Desaparición Forzada: víctimas entre el narco y la impunidad

La desaparición en México es un flagelo que persiste y crece cada año. Hasta noviembre de 2021, según las cifras oficiales, 95 mil personas fueron reportadas como desaparecidas. Si contamos las cifras negras, el número crece de forma exponencial, ya que el 93 % de los delitos no son denunciados. Por ello es imposible conocer la verdadera magnitud de este problema que solo parece agudizarse.

Miles de familias mexicanas sufren el trauma y dolor profundo de no encontrar  a sus seres queridos, el Estado no ha tenido la capacidad de resolver y prevenir esta problemática. Cada día vemos en los medios de comunicación y nuestras redes sociales fichas de búsqueda, hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes desaparecen todos los días.

Nuestro país está suscrito a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por ello, contamos con la Ley General en Materia de Desaparición de Personas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Lo anterior, nos habla de que todos los esfuerzos del Estado mexicano se ha enfocado en la búsqueda e identificación –que sin duda debe seguir siendo un prioridad-; sin embargo, nos queda aún mucho por hacer en materia de prevención y la adecuada implementación de la Ley.

En Zacatecas la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reconoce que existe un incremento en este problema, sobre todo en mujeres (300%) y menores de edad (80%) en 2021, mientras que la desaparición de hombres creció 134 por ciento. El componente de género llama la atención en las víctimas menores de edad ya que son más las mujeres desaparecidas.

Un porcentaje alto de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos  tenía entre 14 y l6 años, en el caso de las mujeres y, entre 16 y 17 años, en el de los hombres. Solo se localizaron 33%, es decir de las 288 personas desaparecidas solo fueron encontradas  94; los municipios con más casos son Guadalupe, Fresnillo y la capital.

El aumento de mujeres, niñas, niños y adolescentes desaparecidos tiene que ver con la diversificación de las modalidades de la delincuencia organizada y tiene componente de género. Los fines con los desaparecen son para  tráfico de órganos, el comercio sexual y, en el caso de las mujeres, son obligadas a gestar bebés para venderlos en el mercado negro.

Desgraciadamente, la actuación efectiva del Estado se ve lejos, para empezar la actual Legislatura Local recortó enormemente el presupuesto a la Fiscalía, al Tribunal de Justicia y a la Comisión de Atención a Víctimas, cuando al ver la tendencia de incremento de  la violencia y otros hechos delictivos  debería crecer el presupuesto a estas instituciones. Tan grave es el asunto, que la Fiscalía no cuenta con personal que haga retratos hablados y tuvo que despedir a personas cuya experiencia es fundamental al momento de la investigación de ilícitos.

No son aprovechados los conocimientos de las familias, colectivos, organizaciones civiles e incluso del personal de las instituciones para nutrir el diseño de políticas públicas en materia de prevención del delito. Mientras no existan oportunidades para las personas, las filas del crimen organizado seguirán engrosándose.

Además, mientras la clase política sea la misma y solo cambie de partido en cada elección,no será capaz de generar un proyecto integral de desarrollo que abra nuevas oportunidades y consolide el  Estado de Derecho. Por el contario, no generan proyectos estratégicos ni buscan impulsar las ventajas comparativas con las que cuenta nuestra entidad, solo se han dedicado a administrar -cuyo destino en la mayoría de los casos son los propios bolsillos- el dinero federal.

El problema de las desapariciones necesita reflexiones y acciones que lo ataquen de raíz. De no hacerlo, la condena será la acumulación de casos y que se reduzca la capacidad de atención y resolución.  Garantizar el derecho de las familias y de la sociedad de conocer dónde se encuentran y qué les pasó a las personas desaparecidas no solo es un medio importante de reparación del daño, sino también una imperiosa necesidad para encontrar formas de prevención.