Sobre la pluma: Norma Galarza Flores es economista por la UAZ y columnista de La Cueva del Lobo desde 2014
La carroza blanca serpenteaba por las calles de Cañitas de Felipe Pescador, en Zacatecas, encabezando una marcha lúgubre. El silencio era roto por los acordes del tamborazo que interpretaba El muchacho alegre, canción dedicada a José Ángel Hernández, ingeniero industrial de 38 años. Uno de los cinco mineros encontrados en un cementerio clandestino ubicado en el predio El Verde, en Concordia, Sinaloa.
Se había marchado tiempo atrás prometiendo a su familia una vida mejor, pero encontró la muerte de la manera más injusta y vil. Hace apenas unos días, su cuerpo fue hallado junto con otros, de los cuales la autoridad se niega a dar cuenta, porque busca callar una realidad que le explota continuamente en la cara: México es una enorme narcofosa.
José Ángel no fue el único zacatecano entre los diez trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp privados de la libertad el pasado 23 de enero por un grupo criminal que opera en aquella región. También ayer fue sepultado el geólogo Ignacio Aurelio Salazar Flores en Sombrerete, su tierra natal. Se los llevaron cuando descansaban en La Clementina, el fraccionamiento y campamento acondicionado para ellos en el municipio de Concordia, dentro del narcoestado que encabeza Rubén Rocha Moya.
Frente al luto, la impotencia nacional y la indignación, la versión inverosímil de Omar García Harfuch, el zar de la seguridad, resulta insultante: “fueron confundidos por la delincuencia, creyeron que eran de un grupo criminal contrario”. ¿Ese nivel de estupidez le atribuyen al pueblo bueno y sabio?
Pero hay otros datos más crudos. Extraoficialmente se sabe que el cobro de piso se saldó con sangre y lágrimas, tras la negativa del consorcio minero de pagar la cuota mensual. El hecho es que no hay optimismo respecto al destino de los otros cinco mineros de los diez privados de la libertad, que siguen sin localizar —¿o identificar?—.
Menciono sus nombres para no reducirlos a una fría cifra: José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Hernández Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Vallez y Miguel Tapia Rayón. Profesionistas en su mayoría, trabajadores, gente de bien. Aquí nadie puede usar el pretexto de que “andaban en malos pasos”, en el intento clásico de suprimir la indignación.
Pero no son las únicas víctimas sin relación criminal que hay que contar. Hay miles. Ellos son solo una muestra de lo que resulta cuando un Estado claudica en su función de garantizar el estado de derecho. Uno donde se acumulan desapariciones —más de 133 mil— mientras se habla con optimismo de reducción de homicidios. Uno donde proliferan los cementerios improvisados, donde la vida humana se reduce a cifras, en una guerra demencial por el control territorial y el poder económico.
Mientras la mujer que vive en Palacio Nacional declara, como lo hizo en una de sus mañaneras, que la mayoría de la gente desaparece por voluntad propia, en México prolifera la siembra de personas. Una siembra en la que lo único que se cosecha es dolor. Sinaloa es emblema de una herida abierta. Cónclave de la desaparición de personas que nada tienen que ver con la pugna entre cárteles. A la absurda desaparición del joven Carlos Emilio en Mazatlán, se suma la desaparición de 4 jóvenes turistas originarios del Estado de México, ocurrido el 3 de febrero.
