Antonio Valentín Argüelles es un abogado especialista en Sistema Acusarorio Adversarial y ex candidato a magistrado de Circuito.
La manipulación social por parte de grupos políticos dentro de sistemas que se autodenominan democráticos no es, en absoluto, un fenómeno nuevo. Existe desde la antigüedad y sigue tan vigente como en nuestro querido Zacatecas.
En este sentido, estimado lector, el libro La columna de hierro, que narra la vida del romano Marco Tulio Cicerón —defensor de la república—, muestra con claridad cómo el gobernante Julio César manipulaba a la población más necesitada mediante la entrega de pan gratuito y el acceso libre al Coliseo para presenciar los juegos de gladiadores. De ahí surge la célebre frase “pan y circo”, tan utilizada por regímenes, tanto federales como estatales, para distraer a la ciudadanía y manipular voluntades.
Utilizar las carencias y necesidades de una sociedad para presentarse como salvadores que erradicarán la pobreza no es más que una estrategia de manipulación. No afirmo que esta práctica sea exclusiva de una ideología; tanto la izquierda como la derecha en México han recurrido a ella. Sin embargo, lo que resulta éticamente cuestionable es que, en la actualidad, la izquierda mexicana utilice como bandera política su supuesta preocupación por los pobres, apropiándose de los apoyos sociales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se financian con los impuestos de todos —no con el dinero de los políticos.
El régimen actual insiste en que los apoyos sociales existen gracias a su gestión, cuando en realidad son el resultado de décadas de lucha social por la igualdad. Estos derechos están consagrados en diversos artículos constitucionales —como el 4º, 27 y 123— y respaldados por leyes reglamentarias como la Ley General de Desarrollo Social. Salud, vivienda digna, alimentación, educación y apoyo a grupos vulnerables no son concesiones del gobierno en turno, sino derechos ganados por la ciudadanía.
No obstante, en la práctica cotidiana, observamos cómo los gobiernos federal y estatal utilizan a servidores públicos —que en realidad fungen como operadores políticos pagados con nuestros impuestos— para recopilar listas de nombres, domicilios y credenciales de elector. Estos operadores recorren colonias, calles y negocios, ejerciendo presión para que se vote por ciertos candidatos, premiando a los “obedientes” y marginando a quienes disienten.
Permítame ser coloquial en esta parte, estimado lector: muchos ciudadanos son amenazados con “el petate del muerto”, es decir, se les dice que si no votan por los candidatos oficiales, perderán los apoyos sociales. Esto es completamente falso. Los apoyos están garantizados por la Constitución y sus leyes reglamentarias, pues protegen derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos —e incluso de quienes no lo son pero residen en territorio mexicano—, sin importar quién gane las elecciones o de qué partido provenga.
Colofón
Antes que simpatizantes de un partido o seguidores de un personaje, somos mexicanos. Nuestros derechos están protegidos por la Constitución, y ningún grupo político es dueño de los apoyos sociales. Quienes están en el poder solo los administran —y, lamentablemente, los usan como herramienta de control—, pero están obligados a otorgarlos a quienes los necesitan.
Debemos rechazar a los políticos que, de forma burda y oportunista, se toman la foto “regalando” cobijas, despensas, mochilas, uniformes escolares o fertilizantes, cuando en realidad lo hacen con recursos públicos, no con dinero de su bolsillo. Exijamos que si quieren hacer propaganda, lo hagan con su propio dinero, no con los apoyos constitucionales que nos pertenecen a todos.
