México ha vivido en los últimos años niveles de violencia impensables, no vistos desde la revolución. Desgraciadamente el actual gobierno, al igual que los anteriores, no ha acertado en una política de seguridad efectiva. Nadie conoce cuál es la estrategia ni las metas. Tampoco se perciben acciones  que hablen de que se aplica una política pública integral como se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024.  No bastan los programas de transferencias económicas y  ni  la actuación directa de la Guardia Nacional (GN) ya que,  por ejemplo, hay  abandono total de políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes, quienes son las principales víctimas de reclutamiento forzado, trata de blancas, homicidio doloso y desaparición forzada.

AMLO solicitó que la GN se subordine a la  Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), yendo en contra del discurso que usó como candidato de regresar a las fuerzas castrenses a los cuarteles. Él mismo afirmaba entonces que más armas en las calles solo incrementarían la violencia.  

La militarización de la seguridad pública abre un debate complejo.  Amnistía Internacional recordó hace poco al presidente, que México es más peligroso ahora que antes de que los militares salieran a las calles. Además, que el ejército (no importa la región del mundo) es el organismo gubernamental que se distingue por la violación sistemática de los derechos humanos, en sus métodos de ejecución. 

Las fuerzas armadas sólo pueden ser parte de la seguridad pública de manera extraordinaria, subordinada y complementaria a una corporación civil, no militar.  

La intención presidencial de integrar la GN a la Sedena,  entraña riesgos tales que nos llevan a preguntarnos si es la mejor solución. La GN tiene como ventajas el número de elementos, disciplina castrense, verticalidad de mando. Está legalmente constituida para privilegiar el respeto a los derechos humanos. Recurrir a las fuerzas armadas para atender el problema de la inseguridad, y hacerlo de manera legal y con una normatividad clara, puede ser entendido de dos maneras: una, revestir de “civilidad” a los militares; la otra sería en sentido inverso, militarizar a las fuerzas civiles. Esta última es la que ha escogido al presidente, y los riesgos están a la vista,sin hablar del riesgo del protagonismo político de generales con tanto poder.

El Ejército es una de las instituciones mejor evaluadas por la sociedad. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, sus niveles de aprobación son los más altos entre aquellas instituciones dedicadas a la seguridad pública, seguridad nacional y procuración de justicia. En promedio 9 de cada 10 mexicanos afirman confiar en el Ejército, cosa que no sucede con las policías locales, no obstante,  existe el riesgo de que esto se revierta por el desgaste de su actuación.

Es un hecho que se requiere dar otro papel a las fuerzas armadas ante el desafío que presupone el crimen organizado. Entiendo que los generales ejerzan presión sobre la situación en la que se encuentran, al obligarlos a realizar durante lustros tareas de seguridad sin un marco jurídico que los respalde. 

Por otra parte el crimen organizado se ha colado en los negocios lícitos y en la política, el problema ya no es el trasiego de drogas y el problema de salud pública que conlleva, el problema es cómo afecta a la población honesta y trabajadora que es víctima de desaparición, homicidio, feminicidio, reclutamiento forzado, trata de blancas y cobro de piso.

Las implicaciones económicas que tiene la victimización de la población productiva,  son evidentes.  Las Pymes son las que sostienen el empleo en este país, pero es imposible que prosperen bajo esquemas de cobro de piso, violencia e inseguridad.

Cuando hablamos de inseguridad,  hablamos de un problema que no es monocausal y que varía de una región a otra.  Que el Estado sea exclusivamente el que se haga cargo a través de la fuerza,  no encarna una solución.  Sin la participación de la población civil es imposible tener un diagnóstico certero que pueda llevar a buen puerto la estrategia de seguridad.  No es un secreto que tanto Estado como sociedad estamos rebasados.  Tal vez el presidente tenga razón al pensar de esa manera, pero por todo lo que está en juego debería conducir al diseño de planes conjuntos, entre todas y todos y no solo desde una perspectiva individual y caprichosa.  Lo cierto es que este país no podrá soportar otro sexenio de una política de seguridad fallida