Sobre la pluma Claudia Anaya es senadora de la República por el PRI
Desde hace algunos años, el sector campesino se ha convertido en uno de los gremios más activos y organizados del país. No es casualidad. Esta movilización responde, en buena medida, a las decisiones tomadas desde la llegada de la llamada “Cuarta Transformación” al poder, cuyo diseño de política agrícola ha significado el desmantelamiento de buena parte de la estructura de apoyo al campo mexicano.
En menos de un lustro, desaparecieron al menos 17 programas orientados a respaldar a los productores: esquemas que permitían sembrar, cosechar y comercializar; apoyos para tecnificar suelos y métodos de producción; así como instrumentos de financiamiento fundamentales para el sector. Entre ellos destaca la desaparición de la Financiera Rural, que durante décadas funcionó como uno de los principales mecanismos de crédito público para los productores del país.
Lo verdaderamente preocupante no es sólo la desaparición de estos programas, ni siquiera el recorte de casi 15 mil millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Agricultura. Lo más grave es que esas herramientas no fueron sustituidas por políticas públicas más eficaces. En su lugar, la estrategia gubernamental se redujo a un puñado de subsidios directos concentrados en cuatro programas: Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, Fertilizantes para el Bienestar y Precios de Garantía. Ninguno de ellos, hasta ahora, ha demostrado resultados contundentes para fortalecer la productividad ni para garantizar la seguridad alimentaria que tanto se presume desde el centro del país.
Zacatecas es hoy un ejemplo claro de estas consecuencias. En las últimas semanas hemos visto movilizaciones constantes de productores de frijol, quienes enfrentan una actividad que de por sí implica enormes riesgos financieros: basta un mal temporal o una caída en los precios para que toda la inversión de un ciclo agrícola se pierda. Cuando el mercado paga mal, las ganancias son mínimas; apenas alcanzan para sostener la producción, mantener a sus familias y pagar a los trabajadores del campo.
Hoy esos productores están padeciendo en carne propia los efectos de decisiones mal diseñadas desde el gobierno federal, acompañadas por la pasividad del gobierno estatal. La política pública implementada para el frijol no sólo ha sido insuficiente: ha terminado generando más problemas que soluciones.
El llamado precio de garantía para el frijol se fijó en 27 pesos por kilo, pero su aplicación se fragmentó entre el enorme número de pequeños productores del estado. En la práctica, el programa resultó claramente insuficiente para absorber la producción disponible.
Primero los intermediarios -coyotes- adquirieron frijol a algunos productores a precios muy bajos; ese mismo producto fue vendido por los coyotes al gobierno a los 27 pesos establecidos en el programa. El resultado fue predecible: cuando llegó el momento de comprar a los pequeños productores, el dinero simplemente ya no alcanzó.
La situación se agravó aún más cuando el propio gobierno comenzó a vender el frijol almacenado a precios de entre 8 y 10 pesos por kilo. Esta decisión distorsionó completamente el mercado, afectando de manera directa a los productores que no lograron ingresar al programa y que ahora ni siquiera pueden comercializar su cosecha en condiciones mínimamente justas.
El problema no es menor. Estamos frente a un doble daño: por un lado, un perjuicio evidente al erario —comprar caro y vender barato— y, por otro, un golpe directo a los productores que quedaron fuera del esquema oficial y que hoy compiten en un mercado distorsionado por decisiones gubernamentales.
Por eso las movilizaciones de los productores zacatecanos no son un capricho ni una presión política más. Son la reacción legítima de un sector que está viendo amenazada su viabilidad económica y, con ella, el sustento de miles de familias que dependen del campo.
La lógica del actual gobierno parece ser sencilla: cuando detectan una manzana podrida, no se limitan a retirarla; prefieren tirar todo el árbol. El problema es que, después de derribarlo, tampoco siembran uno nuevo.
Y el campo mexicano —especialmente el de estados como Zacatecas— no puede sobrevivir a base de ocurrencias ni de improvisación. Necesita políticas públicas serias, instrumentos de financiamiento, mercados ordenados y, sobre todo, un gobierno que entienda que detrás de cada cosecha hay familias enteras que dependen de que el campo siga produciendo.
