonio con la esperanza de un futuro mejor.
