Sobre la pluma: Alejandro Bonet Ordóñez es coordinador de El camino de México, plataforma política de Marcelo Ebrard en Zacatecas
La democracia mexicana ha construido, a lo largo de décadas, un andamiaje institucional que, con todos sus defectos y tensiones, ha permitido la alternancia, la competencia real y la certeza en los resultados electorales. En el centro de ese andamiaje se encuentra el Instituto Nacional Electoral. Su autonomía, su profesionalismo y, sobre todo, su credibilidad son bienes públicos de primer orden. Cuando esa credibilidad se pone en duda, el daño no es solo a una persona o a un grupo: es al sistema completo.
La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Consejo General del INE, formalizada el 26 de octubre, ocurre en medio de un cúmulo de señalamientos graves sobre posibles conflictos de interés, contratos millonarios con un reducido grupo de proveedores de material electoral y vínculos personales que, de confirmarse, resultarían incompatibles con la imparcialidad que el cargo exige. La Auditoría Superior de la Federación abrió investigación de oficio. La Unidad de Inteligencia Financiera ha actuado. El propio Instituto y diversas instancias han presentado denuncias. Hay videos, documentos y testimonios que obligan a una revisión exhaustiva.
Este no es un asunto menor ni un episodio mediático más. Se trata de la posible captura de procesos de contratación en el órgano encargado de organizar las elecciones. Se trata de la posible existencia de redes de privilegio al interior de una institución que debe ser ejemplo de austeridad republicana y transparencia. Y se trata, sobre todo, de la confianza ciudadana en que las reglas del juego electoral no están viciadas desde su administración.
La respuesta correcta no es el silencio, la defensa automática ni el linchamiento. La respuesta correcta es el peso de la ley. Que las investigaciones avancen con rigor, con independencia y sin concesiones. Que se determine con claridad quiénes, cómo y en qué medida se beneficiaron de esquemas irregulares. Que se apliquen las sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan. Que nadie quede por encima de la rendición de cuentas, ni por el cargo que ocupó ni por las afinidades que se le atribuyan.
Es importante subrayarlo: la autonomía del INE no significa impunidad. Autonomía significa independencia del poder político para organizar elecciones libres y confiables; no significa zona libre de fiscalización. El Instituto maneja recursos públicos, contrata servicios con dinero del pueblo y toma decisiones que afectan la legitimidad de los procesos democráticos. Por tanto, está sujeto a los mismos controles que cualquier otra institución del Estado. La ASF, la UIF, el Órgano Interno de Control y el Ministerio Público tienen el deber de actuar, y la sociedad tiene el derecho de exigir resultados.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en este punto: no puede haber sombras de corrupción en el INE. Ha respaldado la necesidad de auditorías profundas y ha señalado que la separación del cargo fue una decisión adecuada para proteger a la institución. Ese es el camino correcto. No se trata de perseguir a nadie por razones políticas ni de fabricar culpables. Se trata de no permitir que la sospecha se convierta en norma y de demostrar, con hechos, que en este gobierno la ley se aplica sin distinciones.
Hay quienes pretenden convertir este episodio en un ataque a la transformación o en una narrativa de “persecución”. Se equivocan. La Cuarta Transformación se construyó, entre otras cosas, sobre el rechazo a la corrupción estructural y a los privilegios de unos cuantos. Defender a una institución autónoma no es defender a las personas que, en un momento dado, la encabezaron. Al contrario: proteger al INE exige limpiar cualquier práctica que lo debilite. La mejor forma de respaldar al árbitro electoral es exigir que sea intachable.
El proceso electoral 2026-2027 ya está en marcha. México necesita un INE fuerte, profesional y, sobre todo, creíble. La ciudadanía tiene derecho a saber que las boletas, los materiales y los procesos de contratación no están atravesados por intereses particulares. Tiene derecho a que cualquier irregularidad se investigue a fondo y se sancione. Y tiene derecho a que las instituciones, lejos de protegerse entre sí, se sometan al escrutinio público.
Este momento es una prueba. Prueba de que la autonomía no es sinónimo de opacidad. Prueba de que la rendición de cuentas no se detiene en las puertas de los organismos constitucionales autónomos. Prueba, finalmente, de que la democracia mexicana ha madurado lo suficiente como para exigir estándares altos a quienes administran sus procesos electorales.
Que las investigaciones continúen sin pausa ni privilegios. Que se establezcan responsabilidades con base en evidencia. Que se restablezca, con hechos y no con discursos, la confianza en el Instituto Nacional Electoral. Porque la credibilidad de las instituciones no se hereda: se construye todos los días. Y hoy, esa construcción pasa por aplicar, sin titubeos, el peso de la ley.