“Con este gobierno, Zacatecas es un infierno”, “David, David, es peor que el COVID”, “No estás sola”, “Justicia, justicia, justicia”, “Ni uno más, ni uno más, ni un asesinado más”, “Señor, señora no sea indiferente se mata a las personas en la cara de la gente”

Consignas ciudadanas durante la marcha Contra la violencia y a favor de la paz.

Los niveles de violencia, inseguridad e impunidad que se han alcanzado en los últimos meses en Zacatecas son históricos, a raíz de la guerra entre dos cárteles de la droga y la inacción del gobierno estatal. A diario noticieros y periódicos dan cuenta de ello, homicidios dolosos, enfrentamientos, desplazados y cuerpos sin vida abandonados en la vía pública. Las y los zacatecanos nos sentimos vulnerables, en un estado de indefensión.

El sábado pasado la sociedad civil, convocada por el movimiento feminista, alzó la voz y marchó contra la violencia y a favor de la paz. La movilización a causa de la indignación, miedo y rabia que causo el descubrimiento del cuerpo de Valeria, quien fue secuestrada junto con Alexia, Natalio, Irving y Luis, el 12 de febrero, jóvenes universitarios originarios del municipio de Nieves, quienes fueron  privados de su libertad, asesinados y sus cuerpos abandonados al día siguiente. 

Paradójicamente, antes de realizarse la marcha, fue localizado el cadáver de una mujer joven, desnuda, no identificada, a un costado de la autopista  a Aguascalientes -otro feminicidio-, a pocos kilómetros de la ciudad. Cabe destacar que la Fiscalía no dio detalles de la otra persona encontrada sin vida junto a Valeria. 

Ambos grupos delictivos se han culpado de ser los responsables del homicidio de los jóvenes, en un video que circulo el fin de semana uno de los carteles responsabilizó a su rival, además pidió que la gente no saliera durante el fin de semana ni circulara por las carreteras de la entidad.

El hartazgo y el enojo son generalizados porque desde hace meses los colgados en los puentes, el reguero de cadáveres, la desaparición diaria de personas, el desplazamiento forzado de poblaciones enteras, al silencio de las autoridades estatales ha sido la norma. Lo anterior, aunado al pago de unas placas que no se sabe si serán entregadas, aumento impuestos (subir las multas, por ejemplo), una legislatura que pisotea las leyes para pagar cuotas políticas y poner a Virgilio Rivera como magistrado, despidos injustificados de burócratas, los escandalosos salarios de la nueva gobernanza y la indolencia del propio gobernador han sido el caldo de cultivo del encono ciudadano.

Juvenicidio: asesinato sistemático de población joven

Estos homicidios dolosos pueden clasificarse como juvenicidio, al igual que los asesinatos de decenas de jóvenes que ocurren a diario en todo el territorio mexicano.  El término juvenicidio no existe en la Real Academia Española, tampoco es una tipificación delictiva, es un vocablo formulado para designar el fenómeno del homicidio sistemático de jóvenes en México, víctimas menores de 30 años. Sin embargo, es parte de la cotidianeidad, una realidad lacerante en nuestro país.

El profesor e investigador en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, José Manuel Valenzuela Arce, dice que el juvenicidio inicia con la precarización, por consiguiente la vulnerabilidad social y económica, así como el aumento de indefensión ciudadana y disminución de opciones disponibles.

Los niños, niñas y adolescentes son a quienes más afecta la desigualdad social, la falta de oportunidades, la pobreza y la agudización de la violencia, en el marco de un modelo económico neoliberal. Además, la omisión del Estado al no haber programas ni políticas públicas enfocadas en este sector de la población, ni políticas transversales para regresar la paz a la ciudadanía. 

La prevención del delito se ha quedado en hacer canchas en las zonas conflictivas cuando lo que requieres niños, niñas y adolescentes es tener un esquema integral de libre desarrollo, acceso a salud, educación y sistema de justicia fortalecido. Sin embargo, vemos que crece la impunidad y la corrupción.

Sabemos del reclutamiento forzoso, pero cuando la pobreza, la omisión y la discriminación obligan a los y las jóvenes a unirse a las filas del crimen organizado, no podemos juzgarlos si no tienen comida en la mesa, si tienen que abandonar la escuela para trabajar con salarios que nunca ajustan. 

Si en las primarias y secundarias se encuentran inundadas de drogas, si vienen de familias disfuncionales, si en sus hogares son víctimas de malos tratos y abusos. Cuando no existen instituciones eficaces que velen por su integridad tanto física como emocional, estamos hablando de que tenemos una deuda social con las infancias.