Uno de los tantos mítines políticos durante el gobierno del PRI
Sobre la pluma: Christian del Havre es un politólogo y capacitador certificado en SEP Conocer.
«El éxito de un manipulador depende del grado de ignorancia de sus seguidores.»
— David Yallop, periodista británico
La práctica del acarreo y la organización de mítines masivos en México tienen una larga historia que se remonta a varias décadas, ligadas a dinámicas políticas de cooptación y control social. Para comprender su impacto real, es importante apoyarse en datos y casos concretos que evidencien no solo su persistencia, sino también sus consecuencias económicas y sociales.
Durante la era del Partido Revolucionario Institucional (PRI), particularmente en el siglo XX, el acarreo se consolidó como una herramienta sistemática para asegurar la participación masiva en eventos partidistas y evitar la disidencia. Esa misma lógica se reproduce hoy en el morenato.
En las campañas electorales de la década de 1980 se documentó que el PRI destinaba grandes recursos públicos para movilizar a trabajadores estatales y beneficiarios de programas sociales, quienes asistían a mítines bajo presión o condicionados con su estatus laboral.
Un ejemplo fue el llamado “caracolazo” en 1988, cuando el PRI movilizó masivamente apoyos para la campaña presidencial mientras se denunciaba un fraude electoral. El episodio evidenció el uso del acarreo y la manipulación para simular una victoria contundente.
En años más recientes, el acarreo no desapareció. En la elección de 2018, múltiples reportes de organizaciones civiles y medios documentaron el transporte gratuito o pagado de personas en varios estados para asistir a eventos del candidato Andrés Manuel López Obrador. Aunque oficialmente se trata de prácticas ilegales, su persistencia revela fallas estructurales en la cultura política.
Estudios independientes estiman que un evento masivo con acarreo puede costar desde cientos de miles hasta millones de pesos, dependiendo del tamaño y la logística. Un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que en una sola manifestación en Ciudad de México el gasto en acarreo y logística superó los 5 millones de pesos, con recursos que presuntamente provinieron de fondos públicos municipales.
En 2016, durante elecciones locales, la Secretaría de la Función Pública halló irregularidades en la compra de transporte y alimentos para movilizar a miles de personas, con un costo estimado superior a 10 millones de pesos en varios municipios del país.
Estos recursos, destinados a prácticas clientelistas y no a políticas públicas sustantivas, afectan el desarrollo social, la mejora de infraestructuras y programas esenciales para la población vulnerable.
Históricamente, estos métodos han debilitado la democracia mexicana. Hoy, Morena y su régimen parecen buscar la consolidación de un partido hegemónico y corporativista.
El uso excesivo del acarreo en campañas ha contribuido a la percepción de corrupción y falta de legitimidad que dio origen a la transición democrática del año 2000.
Actualmente, la persistencia de estas prácticas alimenta el desencanto ciudadano y la baja participación electoral, pues muchas personas perciben que su voto o apoyo es manipulado y no reconocido en igualdad.
El acarreo se ha relacionado con casos de coacción laboral y social, donde empleados públicos, agricultores o personas en condiciones de pobreza reciben compensaciones a cambio de mantener estructuras políticas clientelares.
Este contexto provoca un deterioro en el respeto a la dignidad, impide el verdadero ejercicio libre de la voluntad y contribuye a la exclusión social.
Propuestas para superar el acarreo
– Sanciones efectivas y transparencia: México debe avanzar hacia una cultura política donde la participación sea genuina, desincentivando el acarreo mediante sanciones claras y mayor transparencia en el uso de recursos públicos.
– Fortalecimiento institucional: Incrementar las facultades y recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los órganos locales para investigar y sancionar el uso indebido de recursos públicos en la movilización de personas.
– Tipificación del acarreo como delito electoral: Establecer sanciones específicas para el acarreo pagado, considerándolo una forma de compra y coacción del voto, con multas severas e inhabilitación de candidatos o partidos que lo utilicen.
– Transparencia obligatoria en el gasto de campaña: Obligar a partidos y candidatos a justificar todas las partidas relacionadas con movilizaciones masivas, transporte y eventos públicos, con mecanismos de acceso ciudadano y monitoreo independiente.
– Protección a denunciantes: Crear canales seguros para que ciudadanos y funcionarios puedan denunciar estas prácticas sin temor a represalias.
– Educación cívica: Promover programas educativos desde niveles básicos que fomenten la reflexión crítica sobre la democracia, la dignidad humana y el rol activo de la ciudadanía.
– Cultura participativa auténtica: Impulsar espacios comunitarios donde las personas puedan expresar sus demandas de manera libre, fortaleciendo movimientos sociales independientes y organizaciones civiles.
– Campañas contra el clientelismo: Difundir en medios y redes sociales información clara sobre las consecuencias negativas del acarreo, incentivando la denuncia y la valorización del voto libre.
– Participación de iglesias y organizaciones sociales: Involucrar comunidades religiosas y grupos con visión humanista para acompañar procesos de formación en valores democráticos y justicia social.
La combinación de reformas legales con un trabajo social sostenido puede debilitar las estructuras clientelares que sostienen el acarreo y promover una cultura política auténtica. Esto permitiría que los recursos públicos se apliquen realmente en beneficio común y que la voz de la ciudadanía tenga un peso real en la construcción del futuro de México.
Advertencia final: una cosa es un mitin político con acarreo y otra muy distinta una marcha ciudadana de exigencia social.
