Imagen virtual de cómo sería el Segundo Piso sobre el bulevar de Zacatecas, Zsc.
Sobre la pluma: Claudia Anaya es senadora de la República por el PRI
El segundo piso del bulevar jamás se levantó. Sin embargo, los más de 1,500 millones de pesos reunidos para financiarlo sí tuvieron movimiento, y las notas a los estados financieros del Poder Ejecutivo permiten reconstruir esa ruta trimestre a trimestre.
Lo que revelan los documentos oficiales es que estos recursos públicos se han transferido de un fideicomiso a otro sin justificación alguna. Más grave aún: para septiembre ya se habían ejercido más de 808 millones de pesos, tal como señaló Heraclio Castillo en su columna La Chirimba del pasado martes 3 de noviembre.
Los antecedentes
En junio de 2023 se creó por decreto el Fideicomiso No. 4733 para la ejecución del «Viaducto Elevado Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec». La bolsa se nutría del Fondo de Inversión Pública Productiva y de subejercicios presupuestales —dinero originalmente aprobado para otros fines que no se ejerció—. En el proceso, la propia Secretaría de Obras Públicas admitió pagos por más de 540 millones de pesos a Grupo Hycsa.
En mayo de 2025, tras una serie de juicios de amparo, el Gobierno del Estado anunció la rescisión anticipada del contrato. Prometió que el dinero se reasignaría a nuevos proyectos que el Ejecutivo detallaría a la brevedad. Esos detalles nunca llegaron; los movimientos financieros, en cambio, iniciaron de inmediato.
Primer trimestre: el brinco
En las notas financieras al 31 de marzo de 2026 emergió un instrumento que al 1 de enero marcaba saldo en cero: el Fideicomiso No. BM/5139 para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública Productiva.
Tres meses después, esta nueva figura reportaba 1,572.5 millones de pesos. En ese mismo periodo, el saldo del fideicomiso original del viaducto cayó de 1,631 millones a tan solo 85 millones. El recurso no regresó a la Tesorería ni se sometió a reasignación dentro del Presupuesto de Egresos: simplemente saltó a un nuevo vehículo financiero.
El cambio de fondo es crucial. Mientras que el fideicomiso del viaducto tenía un objetivo único y acotado a una obra específica, el nuevo instrumento cuenta con un margen de acción discrecional: la «planeación, diseño, construcción, ejecución, supervisión externa y puesta en operación de proyectos de inversión pública productiva».
Bajo ese concepto cabe cualquier proyecto. En la práctica opera como un cheque en blanco y, al tratarse de un fideicomiso sin estructura orgánica, la información pública se limita a reflejar saldos, omitiendo el destino real de los pagos, los contratos signados y los proveedores beneficiados.
La ruta legal se trazó meses antes.
El 17 de septiembre de 2025, cuatro meses después de suspender la obra, el Ejecutivo publicó en el Periódico Oficial un decreto que modificó las reglas del fideicomiso del viaducto. Desde esa fecha, los fondos podían reorientarse a «aquellos Proyectos de Inversión Pública Productiva que determine el Titular del Ejecutivo del Estado».
Ese decreto facultó al Ejecutivo para celebrar contratos de adquisición de bienes y retirar el patrimonio «excedente» no comprometido. El dinero no pasó por la fiscalización ni aprobación de la Legislatura; se concentró la decisión en una sola persona. Con esa base normativa, el capital se trasladó al nuevo fideicomiso durante el primer trimestre de 2026.
Segundo y tercer trimestre: el vaciado
Al 30 de junio, el nuevo fideicomiso reportó un saldo de 1,421.5 millones de pesos (una erogación inicial de 151 millones). Para el 30 de septiembre, la cifra descendió a 763.6 millones de pesos: en un lapso de tres meses salieron 657.9 millones más.
En suma, entre abril y septiembre se dispuso de 808.8 millones de pesos, equivalentes al 51% del capital transferido a ese vehículo. El remanente representa el 55% del total que el Ejecutivo mantiene en fideicomisos sin estructura (1,378.8 millones). Por su parte, el fideicomiso original del viaducto conserva 87.6 millones de pesos.
Las preguntas pendientes
La información oficial exige respuestas precisas sobre el destino de los fondos:
¿A qué proyectos, contratos y proveedores se asignaron los 808.8 millones de pesos erogados del nuevo fideicomiso entre abril y septiembre?
¿Cuál fue el monto total pagado a Grupo Hycsa, incluyendo el finiquito por la terminación anticipada del contrato?
¿Por qué estas obras no se integraron ni deliberaron en el Presupuesto de Egresos dentro del Poder Legislativo?
Un fideicomiso no debe operar como una caja discrecional. Se trata de recursos públicos que, al provenir de subejercicios, ya habían sido restados previamente de otras prioridades presupuestales. Si la aplicación actual responde a obras legítimas, transparente el desglose. Mientras esa información permanezca reservada, los propios estados financieros confirman una realidad: el segundo piso no se construyó, pero su presupuesto se disolvió de la vista pública, tramo a tramo.