Sobre la pluma: Claudia Anaya Mota es una política zacatecana senadora de la República.
Estoy a favor de la progresividad de los derechos laborales, de que las y los trabajadores tengan más tiempo de descanso y de que se fomente una cultura laboral que equilibre la vida personal con la profesional. Por ello, voté en lo general a favor de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas. Sin embargo, advertí diversos aspectos que no fueron debidamente considerados: la reforma no contempla una implementación diferenciada por sectores; la gradualidad en las horas extra podría terminar por normalizar jornadas extendidas; no se prevé que las horas extra estén exentas del ISR, lo que las convierte en una carga económica tanto para el trabajador como para el empleador; y, finalmente, en ninguna parte de la reforma constitucional aprobada se garantiza explícitamente el derecho a dos días de descanso.
Lo que cambió es el esquema y no significa más descanso, porque la jornada laboral continúa como hasta ahora, con 8 horas, pero se agrega que para el 2030, la jornada laboral será de hasta 40 horas, aumentando las horas extra de uno a 12, dicho de otra manera, bajan las horas de trabajo, pero suben las horas extras, es decir, hay maneras de “jugar” con este esquema.
¿Cuál es el problema aquí? Que las horas extras no son un regalo. Para un trabajador que gana más del salario mínimo, las horas extra están gravadas con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta en un 50%. Al final del mes, el empleado podría estar trabajando el mismo tiempo que antes, pero recibiendo un salario neto menor debido a la carga fiscal de esas horas adicionales.
Otro punto que la narrativa oficial omite deliberadamente es el impacto en las prestaciones anuales. La ley permite que las horas extras que se pagan triple, sean deducibles para el patrón. Al incrementar el uso de estas horas para cubrir los huecos que deja la reducción de la jornada regular, la bolsa destinada al Reparto de Utilidades (PTU) se reduce drásticamente.
Lo que MORENA presenta como un beneficio presente es, en realidad, un recorte a futuro. El trabajador pierde por partida doble: por el impuesto inmediato en su recibo de nómina y por la disminución de su participación en las ganancias de la empresa al final del año..
El riesgo de que las empresas, ante el alto costo de contratar personal nuevo (considerando IMSS, Infonavit y SAR), prefieran «cargarle la mano» al personal actual con turnos extendidos (a riesgo de normalizarlos) y horas extras es altísimo, porque además, esto puede provocar más inflación o bien, incentivar la informalidad laboral o bien, que se cierren algunas fuentes de empleo.necesita, sin duda, una modernización de sus esquemas laborales.
Considero que el mejor camino para una reforma laboral que efectivamente equilibre el trabajo y el descanso, es garantizar dos días de descanso y adaptando la reforma a cada sector productivo, porque hoy, no hay diferenciación por sectores.
La reforma es injusta porque se manda al trabajador a que él mismo llegue a un acuerdo con su empleador para definir su esquema laboral y en su caso, de horas extras, pero sabemos que en la realidad, el mercado laboral no funciona de esta manera. Es el empleador el que pone las condiciones y el aspirante decide (en base a su necesidad) si se adapta o no. Cuando no hay sindicatos, cuando no hay contrato colectivo, cuando no hay otro intermediario o tercero, el trabajor en lo individual, se encuentra en total desventaja porque es una negociación entre desiguales.
Es necesario repensar y replantear una reforma laboral que efectivamente, equilibre la vida personal y el trabajo, que brinde incentivos fiscales, de manera especial a las pequeñas y medianas empresas, pero también a las industrias que resguarden la mano de obra en los procesos productivos ante el avance de la aplicación de la tecnología y de la inteligencia artificial que sin duda, avanza día a día.
