Sobre la pluma: Christian del Havre es un politólogo y capacitador certificado en SEP Conocer.
“Ten cuidado en quién confías; recuerda que el diablo fue ángel, y Judas, antes de ser traidor, fue discípulo”. — Refrán popular.
Lo que antes se llamaba “casos aislados” de infiltración criminal en Morena hoy se reconoce como una estructura de cohabitación territorial. Una red que ha redefinido el ejercicio del poder en México.
Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo y análisis independientes revelan una paradoja: mientras el discurso gubernamental presume una reducción marginal en homicidios dolosos, la extorsión y el control de mercados lícitos por parte de cárteles en estados gobernados por Morena alcanzan máximos históricos. El lector lo sabe: esta es la realidad que se vive en las calles.
Ejemplos sobran. En Sinaloa y Sonora, la guerra interna del Cártel de Sinaloa dejó más de 2,000 asesinatos en un solo año. Las autoridades —federales, estatales y municipales— muestran incapacidad y, en muchos casos, terminan atrapadas en las redes del crimen por amenaza o compra. En Michoacán, la violencia criminal creció hasta un 40% en momentos clave de consolidación política. Y Chiapas, convertido en 2025 y 2026 en un nuevo frente de guerra, exhibe el desplazamiento forzado de comunidades enteras: una claudicación del Estado frente al poder paramilitar-criminal.
La “narco-política” ya no es rumor. Expedientes judiciales y señalamientos de agencias internacionales han alcanzado a figuras clave. En Sinaloa, Rubén Rocha Moya carga con cuestionamientos sobre su presunta mediación con las cúpulas del Cártel. En Guerrero, Evelyn Salgado enfrenta la crisis de gobernabilidad en Chilpancingo y Acapulco, donde alcaldes han sido asesinados o exhibidos junto a líderes de “Los Ardillos”. En Tamaulipas, el caso Sergio Carmona muestra cómo el dinero del huachicol no solo compra protección: compra candidaturas.
El 2026 es decisivo. Tres factores marcan el rumbo:
1. La captura de la justicia. La Reforma Judicial abre la puerta a que el crimen organizado influya en la elección de jueces y magistrados. El riesgo es claro: impunidad constitucional.
2. La presión diplomática y el T-MEC. La relación con Estados Unidos está en tensión máxima. Filtraciones de la DEA y el FBI sobre un “narco-partido” se usan como moneda de cambio en revisiones comerciales. La amenaza de intervención militar terrestre ya no es mera especulación.
3. La crisis de identidad de Morena. La “paz” negociada con grupos criminales se rompe con cada relevo de poder. Los estallidos de violencia superan la capacidad de contención de la Guardia Nacional.
La mayor amenaza para Morena no son las urnas, sino los territorios cedidos a quienes responden al mercado de la muerte. La “Paz Mafiosa” es, por definición, inestable. México paga hoy el precio de haber confundido prudencia con complicidad.
La presión del vecino del norte sobre la inseguridad y la sospecha de un régimen asociado al crimen están reconfigurando los espacios de poder dentro del movimiento. El resultado es incertidumbre. Y quizá, la última oportunidad antes de la imposición de la llamada “ley Maduro”.
