Sobre la pluma: Alejandro Bonet Ordóñez es coordinador de El camino de México, plataforma política de Marcelo Ebrard en Zacatecas
La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una reforma electoral que promete transformar el sistema mexicano hacia uno más eficiente, transparente y cercano al ciudadano. En sus conferencias matutinas y declaraciones recientes, ha insistido en que la iniciativa, que se enviará al Congreso en febrero de 2026, no busca debilitar la democracia, sino fortalecerla.
Los beneficios que destaca son claros y atractivos: reducción significativa de costos en elecciones y campañas, regulación de la inteligencia artificial para evitar manipulaciones, mayor participación ciudadana y un mecanismo renovado para la representación proporcional que evite el control de las cúpulas partidistas.
Uno de los pilares es el ahorro público. México gasta miles de millones en procesos electorales y financiamiento a partidos. Sheinbaum propone recortar prerrogativas y gastos operativos del INE sin tocar su autonomía, lo que liberaría recursos para programas sociales, infraestructura o educación. En un país donde cada peso cuenta, esto suena lógico: menos dinero en campañas espectaculares, más en el bolsillo de la gente.
Además, regular el uso de IA en propaganda –con sanciones por deepfakes o desinformación– moderniza las reglas del juego en una era digital donde las fake news pueden decidir elecciones.
Otro beneficio clave es fortalecer la democracia participativa. La reforma busca que las listas de representación proporcional (plurinominales) no sean decididas por líderes partidistas, sino vinculadas a territorios o incluso a mecanismos como “primeros perdedores” con votos reales. Esto, según la presidenta, garantiza la representación de minorías sin depender de dedazos, y promueve que los legisladores rindan cuentas directas a votantes, no a dirigentes.
Sheinbaum ha repetido que la propuesta surge de foros ciudadanos, encuestas y consultas, lo que le da legitimidad popular y aleja fantasmas de autoritarismo. Incluso toca temas como la posible eliminación del fuero para legisladores, lo que aumentaría la rendición de cuentas y combatiría la impunidad.
En conjunto, pinta un sistema más barato, más transparente y más democrático, donde el voto pese más y el dinero influya menos.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, especialmente para los partidos pequeños. Aquí radica una de las críticas más fuertes: la reducción de financiamiento público y la posible modificación o recorte en el número de plurinominales podría golpear duramente a las fuerzas minoritarias. Hoy, los pluris son la vía principal para que partidos como MC, PRD o incluso el Verde y PT accedan al Congreso sin ganar distritos de mayoría.
Si se limita el dinero público –que es la mayor fuente de ingresos para muchos–, estos partidos enfrentarían desventajas enormes frente a gigantes como Morena, que tiene estructura territorial y apoyo masivo. Expertos y opositores advierten que, sin un financiamiento equitativo, los pequeños quedarían en la lona: menos recursos para campañas, organización o difusión de ideas.
Podría concentrar el poder en uno o dos partidos grandes, reduciendo el pluralismo que tanto costó construir en México tras décadas de hegemonía priista. Aunque Sheinbaum asegura que se garantizará la representación de minorías –quizá con fórmulas como senadores para “primeros perdedores”–, el diablo está en los detalles.
Si las nuevas reglas favorecen a quien ya tiene votos mayoritarios, los chicos podrían desaparecer del mapa legislativo. Además, recortar presupuestos al INE podría afectar su capacidad operativa: menos módulos de credencialización, menos capacitación o vigilancia electoral en zonas remotas.
Y aunque la IA se regule, ¿quién vigila al vigilante en un contexto de polarización?
La reforma de Sheinbaum tiene potencial para sanear un sistema caro y a veces opaco, alineándolo con las demandas ciudadanas de austeridad y participación. Los beneficios en ahorros y modernización son innegables y podrían revitalizar la confianza en las urnas.
Pero el riesgo para los partidos pequeños es real: podría llevar a un Congreso menos diverso, donde voces disidentes se acallen por falta de recursos. El equilibrio será clave. México necesita una democracia fuerte, no un monopartidismo disfrazado. Esperemos que el debate en el Congreso priorice el interés nacional sobre el partidista. La presidenta tiene la oportunidad de legacy: una reforma que una, no que divida.
