La penalización de la interrupción del embarazo no frena los abortos, afecta más a las mujeres pobres que son invisibles para las políticas públicas de control de natalidad y salud reproductiva, además que no tienen recursos para acceder al uso de mifepristona y misoprostrol. México es uno de los países donde existe una mayor desigualdad económica, las personas en condiciones de pobreza son 55.7 millones, y en extrema 10.9 millones, más de la mitad son mujeres.

Por ejemplo, los programas de salud reproductiva llegan menos a las mujeres indígenas, por ello es que las tasas de embarazo no deseado y embarazo adolescente son más altas en esta población. Ellas enfrentan mayores riesgos de sufrir complicaciones relacionadas con el aborto y la muerte que el resto de las mexicanas.

En México y en el resto de Latinoamérica las mujeres continúan enfrentando obstáculos para lograr el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, siendo criminalizadas por la práctica del aborto. Afortunadamente, el año pasado la legalización del aborto marcó un cambio, no solo en la práctica, sino también en considerar a las mujeres como personas con capacidad y poder de decisión.

Pese a que no existe una cifra exacta, las cifras oficiales estiman que en México se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos al año, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente se practican un millón y medio de abortos. La realidad es que miles de mujeres se someten a abortos clandestinos, solas y en condiciones insalubres. No debe importar el porqué de su decisión ya que son tan distintas como distintas somos las mujeres, desde que los embarazos son producto de violencia sexual hasta porque no se tienen las condiciones económicas y emocionales para criar a un hijo o hija.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de forma absoluta, por primera vez se garantiza el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

La Legislatura local tiene la oportunidad de lograr un cambio histórico. El día de ayer se entregó la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Penal para el Estado de Zacatecas, con el objetivo de reconocer el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo. Las y los diputados opositores no pueden presentar una causa de inconstitucionalidad sobre la ley, por el contrario,deben trabajar por la armonización legislativa en esta materia.

La despenalización del aborto es que pase de ser un delito a ser un derecho. La iniciativa contempla el reconocimiento del proceso biológico de las personas gestantes, incluyendo todas las realidades, es decir, de las personas de sexo no binario. Sí, el aborto es un derecho, entonces, es una responsabilidad del Estado, por tanto, debe de garantizar que sea seguro y gratuito. Se trata de respetar la autonomía de las mujeres y niñas, de reconocerlas como titulares de derechos.

“Educación sexual para prevenir, anticonceptivos para disfrutar, aborto legal, libre, seguro y gratuito para no morir”