La semana pasada México fue protagonista de una ola de violencia en cuatro estados: Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. Estas ciudades parecían ser escenario de películas de acción, con ataques homicidas a la población civil (incluidos niños), vehículos incendiados, bloqueos de avenidas, incendios de negocios que supuestamente fueron originados por una riña en un penal, según fuentes oficiales. Hay quienes han clasificado estas acciones como narcoterrorismo.

Las intenciones de los grupos criminales eran aterrar a la ciudadanía, lo que lograron con un éxito apabullante. Las jornadas de violencia y la forma en que operaron fue clara. Con incendios provocados, vehículos despojados a punta de pistola y amenazas, fueron el factor común en las cuatro ciudades.

El diccionario de Oxford define al terrorismo como una “forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general”. Lo que coincide con los hechos de las semanas mas violentas en la historia reciente del país.

Por años, la violencia en el país había estado asociada mayoritariamente a disputas entre grupos criminales, venganzas contra quienes tocan sus intereses y enfrentamientos con las autoridades. Los ataques a la sociedad civil inocente en Ciudad Juárez sin duda es lo más preocupante, que disloca con el discurso oficial de “se atacan entre ellos”, porque evidencia que la estrategia de seguridad es frágil y  delata el estado de vulnerabilidad en que nos encontramos todas y todos.

Lo anterior, en el contexto donde el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que la Guardia Nacional se integrará definitivamente en la Secretaría de la Defensa Nacional, por un decreto inconstitucional sin pasar por el Congreso -los peligros de militarizar la seguridad pública no son pocos ni menores, pero en otra entrega profundizaré en el tema-.  Dicha propuesta  contradice sus promesas de campaña y las criticas que hizo cuando era oposición.

Pese a que el presidente condenó los hechos y reconoció que la agresión a población civil inocente como una especie de represalia, no los reconoció como actos terroristas de la inseguridad.

Los hechos de la semana pasada muestran un tipo de violencia exacerbada, circunstancial, rápida y que general una gran visibilidad. México es un país donde ocurren 112 homicidios al día en promedio, las capacidades de investigación de las policías locales hace mucho que se vieron superadas. No hay capacidad para enfrentarla violencia y, estamos muy lejos de erradicarla.

AMLO desde el inicio de su mandato ha gobernado con la demagogia, siendo él quien impone la agenda mediática del país; sin embargo, ya no le alcanza para ocultar la violencia e inseguridad que azotan todos los rincones de México. Aceptar que son actos terroristas es aceptar que el Estado ha sido superado por el narco.

Para la ONU el terrorismo es una amenaza transnacional que ningún Gobierno ni organización pueden derrotar por sí solos. Para hacerle frente, se precisa una respuesta multilateral y concertada a nivel mundial, regional y nacional.

Aceptar que en México existen actos terroristas de parte del crimen organizado es abrirle a los Estados Unidos la puerta para que se entrometan en cuestiones de seguridad, en detrimento de la soberanía nacional. Si algo ha dejado claro el presidente es que no habrá cooperación con el vecino del norte en materia de seguridad.